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domingo, 4 de noviembre de 2012

Esperan pago de salarios 276 miembros del SME

POLÍTICA • 

Electricistas hidalguenses recibirán los sueldos caídos correspondientes a los tres años que llevan en resistencia, dio a conocer el líder de la división Juandhó, Pablo Esparza Flores.
Pachuca  • Un total de 276 ex trabajadores de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC) en Hidalgo están a la espera de la reinstalación laboral y el pago de salarios caídos por tres años, reveló el líder de la división Juandhó, Pablo Esparza Flores.
De acuerdo con el sindicalista, un tribunal colegiado en materia laboral aceptó el amparo promovido a nivel nacional por el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, y en el que afirma se favorece en el veredicto a los ex empleados de LFC.
“Asistimos a la toma de protesta del subcomité y la representación de jubilados, nos dieron un informe de cómo vamos actualmente en el movimiento en donde sabemos bien que desde el pasado 13 de septiembre de este año resuelve el Segundo Tribunal de Materia Laboral del primer circuito colegiado, el cual determina que el laudo es a favor del SME, que no hubo motivo para que nos arrebataran el empleo”, señaló.
Esparza Flores mencionó que además de los pagos de salarios pendientes con trabajadores en Hidalgo y en los estados donde operaba eléctricamente Luz y Fuerza, están los procesos de jubilaciones para los agremiados que cuentan con la edad y requisitos de tiempo dentro de la organización para acceder al beneficio.
“Estamos esperando a que nos reinstalen a los 16 mil 599 trabajadores que no nos hemos liquidado y sobre todo que va a darse continuidad para el pago de los salarios caídos de estos últimos tres años y donde se va a continuar con el proceso de jubilaciones de compañeros que ya alcanzan la edad”, dijo.
Respecto al avance que se tiene en la noticia del juicio laboral con el patrón sustituto, en este caso la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pablo Esparza dijo que ya sostuvieron una reunión con los funcionarios de la paraestatal en la central de atención de Tula, en donde explicaron la mecánica que mandata la legislación en la materia.
“Estamos haciendo actividades, este pasado lunes entregamos en la división de Juandhó y en la Central de Servicios de la CFE en Tula, en San Lorenzo, le entregamos al superintendente el resolutivo en el cual estamos informando del resolutivo que dan del laudo a favor del amparo que promovimos, y en el cual estamos solicitando el gerente de la CFE el que ya nos vayamos poniendo de acuerdo para la reinserción laboral en la región de Tula”, finalizó.
Antecedente
Luz y Fuerza del Centro (LyFC) fue un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que transmitió, distribuyó y comercializó energía eléctrica en la zona central de México, en lo que corresponde a todo el Distrito Federal, a 80 municipios del Estado de México, dos de Morelos, dos de Puebla y cinco de Hidalgo.
El 11 de octubre de 2009, por decreto presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, se dispuso su extinción, con lo cual se inició su proceso de liquidación administrativa, en tanto la operación eléctrica quedó a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los argumentos fueron contrastados con los buenos resultados de la CFE, en que los recursos recibidos por Luz y Fuerza eran cada vez más onerosos sin que se reflejara una mejora en la calidad del servicio, con costos cada vez más elevados.
La Policía Federal comenzó un operativo que duró unas dos horas para tomar todas las instalaciones de LyFC.
Claves
Aguardan
- En total, son 16 mil 599 trabajadores en todo el país que no fueron li quidados con el procedimiento establecido tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro, por decreto presidencial.
- En Hidalgo, sostuvieron una reunión con los funcionarios de la CFE en la central de atención de Tula, en donde explicaron la mecánica por el cambio de patrón.
- Ahora sólo aguardan para ser reinsertados en labores.

Exige SME cumplir la ley



Publicado el Miércoles, 31 Octubre 2012

Más de 16 mil integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), exigirán a los titulares de la Junta de Conciliación y Arbitraje, no caer en desacato y cumplan con la sentencia que dictó el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, en favor de la demanda interpuesta por el Sindicato, o dejará el presidente de México, Felipe Calderón, una bomba de tiempo al próximo mandatario, Enrique Peña Nieto.

