Evitarán en la sierra de Puebla los planes mineros y construcción de hidroelectricas

Pobladores integrarán un frente de defensa de la tierra, el agua y las culturas originarias

Acuerdan no dar votos a aspirantes a puestos populares que no se opongan a estos proyectos


Periódico La Jornada
Lunes 29 de octubre de 2012, p. 13
Zapotitlán de Méndez, Pue., 28 de octubre. Más de 600 representantes de una decena de organizaciones sociales –indígenas y mestizas– acordaron en esta población integrar un frente de defensa de la tierra, el agua y las culturas originarias y contra los proyectos mineros, de construcción de hidroeléctricas y de ciudades rurales que pretenden cancelar el futuro de los habitantes de la Sierra Norte de Puebla (SNP).

Al concluir un foro sobre el problema que dichos proyectos traen a la población serrana, convocado por la organización Causa Indígena, durante un mitin trilingüe –totonaco, nahua y español– las y los participantes tomaron también la decisión de no dar ni un solo voto, no admitir a los aspirantes a algún cargo de elección popular (alcaldes, regidores, diputados locales o federales) de cualquier partido si no manifiestan expresamente su oposición a dichos proyectos.

El foro convocó en esta población de cerca de 8 mil habitantes, ubicada a 241 kilómetrosal noroeste de la ciudad de Méx ico, a representantes del movimiento ambientalista Tetela Futuro; de la cooperativa Tozepan Titananiske, de Cuetzalan; Ollin Yoltó de Huitzilan; Red Indígena Nacional de Turismo Alternativo (RITA); la Asociación de Cronistas, Historiadores y Narradores de la Sierra Norte de Puebla (Chynac); Sedepac de Cuetzalan; Movimiento Independiente de Organizaciones Campesinas, Urbanas y Populares-Coordinadora Nacional Plan de Ayala (Miocup-CNPA-NM); Unidad Fuerza Indígena y Campesina (UFIC); del Movimiento Progresista y de organizaciones estudiantiles, entre otras.

Primero se realizó una marcha en el centro del pueblo gritando consignas como La sierra norte no se vende, la sierra se defiende, Tetela no se vende, Agua sí, cianuro no, No a las minas de Carlos Slim, Amigo de la sierra, no vendas tu tierra porque el agua con cianuro te mata de seguro, Fuera Frisco (empresa de Slim) fuera las mineras.

En el encuentro, realizado en una calle debido que el presidente municipal de Zapotitlán negó la utilización del zócalo, se planteó que esta lucha se lleve a cabo primero por los cauces legales, sin olvidar que sólo el pueblo defiende al pueblo, por lo que se requiere de la movilización y la unidad popular para lograr que se respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en especial el derecho a la consulta previa, libre e informada que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es de obligatorio cumplimiento en México, porque los gobiernos federal, estatal y municipal no han consultado a pueblos y comunidades de la SNP.

Se aprobó un pronunciamiento en el que se apunta que la moderna versión de la invasión disfrazada de falso desarrollo con proyectos de muerte como las minas de Frisco en Tetela, con una concesión de más de 10 mil hectáreas o más de 59 mil hectáreas concesionadas a la canadiense Almaden Minerals en Zotoltepec, Ixtacamaxtitlán, en San Miguel Tuligtic, en Santa María… que acabarán con el bosque de niebla, envenenerán el agua, la tierra y el aire con arsénico y otras sustancias tóxicas arrasarán miles de hectáreas forestales y agrícolas, dejando a los pueblos sólo sobre explotación laboral de enormes zanjones.

Si el presente es miserable, con los proyectos de muerte quieren cancelar nuestro futuro. Si no luchamos por detener la muerte de nuestra madre tierra que pretenden hacer el Estado y las empresas privadas, el futuro empieza a terminar hoy, agrega.

Afirma que la primera etapa de esta lucha es lograr que el gobierno respete lo que firmó con la Organización de las Naciones Unidad en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, como el derecho a la libre determinación, derecho al territorio, derecho a la consulta y derecho al desarrollo.

