A todos sorprendió el golpe artero que el gobierno de Calderón propinó a los trabajadores al tomar con lujo de fuerza las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) el 10 de octubre, cuando, protegidos bajo la oscuridad de la noche, miembros de la Policía Federal se apoderaron de sus edificios. Al día siguiente se informó del decreto de extinción de la compañía eléctrica que emitió el presidente Calderón, así como del proceso de liquidación de sus asalariados.
Para justificar esta acción, el gobierno habla del desfalco que significaban los salarios, prestaciones y demás beneficios que tenían los trabajadores y sus líderes sindicales. Según Calderón, “casi todas las decisiones tenían que tomarse pidiéndole permiso a la representación sindical, lo cual hacía que esas decisiones, más que obedecer (…) a las necesidades y problemas de los ciudadanos, obedecieran en muchas ocasiones a las preocupaciones e intereses del sindicato”.
Conforme a este inadmisible criterio, los administradores y principales directivos de la compañía –quienes manejan el presupuesto– no tienen al respecto la más mínima responsabilidad, y fue así como se justificó la violación de los derechos de los trabajadores y los atropellos a la dignidad humana, haciendo a un lado las conquistas sociales y la propia Constitución, como lo han evidenciado los juristas.
El hecho es que, en medio del desempleo más grande que ha tenido México a lo largo de su historia, de un solo golpe se ha cerrado la fuente de trabajo de 44 mil asalariados, con lo que, si se calcula un promedio de cuatro miembros por familia, alrededor de 180 mil personas han quedado a la deriva.
Ahora se sabe que los desfalcos a la compañía LFC y su impacto en las finanzas públicas se deben a las cuentas pendientes de cobrar y a los precios preferenciales y prebendas que los directivos de la paraestatal han dado a numerosas empresas. También, que con la falta de renovación de los equipos y de proyectos de ampliación –dando a la red eléctrica sólo mantenimiento correctivo– se buscaba justamente que las instalaciones y equipos se deterioraran hasta ser obsoletos e inoperantes, con el fin de justificar la extinción de la compañía.
Mientras un informe de la Secretaría de Energía (Sener) contradice lo que pregona la Presidencia de la República como razones para desaparecer la compañía LFC, en los medios televisivos se ha desplegado una campaña para difamar a los trabajadores y a su sindicato, al mismo tiempo que se desinforma al público distorsionando los hechos y manipulando todo para crear un ambiente hostil contra los asalariados, sin mencionar –o haciéndolo sólo de pasada– que otros sindicatos, como el de Pemex y el de maestros, tienen mayores privilegios y, sin embargo, no se les toca porque han servido al gobierno.
La verdadera causa del decreto del presidente Calderón para declarar la extinción de LFC y la desaparición de su sindicato ha sido la actitud crítica del SME ante la política económica, ya que, pese a sus fallas, dicha organización lucha por los intereses nacionales y se mantiene a la vanguardia en la defensa de la soberanía nacional y contra la privatización del sector energético.
En cuanto a la crisis del país, ésta muestra el verdadero mal desempeño de nuestros gobernantes y evidencia el fracaso de la política neoliberal, aplicando un paquete de impuestos al conjunto de la sociedad sin afectar los privilegios fiscales que tienen los grandes corporativos del país.
Tales privilegios, y aquellos de los cuales dispone la clase gobernante con sueldos principescos, mientras la pobreza del pueblo mexicano se acrecienta con nuevos o mayores impuestos, nos coloca en una situación semejante a la de antes de la Revolución de 1910… (Carta resumida.)
Atentamente
Ignacio Ramírez Espino. Revista PROCESO
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS. OPERACION SUBESTACIONES en Resistencia - Ni un Renunciado más, Llevamos más de 5 años de resistencia y vamos por la Victoria!