Lo anterior fue dado a conocer por el Secretario General del SME, Martín Esparza Flores, al ser entrevistado por el programa de radio “VOCES AL AIRE”, que se trasmite por el 760 de ABC, y aseguró que ahora el Gobierno federal, tendrá que desembolsar más de 14 mil millones de pesos, en sueldos caídos y prestaciones. Explicó que hoy, en una reunión en el Monumento a la Revolución, se concentrarán miembros de más de 100 diferentes sindicatos de México, y allí se exigirá la reinstalación de los más de 16 mil trabajadores que no firmaron su renuncia.

Sostuvo que aunque se ha dado un paso fundamental tras una lucha histórica, el proceso ya no debe de alargarse, porque se seguirán acumulado miles de millones de pesos de salarios caídos, además que dejarían una bomba de tiempo al presidente entrante Enrique Peña Nieto. Ganamos, recalcó Martín Esparza, “en definitiva que tienen que ser reinstalados en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y no importa los recursos a que se recurra, no hay marcha atrás, la victoria fue legal y ahora habrá que hacer que se cumpla”.

El abogado explicó que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, está cayendo en desacato, tenía 24 horas para reconocer la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo, la cual establece que el despido de los electricistas fue injustificado, que no hubo causa de fuerza mayor y que la CFE es patrón sustituto. Explicó Martín Esparza a los integrantes del programa de radio “VOCES AL AIRE”, que dirige el director general del diario nacional “EL PUNTO CRITICO”, Eduardo Ramos Fusther, que ayer durante una sesión ordinaria en el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el diputado del PRD Mario Alejandro Cuevas Mena Duarte, presentó un punto de acuerdo con relación a los recursos ahorrados por 96 mil trabajadores de la CFE.

La ALDF, hace un exhorto al Ejecutivo federal, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, respectivamente, prevean y dispongan en su proyecto de presupuesto 2013, recursos adicionales a la resolución del Segundo Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que concedió el amparo de la Justicia Federal, por el que ordena recontratar y pagar salarios caídos a los 16 mil 599 trabajadores del SME. Los diputados del PRD se pronunciaron con la justicia social y el respeto de los derechos laborales en las relaciones entre trabajadores y patrones, por los que históricamente hemos luchado y lo seguiremos haciendo.

Martín Esparza dijo que es evidente la urgencia que existe al pago de las aportaciones del Fondo Mutualista, integrado en el Sindicato Único de Trabajadores de Electricistas de la República Mexicana, que durante 40 años les fue descontado por nómina a los trabajadores de la CFE, y que el 25 de abril de 1999 la CFE y el Sindicato sustituyeron por el seguro colectivo correspondiente al bienio 1990-1992, sin que se les devolvieran sus aportaciones.

Obligadas las autoridades a cumplir el laudo

De conformidad con el laudo emitido por la Junta Especial Número Cinco de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la CFE y el Sindicato están obligados al pago de las prestaciones demandadas por ocho mil 600 trabajadores, de los 96 mil que aportaron o les descontaron su dinero. Por tal motivo debe exhortarse a las autoridades involucradas a dar cumplimiento del laudo y los derechos en el tutelado; pero no a discreción; que, en todo caso y como única alternativa viable, se embarguen y rematen bienes de la Comisión Federal y del sindicato, como autoridades directamente responsables. Que no se le caigan al pueblo otra vez los latrocinios a que son sometidos los trabajadores.

También se hizo el atento exhorto a la H. Cámara de Diputados para que solicitara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciar la averiguación del Decreto de extinción, a fin de determinar si hubo una grave violación a las garantías individuales de los trabajadores. Recordó que las tarifas se dispararon a más del 100 por ciento, causando perjuicio a los habitantes de esta ciudad, y produciendo miles de quejas, al punto tal, que este órgano legislativo decidió crear una Comisión Especial sobre el Suministro y Cobro de Energía Eléctrica. Y es que ante los constantes abusos, la ciudadanía lleva tres años con empeoramiento del servicio y cobros excesivos. Por ello solicitamos a esta Soberanía se pronuncie en defensa de la legalidad, del acatamiento de una disposición judicial, pero también en pro de los derechos de los trabajadores. y de los usuarios que se encuentran desprotegidos.