En la lucha por el respeto a estos derechos ha habido avances, añade, como la recomendación 56/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso del pueblo Wixárica en Wirikuta, y en cuanto a representación y participación la resolución del Tribunal Electoral Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la comunidad indígena de Cherán, Michoacán.

Exigen que se aplique el artículo primero de la Constitución con la reforma de 2011 y el artículo 13 de la Constitución poblana, donde las comunidades indígenas son reconocidas como sujetos de derecho.

Asimismo, que se cancelen las concesiones de minas en diversas comunidades de la SNP y los citados proyectos hidroeléctricos y de ciudades rurales, que se diseñe y ejecute el Programa Regional de la SNP. Todos los pueblos todos los derechos a partir del respeto a sus derechos colectivos, y que la Cámara de Diputados del Congreso federal autorice un presupuesto etiquetado para ser administrado por su instancia de representación regional para el ejercicio fiscal 2012.

En el foro participaron el asesor del diputado federal Carlos de Jesús, secretario de la Comisión legislativa de Pueblos Indígenas, quien se sumó al rechazo a los citados proyectos. También Fabián Baltazar, en representación de la diputada federal Josefina García, quien recibió una rechifla debido, dijeron varios oradores, a que ésta participó en una reunión para una minihidroeléctrica en San Antonio.

La Jornada

La reforma calderonista favorece a los dueños del capital: economistas

* Legaliza el abaratamiento y precarización de la fuerza de trabajo, dice un análisis de la UNAM

* Implicará un retorno a las peores condiciones de explotación, garantiza que el nivel de ganancia de los empresarios sea cada vez mayor y crea esquemas tan desfavorables como el pago por hora


Periódico La Jornada
Lunes 29 de octubre de 2012, p. 3
El Centro de Análisis Multidisciplinario del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer un informe sobre las consecuencias que tendrá la reforma laboral preferente en el sector laboral, en el que señala que la iniciativa que impulsan (Felipe) Calderón y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) legaliza de distintas maneras el abaratamiento y precarización de la fuerza de trabajo en México y provocará una mayor concentración de recursos en el sector empresarial, así como mayor disparidad en la distribución de la riqueza en el país.

El informe, titulado Reporte 102 CAM-UNAM: una nueva crisis para los trabajadores mexicanos, detalla que la aprobación de esta iniciativa implicará un retroceso de las condiciones laborales, es decir, un retorno a las peores condiciones de explotación; garantiza que el nivel de ganancia de los empresarios sea cada vez mayor, y sobre todo, deja un vacío en lo que se refiere al pago de salarios en las nuevas modalidades de contratación, como el de pago por hora, donde las remuneraciones quedarán a discreción de los patrones.

También expone que la reforma propuesta por el presidente Calderón es completamente favorable a los intereses de los dueños del capital, y va en contra de las conquistas alcanzadas por la clase trabajadora mexicana, emanadas de la Revolución Mexicana de 1910, que costaron la vida de millones de trabajadores y campesinos, las cuales fueron plasmadas en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917.

La iniciativa que hoy impulsan Calderón y el CCE también genera inestabilidad e inseguridad laboral para los mexicanos; facilita los despidos, disminuye las responsabilidades del patrón y legaliza la sobrexplotación del trabajo impulsando su flexibilización; da cabida a que no haya prestaciones y abona a la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores, añade el estudio.

El reporte, elaborado por los economistas Luis Lozano, Cristóbal Reyes, Lizbeth Martínez, Frida Villalobos, Mario Quinta, David Lozano, Irma Otro, David Moctezuma, Jaime Vázquez y Javier Lozano, plantea que la  aprobación de esta iniciativa –ya avalada por las cámaras de Diputados y Senadores– implicará para los trabajadores mexicanos que se perpetúe la barbarie capitalista y sigue la misma línea de las recetas económicas neoliberales que se han adoptado en México desde hace casi tres décadas, cuyo saldo es la pauperización general de la población.

Plantea que mucho de lo que se pretende aprobar ya se da en la realidad, por lo que legalizaría lo ilegal y daría pie a que modificaciones como la subcontratación (práctica empresarial conocida como outsourcing) y la contratación por periodo de prueba se extendieran y generalizaran para todos los trabajadores, lo cual permitiría y promovería la desvalorización de la fuerza de trabajo y su degradación al legalizar la indefensión laboral, ya que la subcontratación sólo ha sido usada por los empresarios como un medio para evadir obligaciones como el reparto de utilidades y la seguridad social, etcétera.