El Punto Critico

sábado, 3 de noviembre de 2012

Desde el poder, una Reforma Laboral a la medida del poder


Peña y Calderón. Favores de transición. Foto: Eduardo Miranda


3 DE NOVIEMBRE DE 2012 · 8 COMENTARIOS
DESTACADO


Todos entraron en arreglos. Los presidentes, saliente y electo; los líderes parlamentarios; las dirigencias de los partidos; los representantes de organismos empresariales… Todos aquellos que, sintetizados por los nombres de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, representan al poder. La Reforma Laboral, cualquiera que finalmente sea, va a pasar.  Los únicos que no estuvieron representados en los arreglos fueron precisamente aquellos a quienes afecta, los trabajadores.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En medio de la disputa entre las dos cámaras del Congreso de la Unión por las modificaciones a la Reforma Laboral y las diferencias que afloraron entre los coordinadores de las bancadas priistas, el diputado Manlio Fabio Beltrones y el senador Emilio Gamboa Patrón, los equipos de transición de Enrique Peña Nieto y del presidente saliente Felipe Calderón llegaron a un arreglo para evitar que la iniciativa se “enfriara” en San Lázaro y a fin de que se apruebe y promulgue antes de que termine el sexenio.
Los equipos de Peña Nieto y de Calderón se reunieron para aclarar que más de 90% de la reforma se había aprobado y debía ser promulgada, al tiempo que el responsable del equipo de transición para la Reforma Laboral, Alfonso Navarrete Prida, negoció y operó con los coordinadores Beltrones y Gamboa Patrón para aclarar que Peña Nieto “no tiene pensado presentar una iniciativa distinta” al asumir la Presidencia de la República.
Entrevistado por Proceso, Navarrete Prida confirma que se reunió con ambos coordinadores el 30 de octubre y que desde el equipo peñista la posición es que “lo aprobado en ambas cámaras satisface las prioridades” de una reforma laboral.
“Esta reforma contribuirá al crecimiento económico del país, generará mayores empleos formales y plantea un equilibrio entre los distintos factores de la producción: empresarios, autoridades y trabajadores”, señala Navarrete al enumerar las “prioridades y expectativas” de la reforma.
–¿ Peña Nieto va a enviar otra iniciativa de reforma laboral? –se le pregunta.
–El presidente electo no tiene pensado enviar una iniciativa distinta. Peña Nieto tiene interés en que se concrete la reforma laboral, que se discuta en ambas cámaras bajo el principio de respeto al artículo 123 constitucional y que no se haga una reforma por lucro, vanidad o cálculo político.
–¿Aunque haya perdido su carácter de iniciativa preferente?
–Para el presidente electo ese no es un tema a discusión. La parte que está aprobada en ambas cámaras es más del 90% de la iniciativa. Lo importante es que se publique, al margen de que se llame preferente o no.
Procurador del Estado de México en el gobierno de Arturo Montiel y al inicio de la administración peñista, Navarrete Prida insiste: “Hay una iniciativa que ya pasó por ambas cámaras, que está en pleno tránsito legislativo conforme a la Constitución, el artículo 71 y 72 de la Constitución, que ya tiene una aprobación de más del 90%, y legalmente ya no se puede volver a discutir”.
Bloque opositor
Frente a los arreglos del calderonismo con el peñismo y de éste con los coordinadores de las bancadas del PRI en el Congreso, los hubo también entre el PRD y el PAN cuyas cúpulas anunciaron que formarán un “bloque legislativo” no sólo para el tema de la reforma laboral sino “para todo el sexenio” entrante, como afirmó el presidente panista Gustavo A. Madero.
Alentados por el resultado de la alianza que concretaron en el Senado para incorporar cuatro cambios a la minuta proveniente de la Cámara de Diputados (lo consiguieron por 66 votos contra 62 del bloque PRI-PVEM), los panistas y los perredistas comunicaron que ahora “no hay una fuerza dueña del país, de modo que los acuerdos tendrán que ser asumidos por las distintas organizaciones políticas, no una sola”.
A la reunión opositora del 31 de octubre, cuando se dio el anuncio en un restaurante de la Ciudad de México, asistieron los panistas Ernesto Cordero, Luis Alberto Villarreal y Gustavo Madero así como los perredistas Jesús Zambrano, Silvano Aureoles, Miguel Barbosa, Dolores Padierna y Alejandra Barrales, y el exregente capitalino Manuel Camacho Solís, actual senador por el Movimiento Ciudadano. De última hora los cinco senadores del PT decidieron no acudir al encuentro.
Ambas fuerzas acordaron que el bloque legislativo tendrá como objetivo “ser un contrapeso contra excesos de autoritarismo que pretendan una regresión a prácticas absolutistas” y que no sólo será para el tema de la reforma laboral sino “para todo el siguiente sexenio”, según Gustavo Madero, dirigente nacional panista.
Entrevistados por Proceso, algunos de los asistentes consideraron que es importante la formación de esta alianza porque “al PAN ya no lo condenan como partido a estar adherido a Peña Nieto, a pesar de los acuerdos con Calderón”, mientras que “el PRD ya no se limitará a ser una oposición testimonial y podrá incidir en las iniciativas legislativas”.
Al PAN le interesa especialmente la alianza en materia de anticorrupción, mientras que el PRD buscará incidir para frenar una reforma energética, tal como la ha planteado el equipo de Peña Nieto.
La formación de ese bloque se gestó en el Senado cuando la exasambleísta capitalina Alejandra Barrales y el exsecretario del Trabajo calderonista Javier Lozano, ambos secretarios en la Comisión del Trabajo presidida por el priista Ernesto Gándara Camou, comenzaron una serie de negociaciones para cambiar la minuta de la reforma laboral proveniente de la Cámara de Diputados.
Al PAN le interesaba incorporar los temas de transparencia y democracia sindical que fueron eliminados en la votación de San Lázaro, mientras el bloque de legisladores de izquierda, si bien votaron en contra de la reforma, en lo general acordaron impulsar los temas de Acción Nacional, a cambio de que se aprobara el artículo 388 bis.
El bloque opositor provocó que fracasara la operación política planeada por Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del PRI, para que la minuta se aprobara “en sus términos”, sin ninguna modificación.
Distintos legisladores y testigos de la negociación confirmaron a Proceso que Gamboa se concentró en convencer, mediante dinero y prebendas como el reparto de comisiones, a los senadores del PT y a otros legisladores para que no se unieran al bloque PAN-PRD. Fueron cuatro votos clave que modificaron la correlación de fuerzas en el Senado.
La alianza también generó inconformidad entre los representantes empresariales. Una semana antes de que se votara en el Senado, el dirigente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, y el abogado empresarial Tomás Natividad, presionaron a los legisladores del PRD y del PAN para que aprobaran la minuta proveniente de la Cámara de Diputados “sin modificar una sola coma”.