Además, ni en la contratación por periodo de prueba, ni en la de capacitación inicial se generará antigüedad; es decir: los trabajadores que estén contratados bajo alguna de estas modalidades no tendrán derecho a poder pensionarse, pues no se computará para estos fines el tiempo que trabajen dentro de alguna de las nuevas formas de flexibilizar la contratación, detalla el análisis.

La Jornada

En manos de SCJN la posible recontratación de electricistas: Aristegui

No existe tal apelación, lo que interpuso el SAE es un Recurso de Revisión, se pedirá a Carmen Aristegui el derecho de Replica.

Demandan trabajadores del SME pronta reinstalación en CFE

ECONOMÍA, PRINCIPALES | LAURA ELIZABETH TREJO | 29 OCTUBRE, 2012 13:04

Trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), entregaron esta mañana un oficio en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para demandar su pronta reinstalación.
Aunque los sindicalistas aún están a la espera del laudo de la Junta Federal de Conciliación y Artibitraje, la visita tuvo el propósito que el hecho sea tomado en cuenta por la paraestatal.
En otros centros de trabajo del país los electricistas tomaron la misma medida.

El Independiente de Hidalgo

No quieren trabajadores, quieren esclavos y más capitalismo salvaje

28. octubre, 2012 Álvaro Cepeda Neri *

“Se dice que no hay peligro, porque no hay agitación. Se dice que como no hay desorden material en la superficie de la sociedad, las revoluciones están lejos de nosotros. Señores, permítanme que les diga que yo pienso que están ustedes equivocados. Es verdad que el desorden no está en los hechos, pero ha penetrado muy profundamente en los espíritus. Miren lo que pasa en el seno de esas clases obreras, que hoy –lo reconozco– están tranquilas. Es verdad que no están atormentadas por las pasiones políticas propiamente dichas, en el mismo grado que lo estuvieron en otro tiempo, pero, ¿no ven ustedes que sus pasiones se han convertido de políticas, en sociales? ¿No ven ustedes que, poco a poco, en su seno se extienden unas opiniones, unas ideas que no aspiran sólo a derribar tales leyes, tal ministerio, incluso tal gobierno, sino la sociedad misma, quebrantándola en las propias bases sobre las cuales descansa hoy?

 

“¿No escucháis ustedes lo que todos los días se dice en su seno?… ¿Y no creen ustedes que, cuando tales opiniones echan raíces, cuando se extienden de una manera casi general, cuando penetran profundamente en las masas, tienen que traer, antes o después –yo no sé cuándo, yo no sé cómo– pero tienen que traer, antes o después, las revoluciones más terribles?”. Las anteriores, son palabras del entonces diputado Alexis de Tocqueville, pronunciadas el 29 de enero de 1848. Casi un mes después, el 23 de febrero, estallaron manifestaciones antigubernamentales de los pobres contra los poderosos. Y es que “la clase que entonces gobernaba se había convertido, por su indiferencia, por su egoísmo, por sus vicios, en incapaz e indigna de gobernar” (Alexis de Tocqueville, Recuerdos de la Revolución de 1848; edición preparada por Luis Rodríguez Zúñiga, para editora Nacional).

 

Sirve de introducción el párrafo anterior a la actual crisis general mexicana, cuyo factor común es que tenemos 50 millones en todas las modalidades de la pobreza, que llega a la hambruna y la miseria. Y que los conservadores de la derecha religiosa, encabezados por Calderón y su grupo, decidieron una guerra interna que en cifras oficiales arroja más de 100 mil homicidios. Siete millones de jóvenes sin trabajo y sin acceso a estudios superiores, porque han construido más cárceles que escuelas y cada vez recortan más los subsidios a las universidades; atacando el carácter laico de la educación pública, y el laicismo del Estado cuestionado por las embestidas del clero político y sus secuaces del sector privado que proponen la intolerancia religiosa.