Tribunal ciudadano enjuicia a Felipe Calderón


Enrique Calderón Alzati
Luego de varios artículos orientados a promover la realización de un juicio ciudadano con el que los miembros de la sociedad mexicana se definan en torno a la gestión de Felipe Calderon Hinojosa como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, un número creciente de compatriotas se ha unido a esta convocatoria haciéndola suya, lo cual, luego de algunas reuniones e intercambios de mensajes por Internet o vía telefónica, ha hecho posible la creación de un tribunal ciudadano, que ha comenzado a operar como una red social, utilizando básicamente el portal www.tribunalciudadano.mx

Es importante mencionar que se trata de un esfuerzo ciudadano incluyente convocando a la ciudadanía a participar como jurado, mediante su voto de respaldo o de inconformidad al veredicto que está elaborando un grupo de trabajo voluntario, a partir de las demandas y acusaciones recibidas de l@s mexican@s, que de manera expresa se sienten agraviadas por las acciones y políticas instrumentadas por el gobierno de la República, o que piensan que el Presidente debe ser demandado en forma especifica por su actuación al frente del gobierno.

Para inscribir cada una de estas demandas o acusaciones es necesario seleccionar un tema o concepto del catálogo de conceptos que puede ser consultado en la página del tribunal, describiendo su demanda y dando algunas pruebas que sustenten la demanda o acusación. Hasta el día de ayer se tenían registradas 12 demandas provenientes de cinco entidades de la República: Veracruz, Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco y Puebla.