 

También vulneran las conquistas del liberalismo político: democracia directa e indirecta o representativa, y atacan las virtudes del republicanismo, mientras interrumpen la observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al grado de que el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la indiferencia o complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelven problemas electorales contrarios a los principios que ella sanciona (lo que es ya una rebelión desde el Estado, a la par del terrorismo sangriento de las delincuencias, que lleva visos de establecer un gobierno contrario al imperio de la ley constitucional).

 

Esto viene al caso porque con las contrarreformas al Artículo 123 constitucional y contra los trabajadores en todas las modalidades de la prestación de su fuerza laboral, la elite legislativa federal, la alianza Calderón-Peña y la misma Corte –intencionalmente pasando por alto sus facultades de tribunal constitucional para conocer de oficio violaciones a la ley suprema, y de acuerdo para favorecer a los patrones– harán que tras 12 años de panismo, con su conservadurismo derechizante, los mexicanos queden sometidos a otro sexenio que reinaugura al priísmo más salinista-zedillista, para consolidar el capitalismo salvaje con su punta de lanza de privatizar Petróleos Mexicanos, último y muy acotado reducto del patrimonio nacional, para dar rienda suelta al neoliberalismo económico.

 

Se trata de alinear al país con la globalización de más explotación de los trabajadores que, presos de sus sindicatos que les roban las cuotas, padecen la pinza de los gobiernos y los patrones. Se trata de unas cuantas migajas para disfrazar descaradamente que en lugar de trabajadores quieren esclavos. Es cierto que en la historia del trabajo, excepcionalmente hay rebeliones, revueltas y revoluciones contra la regla patronal-capitalismo irracional que obtiene únicamente ganancias y miserables salarios (Claude Fohlen, Francois Bédarida, Historia general del trabajo, tomo tres: La era de las Revoluciones, Grijalbo).

 

Calderón y el panismo, con el pretexto de que los sindicatos rindan cuentas y sus dirigentes sean electos por voto secreto, quieren implantar contrarreformas obreras. Peña y el Partido Revolucionario Institucional quieren lo mismo, salvo cuestionar la tradición de su sindicalismo caciquil y corrupto. Y el Partido de la Revolución Democrática, de Ebrard, los Chuchos y las tribus con el santo y seña del neocardenismo, tras el desprendimiento del lopezobradorismo, quieren coquetear a derecha y centro, con bandera de defensores obreros, como partido bisagra.

 

Patrones, empresarios, inversionistas extranjeros y nativos; la elite política, económica y los grupos de poder fáctico (Televisa y Tv Azteca y los amigos-enemigos Slim-Azcárraga, etcétera), quieren colmar de problemas a la sociedad para explotar a los trabajadores y convertirlos en esclavos. Ya veremos si con la pobreza, el desempleo, la hambruna, el alza de los precios y el peñismo como más de lo mismo, la nación seguirá resistiendo. O si en cualquier momento explota la crisis general, como es de esperarse. Con más palabras de Tocqueville: “la nación es un volcán social”.

 

*Periodista 

 

Fuente: Contralínea 308 / octubre 2012

Estado, sindicatos, burocracias sindicales

Guillermo Almeyra
Mientras exista el régimen salarial los trabajadores serán explotados o por los empresarios capitalistas o por el Estado como capitalista colectivo y, por consiguiente, deberán defenderse de ambos tratando de vender su mercancía particular, la fuerza de trabajo, por un precio más alto y en mejores condiciones. Para ello les convendrá unirse en grupos de productores de esa mercancía, o sea, en sindicatos por rama y por industria, para pesar más en el mercado frente a los capitalistas, que hasta forman monopolios. Los sindicatos son así, por un lado, una escuela elemental de unión y solidaridad clasista frente a los capitalistas y al Estado y, al mismo tiempo, instrumentos de incorporación de los trabajadores al sistema capitalista y de su asimilación por la ideología de mercado, así como una herramienta de dominación del Estado, en su acepción más amplia, y de control y sometimiento de los trabajadores mediante la mediación entre el aparato estatal, los capitalistas y las burocracias sindicales; éstas no son obreras sino burguesas porque defienden y difunden la ideología de las clases dominantes.