Con ellas, el grupo de trabajo ha comenzado a preparar el veredicto que deberá ser presentado a la opinión pública el 12 de noviembre próximo, para someterlo a la sociedad mexicana en su conjunto, para que ésta exprese su aceptación o rechazo al veredicto, actuando como jurado del tribunal ciudadano. Esta consulta habrá de realizarse desde el 12 hasta el 18 de noviembre próximos, y de ser aceptado y apoyado el veredicto por la mayoría de los participantes de este jurado, se procederá a difundirlo a los medios de comunicación mediante una reunión celebrada para tal fin el 19 de noviembre.

Por ello, hacemos una segunda invitación a quienes deseen participar libremente en este proceso, nos lo indiquen registrándose como jurados del proceso en la sección de registro al jurado en nuestra misma página www.tribunalciudadano.mx.

Tomando en cuenta que este es un derecho y un mandato que nos indica con claridad la Constitución vigente de la República, el proceso conlleva un aprendizaje social y esta es quizá su mayor importancia y trascendencia para el futuro. Por ello, necesitamos que el esfuerzo trascienda con una participación masiva y, por ello, más numerosa que la que hasta hoy ha estado participando. Es importante mencionar que para participar como jurado, no es necesario tener conocimientos de leyes, sino exclusivamente ser ciudadan@ mexican@, leer previamente el veredicto del tribunal y estar interesado en que Felipe Calderón sea juzgado y demandado por los daños causados a la nación.

De manera específica, es importante que una vez terminado de elaborar el veredicto y de su presentación en este portal, (lo cual está programado para el 12 de noviembre) tengamos un número importante de ciudadanos votando, para dar a conocer a la sociedad el resultado del cómputo de votos en favor y en contra. Cuanto mayor sea el número de ciudadanos participantes con su voto, y los votos provengan de todos los estados de la República, y aun de ciudades de otros países donde viven actualmente, su impacto será mayor y dejará un mensaje más claro de que la impunidad que han tenido los mandatarios hasta ahora no sucederá más.

Por ello, los varios cientos de ciudadanos que estamos comprometidos en este esfuerzo solicitamos tu apoyo registrándote como miembro del jurado de manera que, desde ahora, podamos saber cuántos votos esperamos tener al final del juicio. Para registrarte como ciudadano miembro del jurado, sólo debes conectarte a la sección Registro del Jurado y escribir los datos del formulario, los cuales son enteramente confidenciales y tienen como fin saber cuántos somos y en qué ciudad nos ubicamos.

Nuestra meta actual es lograr la participación con su voto de varios miles de ciudadanos que pasan a formar parte del jurado para este tribunal ciudadano, cuyo fin es establecer el precedente de que al final de cada periodo de gobierno los ciudadanos podamos expresar nuestra opinión colectiva sobre el desempeño de los presidentes de la República, haciendo de este instrumento un referente de apoyo o condena de las acciones realizadas y a las políticas establecidas por cada gobernante.

Por experiencia personal de cada uno de los que participamos en este esfuerzo, independientemente de a quien hayamos dado nuestro voto para ocupar la primera magistratura del país en el próximo periodo de gobierno, que está por iniciarse, sabemos que la opinión generalizada de los ciudadanos, es que el señor Felipe Calderón ha representado uno de los gobiernos más nefastos e irresponsables que ha tenido el país, y que no obstante la dimensión de sus omisiones y acciones de incitación a la violencia, de invitación a las prácticas de corrupción entre los funcionarios públicos, de violación de la Constitución por el uso ilegal de las fuerzas armadas, de violación sistemática de las garantías individuales y de haber puesto en riesgo la soberanía nacional con sus acuerdos con gobiernos extranjeros para que sus agentes operen en el territorio nacional y que empresas extranjeras realicen operaciones en nuestro territorio, acciones prohibidas por la Constitución, todo lo cual configura delitos mayores, el señor saldrá de la Presidencia para retirarse a la vida privada, para vivir plácidamente con una pensión que le será proporcionada por el gobierno, y aun con aspiraciones para seguir incidiendo en la vida pública, como sucede actualmente con Carlos Salinas de Gortari, lo cual nos es francamente inaceptable.