La independencia de los sindicatos frente a la patronal y frente al Estado, así como el pluralismo y la democracia en el seno de las organizaciones sindicales, son requisitos indispensables si se quiere evitar que los sindicatos sean simples instrumentos de los patrones o meras correas de transmisión del partido de gobierno (que, a veces, incluso es único y está fusionado con el Estado) y pierdan, por lo tanto, su papel en la defensa de los intereses de sus miembros para pasar a defender los del capitalismo de Estado o los de la burocracia (como en la ex Unión Soviética y en los países mal llamados socialistas).

Es obvio que no puede haber independencia sindical sin democracia interna en los sindicatos, ni tampoco una real democracia sindical en sindicatos dependientes políticamente de los patrones (o del Estado, que defiende a muerte la libre circulación de mercancías pero pone cadenas a la mercancía fuerza de trabajo). Es igualmente obvio que, a la influencia difusa de la ideología capitalista debida al papel del sindicato en el mercado se agrega en los sindicatos, que son –repetimos– organismos de mediación y dominación del Estado capitalista, la influencia organizada y concreta de la burocracia sindical.

Sin embargo, las burocracias sindicales no forman una capa homogénea. Un sector de ellas trabaja de común acuerdo con la oficina de personal de los patrones o del patrón-Estado e incluso se ha convertido en un grupo de empresarios privados en su propio gremio u en otro y, por lo tanto, acepta cualquier medida o ley antiobrera tratando sólo de salvaguardar sus privilegios ilegítimos, como hacen, por ejemplo, los charros clásicos priístas frente a la reforma de la Ley Federal del Trabajo, o la fracción de la CGT argentina que acepta sin rubor llamarse Balcarce (por la calle en que está la Casa Rosada) y que, por boca de uno de sus líderes, declara que es oficialista de todos los gobiernos y ni pestañea ante la reaccionaria ley oficial sobre accidentes de trabajo. Otro sector de la burocracia sindical de México o de Argentina, como la CGT Azopardo (sede histórica de la Confederación General del Trabajo peronista) dirigida por Hugo Moyano, al mismo tiempo que teje alianzas sin principio con partidos capitalistas opositores para presionar mejor al gobierno, comprende que debe luchar por algunas reivindicaciones justas y muy sentidas para mantener una base fuerte –el sindicato– como instrumento de negociación política (y, por supuesto, también como fuente de sus privilegios) Hay por último otros sectores que, por su origen o por razones históricas, son combativos y hasta lanzan declaraciones contra el capitalismo y colaboran con partidos anticapitalistas, pero reducen el margen de decisión de las asambleas de base y defienden contra toda competencia política el verticalismo del núcleo dirigente (como sucedía siempre, por ejemplo, en la izquierda sindical metalúrgica de la CGIL italiana y sucedió en la última elección en la fábrica ceramista Zanón en Argentina).

El capital, en su ofensiva general contra los trabajadores, intenta aplastar todas las resistencias y solidaridades (familiar, comunitaria, barrial, territorial, étnica, sindical) y volver al siglo XIX cuando no existían los sindicatos. Las burocracias no son capaces de resistir a esa ofensiva, porque, para poder intentarlo, deberían movilizar detrás de un proyecto anticapitalista no sólo a sus bases sino también a los desocupados y semiocupados, que son mayoría. De modo que hoy se combina la tarea de defender los sindicatos con la de darles, democratizándolos, una política anticapitalista capaz de arrastrar a vastas capas de explotados y oprimidos –hoy desorganizados– allí donde actúan los trabajadores sindicalizados.

La Organización Política de los Trabajadores (OPT) podrá cumplir con esa tarea a condición de ser democrática, pluralista, de romper con todo residuo de la idea de la unión nacional entre explotados y explotadores y de dedicar un esfuerzo poderoso a la formación política de sus miembros y de la sociedad mediante publicaciones periódicas, una revista organizativa y política, escuelas de cuadros y conferencias y planes de estudio sobre qué es el capitalismo actual, sobre la economía, sobre la historia del movimiento obrero mundial…

Las luchas que libran hoy bases sobre comunitarias o territoriales deben contar con el apoyo de los sindicatos combativos. Así como los IWW (Trabajadores Industriales del Mundo) de Estados Unidos dieron nacimiento a los sindicatos combativos en México, esa alianza entre las luchas y los organismos extrasindicales y los sindicatos clasistas en nuestro país puede ser un factor muy importante para politizar y organizar a los hermanos del otro lado de la frontera, cuyo apoyo será decisivo.

La Jornada

El desafío laboral y los primeros pecados políticos

Rolando Cordera Campos
Por un momento, la sociedad mexicana pudo asomarse a la realidad profunda que la define: una comunidad de trabajadores mal pagados y peor protegidos, donde la informalidad supera a la mayoría de los ocupados y muy pocos logran pagos iguales o superiores a los cinco salarios mínimos. En esta situación radica la pobreza masiva que nos marca y gravita la desigualdad que nos cruza como herida histórica.

La convocatoria a trazar un nuevo curso para el desarrollo nacional, que hacemos desde la UNAM un grupo de mexicanos preocupados con la crisis y su destructiva secuela, encuentra en esta documentación de la vergüenza laboral mexicana una de sus más fuertes argumentaciones. La economía adopta un sentido robusto si genera empleo digno; si no, es el momento de imaginar y reclamar un giro en la política y la estructura, que es lo que se hace en el documento referido, que será presentado ante la prensa mañana lunes en la Rectoría de la UNAM.

El tiempo de revelación referido sólo fue un momento, y no nos llevó a una epifanía redentora. Porque la imaginería individualista se impuso en familias, buenas conciencias y medios de comunicación, y para muchos observadores y analistas lo importante y hasta decisivo fue la flexibilización a ultranza de las relaciones laborales, el abaratamiento de la contratación y del despido y la introducción de obligaciones de transparencia y democracia electoral en los sindicatos.

Esto último no es menor ni debería soslayarse, pero en la actualidad no apunta al corazón del mundo laboral mexicano. Sin menoscabo de su importancia y pertinencia, debajo de la democracia y la rendición de cuentas hay panoramas inicuos que demandan un esfuerzo legislativo comprometido y ejemplar, que no hubo.

Es en la extrema heterogeneidad ocupacional y productiva y en los vastos territorios de abuso, explotación y muy bajas cuotas de productividad, donde debía haberse profundizado para tener una norma civilizatoria y justiciera, que asumiera la realidad inicua de concentración de riqueza y abandono que reina en el terreno laboral del país. México es ya, sin duda, una nación urbana y de trabajadores donde, sin embargo, los intereses que mandan no son los de ellos sino los de los patrones. Quienes, para variar, sólo se quejan y demandan más y más.

No fue esta circunstancia sociológica y económica, bien glosada el jueves pasado por Adolfo Sánchez Rebolledo en estas páginas y José Woldenberg en Reforma, la que inspiró a la mayoría legislativa. Tampoco parece haber conmovido al nuevo grupo gobernante, cuyos personeros, sin más, hicieron suya una iniciativa presentada de forma irreflexiva por el presidente que se va.

A juzgar por las maneras adoptadas por la mayoría y sus ocasionales aliados, el nuevo gobierno parecía dispuesto a probar sus armas de inmediato. Sin dar explicación satisfactoria alguna, ni dar cuenta de sus conocimientos políticos y económicos sobre lo que ocurre en el grotesco mercado laboral mexicano, el gobierno entrante hizo suya una inopinada iniciativa del presidente saliente y abrió hostilidades contra la izquierda alojada en el Congreso, los sindicatos que buscan ser independientes y los ciudadanos que reclaman del Estado una acción afirmativa dirigida a sanear el opaco mundo sindical mexicano, con algo de transparencia y la exigencia a los sindicatos de que sus dirigencias respeten los mínimos civilizados de cualquier democracia.

Ganen o pierdan los priístas en ésta su intrigante campaña inaugural, o la pongan a enfriar como sugiriera el diputado Beltrones el jueves, el juicio sobre sus primeros pasos en el terreno social, cuyo corazón está en el mundo laboral, no será favorable. De poco le servirán los elogios siempre sibilinos de la patronal y sus lugares comunes sobre la competitividad. Un gobierno que se estrena poniendo en entredicho los derechos de los trabajadores, cuya situación ignora olímpicamente, no puede reclamar acto seguido la aprobación de las bases sociales del país que, informales y no, aseguradas o no, son en su mayoría trabajadoras.