Por ello, y considerando que esto no debiera repetirse, consideramos que esta acción de enjuiciar su conducta desde la sociedad civil abrirá el camino para que los presidentes de la República y así mismo otros funcionarios públicos, como los gobernadores de los estados, sean enjuiciados públicamente por sus acciones, y sepan que los tiempos de la impunidad han terminado para ellos.

La Jornada

La insurrección de los priistas

EN:ARTICULISTAS FECHA:3 NOVIEMBRE, 2012


Reforma laboral: no se puede defender lo indefendible
Martín Esparza Flores
Si los legisladores del PRI que levantaron la mano para aprobar la contrarreforma laboral pensaron que sus correligionarios se iban a cruzar de brazos, están muy equivocados; la insurrección de los militantes del tricolor en su contra ya se está gestando y con sobradas razones pues nadie, con dos milésimas de sentido común, puede aceptar que tal agresión a los trabajadores y a los sindicatos sea aprobada por quienes, en sus documentos básicos, dicen ser defensores del pueblo.
Si analizamos lo que establecen los principios ideológicos del PRI, que regresará a Los Pinos el próximo diciembre, podemos observar que en su capítulo III, donde se establece su “Compromiso con la Igualdad y los Derechos Sociales”, en su punto 72, señala: “El mayor reto que tenemos los mexicanos como nación es abatir la pobreza y la desigualdad que obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos sociales establecidos en la Constitución, e impide a millones de personas acceder a los beneficios del desarrollo”.
En el punto 73, se dice: “En el PRI, ratificamos nuestro indeclinable compromiso en la defensa de las conquistas sociales. No aceptaremos, bajo ninguna circunstancia, retroceder en los derechos constitucionales en materia de educación, salud, trabajo, campo, equidad de género y justicia para los indígenas”.
Y en su punto 75, dejan establecido: “Tenemos la convicción de que para avanzar en la disminución efectiva de las desigualdades sólo podremos lograrlo con un desarrollo económico distributivo más acelerado y perdurable, que genere empleos formales mejor remunerados para que los trabajadores y sus familias puedan mejorar sus condiciones de vida”.
La pregunta que se hacen con toda razón no sólo los militantes del tricolor sino los mexicanos que les refrendaron su confianza en julio pasado es: ¿cómo van a cumplir con sus compromisos establecidos en sus documento básicos con una reforma laboral como la que aprobaron en el Congreso de la Unión? Su contenido, y no podrán negarlo los legisladores de ese partido, es todo lo contrario a sus postulados partidistas.
Ahora que organizaciones adherentes al PRI, pertenecientes a la CTM y al Congreso del Trabajo (CT), se han dado cuenta de las gigantesca pifia política y legislativa que cometieron sus diputados y senadores, se prepara una auténtica rebelión para echar atrás los destrozos no sólo ideológicos sino legales que se cocinaron al más puro estilo panista en ambas cámaras.
Por ello, ya hay acuerdos como la celebración de la Primera Convención Nacional de Trabajadores contra la Reforma Laboral, pactándose las acciones a seguir para echar abajo este atentado en contra de millones de mexicanos; además, y de manera conjunta,  en lo que será un hecho histórico,  se verán juntos en marchas, plantones y otras estrategias a realizar a sindicatos independientes y del CT, convocándose además a una gran consulta a los trabajadores para estallar la huelga nacional el próximo 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana.
La molestia generalizada es por demás evidente pues, con la legalización de las outsourcings y los contratos de prueba, la sindicación está herida de muerte y con ello el futuro de muchos sindicatos corporativos con los que por muchos años el PRI cimentó su sector obrero.
Por donde quiera que se le vea, la reforma laboral es un claro retroceso a los derechos ya adquiridos por la clase trabajadora. No se puede defender lo indefendible y eso lo saben perfectamente las propias organizaciones priistas que ahora tomarán por asalto las calles y plazas públicas ante la traición cometida por sus representantes en el Congreso, los que ahora, seguramente, ya no sabrán dónde esconder la cabeza. Avestruces legislativas, para ser exactos.