Darle un nuevo curso al desarrollo nacional es obligado. El argumento inicial para hacerlo radica precisamente en la indecente situación de sus trabajadores. No hay, aquí, petate del muerto con el cual asustar a nadie.

Sólo la realidad avasalladora de millones de trabajadores que apenas cubren los mínimos necesarios para un elemental bienestar y de otros millones dejados de la mano de Dios y del Estado, que renunció a sus compromisos históricos y dejó de ser un Estado nacional popular digno de tal nombre. La suerte de México y de su Estado se juega dramáticamente aquí, donde se inicia toda relación social que merezca ser cuidada y expandida, para formar una comunidad nacional de ciudadanos trabajadores, libres y orgullosos. Lo que no tenemos hoy, por más que se esfuercen los jilgueros y exegetas a la orden.

La Jornada

Las maniobras dilatorias de Calderón para no conceder el Patrón Sustituto

Empresarios, únicos aplaudidores de Calderón

28. octubre, 2012 Martin Esparza

En un gobierno bien constituido las leyes se ordenan según el bien público y no según la ambición de unos cuantos

 

Maquiavelo

 

Durante nuestra comparecencia en la Comisión del Trabajo del Senado de la República el pasado 11 de octubre, justo a tres años de perpetrado el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), dejamos bien establecida nuestra posición en contra de la Reforma Laboral impulsada por Calderón y exigimos a los senadores no ser serviles ante los empresarios; y menos, aplaudidores de las decisiones que en contra del pueblo de México ha tomado el Ejecutivo durante su sexenio.

 

Miles de trabajadores y miles de jóvenes han salido a las calles en todo el país para manifestar su rechazo a una contrarreforma que pretende cancelar el futuro laboral y económico de las nuevas generaciones, al privarlas de los beneficios de la seguridad social contenidos en el Artículo 123 constitucional. Insistimos a los miembros de la Cámara de Senadores que si quieren debatir una iniciativa de tales implicaciones sociales lo hagan de cara a los principales interesados, pero no, como es su costumbre, por la puerta trasera.

 

El descontento social que priva por doquier no es, como suponen los cortesanos oficialistas de Calderón, producto de complots o estrategias políticas. Los tiempos electorales ya quedaron atrás. Y que no se equivoquen: el pueblo es paciente pero no ingenuo; y sabe lo que implicará para su precario nivel de vida que se dé luz verde a un atentado social de tal naturaleza en el Congreso de la Unión: más pobreza y miseria.

Calderón se ha vuelto un presidente impopular porque se lo ha ganado a pulso desde que decidió anteponer su lucha fallida contra el narcotráfico a los proyectos y beneficios sociales; en su desesperación por legitimar su gobierno, olvidó las necesidades apremiantes de millones de mexicanos. Y de “presidente del empleo” pasó a ser el mejor agente de ventas de Gayosso, convirtiendo al país no en una nación de bonanza social sino en un gigantesco camposanto, sembrado de miles de cenotafios.

 

¿Cuál es el grupo minoritario que está feliz y aplaude a rabiar las políticas e iniciativas antisociales de Calderón? Por supuesto que los empresarios, representantes de los monopolios nacionales y extranjeros, que aplaudieron una y otra vez la ilegal extinción de Luz y Fuerza del Centro, cuyos encubiertos fines eran acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas y su contrato colectivo, adueñándose del multimillonario negocio de la fibra óptica, adquiriendo la infraestructura eléctrica, propiedad del pueblo de México, a precio de ganga.