PRD duda del censo de la CFE

Viernes 02 de noviembre de 2012
Carina García | El Universal

Diputados locales expresaron sus "sospechas" en torno a la efectividad en los metodos de medición del consumo de energía que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que anticiparon que no aprobarán mayores recursos para el pago requerido a las delegaciones. "No podemos tomar decisiones sobre las rodillas pensando que vamos a darle a la CFE lo que pida", dijeron los diputados Esthela Damián, Efraín Morales y Daniel Ordoñez, del PRD, al referirse al incremento de hasta 100 % que sufrirán algunas demarcaciones en el cobro de luz por alumbrado público.
Entre las cifras ofrecidas por Damián Peralta, y que fundamentan la suspicacia sobre los montos cobrados por la pararestatal, están los resultados emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2010 en el apartado sobre la facturación de energía en el Valle de México. El reporte oficial indica que 17.5% del consumo se facturó con base en estimaciones, "lo que significa que no corresponde a la lectura real de medidores", afirmó la legisladora. Todo esto pone en evidencia las deficiencias en la facturación, cobro y aplicación de tarifas que realiza la CFE, "por lo que la posibilidad del aumento genera suspicacias por los antecedentes negativos de la paraestatal, dijo.

viernes, 2 de noviembre de 2012

Dan inicio juicios internacionales a Calderón


Dan inicio juicios internacionales a  Calderón

Mexico rojo - Sábado, 03 de noviembre de 2012

Es muy posible que antes de que concluya su administración, Felipe Calderón conozca  si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional acepta abrir el juicio en su contra por los crímenes de guerra y lessa humanidad cometidos a lo largo de su sexenio en el marco de la “guerra” contra los cárteles de la droga. Antes de concluir este año, la Corte Penal Internacional resolverá si acepta la petición de enjuiciar al todavía inquilino de Los Pinos y a los integrantes de su gabinete de seguridad.

Hace casi un año, el jurista mexicano Netzaí Sandoval entregó al fiscal de la CPI, Luis Moreno, un expediente en el que se acusa los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante el último sexenio, con la intención de que se abra una línea de investigación. En el mes de marzo de este año, la CPI difundió que no se declaró improcedente dicha solicitud y que analizaba el documento que respaldan un grupo de abogados, activistas y periodistas, quienes piden un juicio penal internacional contra Calderón; Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública; Guillermo Galván Galván, secretario de Defensa; Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina, y contra el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre otros.

Sólo con abrir el análisis preliminar sobre el caso mexicano, la Fiscalía señalaría la responsabilidad de la administración calderonista respecto a los más de 70 mil civiles asesinados –otros datos arrojan más de 90 mil-, 13 mil desaparecidos, 250  mil desplazados, 30 mil infantes enrolados en los cárteles de la droga, decenas de torturados en cuarteles militares y de “falsos positivos”, que son inocentes asesinados por militares y policías federales presentados como delincuentes. 

Felipe Calderón, cuya posición es más frágil ahora porque va a dejar el poder, no podrá alegar inmunidad presidencial por los que denomina “daños colaterales” de su guerra contra los narcos, toda vez que el artículo 27 del Estatuto de Roma –que rige la actuación de la Corte Penal Internacional- prevé la improcedencia (por fuero) del cargo oficial para evitar el proceso.

Será en el mes de diciembre cuando la Fiscal Fatou Bensuda decida el rumbo de la denuncia. Las preocupaciones de Calderón sobre el caso no son menores: en su oportunidad, la revista “Proceso” dio a conocer que el michoacano movilizó a elementos del cuerpo diplomático para “disolver la demanda”. Para eso se designó en la Embajada de México en los Países Bajos a dos de sus más fieles amigos para que lo protejan de “los golpes jurídicos que están por llegar”. Entre ellos se encuentra Eduardo Ibarrola Nicolin, abogado penalista egresado también de la Escuela Libre de Derecha, perdón, de Derecho.