 

La clase empresarial se unió a una voz con Calderón porque, supuestamente, cerrar Luz y Fuerza del Centro redundaría en un mejor servicio, se reactivaría la economía en la zona centro del país, bajarían las tarifas eléctricas, se crearían más empleos, y el país se ahorraría miles de millones de pesos del erario… A tres años, ninguno de tales supuestos se ha cumplido. Los hombres del dinero siguen diciendo que se actuó en la dirección correcta, aunque la Comisión Federal de Electricidad cometa miles de atropellos por ilegales cobros a los usuarios de menores recursos y mantenga una absoluta opacidad en el otorgamiento de materia de trabajo a empresas contratistas. Es evidente que su zalamería busca aderezar el servilismo de Calderón, y ahora el de los diputados y senadores, con la aprobación de una reforma laboral a modo, que les permita flexibilizar el trabajo a niveles de una moderna esclavitud.

Lo dijimos bien claro a los senadores y lo señalamos a la opinión pública: ¿quieren debatir una auténtica reforma laboral? Ahí les dejamos una prueba real e inatacable de lo que es una verdadera reforma laboral: un ejemplar de nuestro contrato colectivo de trabajo (CCT), donde se establecen con claridad las conquistas históricas de 98 años de lucha de los electricistas, donde sí se da la estabilidad en el empleo, donde sí se integran las prestaciones al salario, donde sí hay seguridad social y el derecho a una jubilación y a prestaciones dignas.

 

¿Quieren los senadores actuar en el papel que les impone la Constitución como representantes populares? Pues que empiecen por consensuar una verdadera iniciativa de reforma constitucional al Artículo 123 con la participación de la sociedad y los diversos sectores involucrados, no únicamente con los patrones; que le entren, como les hicimos la invitación, a la revisión del papel en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), manejada por el propio Ejecutivo, los patrones y los sindicatos corporativos; lo que pone en entredicho su verdadera independencia y autonomía a la hora de emitir sus fallos (tal y como sucedió con el asunto del SME donde, luego de 10 meses, en la JFCA se dieron por canceladas las relaciones individuales y colectivas de los electricistas por causa fortuita o de fuerza mayor, negándonos de paso, y sin litis de por medio, la figura del patrón sustituto, consideraciones que fueron echadas abajo por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al concedernos el amparo directo).

 

En tal escenario de atropellos, personaje central fue Javier Lozano Alarcón, el peor secretario del Trabajo que ha tenido nuestro país en su historia; esta lastimosa marioneta, que además de atentar contra nuestro CCT buscó inmiscuirse a través de personeros, en la vida interna de nuestro sindicato, y que ahora como senador sigue luciendo el disfraz de bufón de los empresarios; éste enemigo público número uno de los trabajadores, a los que reiteradamente busca poner de rodillas, es firme aspirante a juicio político por los costos que tendrá el país por su patológico resentimiento al SME, y junto con buena parte del gabinete de Calderón, deberá explicar al pueblo por qué se violentaron los derechos de miles de electricistas, a sabiendas de que se estaba violando la ley, y de las implicaciones legales y los costos que esto podría traer consigo.

Ha quedado demostrado que a los empresarios les produce resquemor la existencia de contratos colectivos como el del Sindicato Mexicano de Electricistas: instrumentos producto de la meritoria contratación colectiva, que resguardan el derecho constitucional de los trabajadores y sus familias a tener una vida honesta y decorosa. En aras supuestamente de la globalización y la competitividad, exigen al gobierno y a los legisladores avasallar las conquistas de la clase trabajadora cuando hay organismos como la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) o la propia OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que advierten que la reforma laboral no es el camino para la creación de empleos y el fortalecimiento de nuestra economía.

 

Los hemos dicho reiteradamente en diversos foros y concentraciones: miremos: lo que está sucediendo en países de Europa en los que, en un total desacierto oficial, se insiste en colocar en las espaldas de los trabajadores, y de los empleados públicos, el costo de la crisis económica. El descontento social en las calles amenaza ya la paz y la estabilidad en muchas naciones. Esperemos que en México no suceda lo mismo a consecuencia de la imprudente determinación de nuestros senadores. Ojalá que la brújula del equilibrio republicano que debe privar entre el capital y el trabajo, guíe el rumbo de su decisión final, y no se sumen a los empresarios, como aplaudidores de Calderón.

 

Nuestra posición es firme y no daremos un paso atrás para evitar la contrarreforma laboral, amparando la movilización social del pueblo en dicho cometido.

 

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

Contralinea