Al igual que decenas de miles de mexicanos que han firmado esa demanda, estamos a la espera de lo que determine la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Boletín de Prensa Convención Nacional Sindical

  • La Convención Nacional Sindical en Defensa de las Conquistas Laborales fue exitosa.
  • En el Monumento a la Revolución miles de trabajadores acordaron una Declaración Política y Plan de Acción en contra de la Reforma Laboral.
  • La próxima semana las Direcciones de las organizaciones adherentes a la Convención precisaran sus acciones.
El Plan de Acción acordado por la Convención Nacional Sindical en Defensa de las Conquistas Laborales —que incluye mítines informativos, difusión en redes sociales y en centros de trabajo, hasta la posibilidad de un paro en todo el país—, está comenzando a concretarse. Anunciamos que para terminar de definirlo el próximo miércoles 7 de noviembre se reunirá la instancia de coordinación nacional, en la que las dirigencias de los sindicatos, federaciones y centrales que decidieron una histórica acción unitaria frente a la contrarreforma laboral pondrán en marcha la movilización nacional.
La Convención Nacional Sindical en Defensa de las Conquistas Laborales logró articular a un amplio abanico de fuerzas del sindicalismo, como no había sucedido en décadas (Frente Sindical Mexicano, Unión Nacional de Trabajadores, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Confederación Regional Obrera Mexicana, Confederación Obrera Revolucionaria, Congreso Laboral del Estado de México; de sindicatos como el Mexicano de Electricistas, de Telefonistas de la República Mexicana, de Mineros, del Único de Trabajadores del Distrito Federal, entre muchos otros), que se comprometió a trabajar de manera conjunta para impedir la servidumbre de los trabajadores que se quiere disfrazar como competitividad.
En momentos en que se insiste en la imposición en el actual periodo legislativo de una reforma que lesionaría gravemente los derechos sociales y laborales de la clase trabajadora, los dirigentes que participaron en la Convención coincidieron en que “los sindicalistas mexicanos no aceptamos ni aceptaremos que la aprobación de la contrarreforma laboral sea un hecho consumado. Todavía es tiempo de actuar para detenerla o revertirla”.
En la declaración rubricada por las organizaciones asistentes a la Convención se señala que “de consumarse esta reforma los patrones tendrán las manos libres para contratar y despedir a su antojo, para expandir la simulación perversa de la tercerización, para contratar por hora de acuerdo a su conveniencia y, en pocas palabras, para eliminar la estabilidad en el empleo, fomentar la precarización del trabajo y socavar tanto la contratación colectiva como la organización autónoma de los trabajadores.
Agrega que “en lugar de poner un alto a las reiteradas violaciones patronales de los derechos laborales, se les encubre cambiando la ley. Legalizar lo ilegal es la divisa de una reforma que de ninguna manera impulsará el crecimiento del país y mucho menos el empleo digno; por el contrario, con ella se profundiza la tendencia de convertir a México en el paraíso del trabajo precario, por medio de la reducción extrema del costo de la mano de obra”.
Ante miles de asistentes concentrados el pasado miércoles 31 de octubre en el Monumento a la Revolución, se afirmó que las y los trabajadores exigen unidad a sus organizaciones; por ello los convocantes a la Convención refrendaron su empeño en trabajar unitariamente para impedir que reivindicaciones legítimas como mayor democracia y transparencia en los sindicatos sea utilizada como moneda de cambio para consentir la reducción o eliminación de derechos laborales fundamentales, hoy en peligro con la reforma laboral.
Frente a esto, la Convención preguntó a los legisladores que promueven la reforma: “¿Cómo pueden hablar de democracia cuando en unos cuantos días, sin que mediara la más mínima consulta con los trabajadores y sus organizaciones, se pretenden eliminar las conquistas históricas, sociales y sindicales contenidas en nuestra Carta Magna, las que fueron producto de la primera revolución social del siglo XX?
Se reiteró la relevancia de la amplia unidad en este momento crucial. “Las diferencias que nos han distanciado en el pasado pasan a segundo término frente a la magnitud del reto que enfrentamos”, que va más allá de la reforma laboral, para asegurar la defensa irrestricta de las conquistas históricas y legítimas de las y los trabajadores y, en consecuencia, se convino un plan de acción.
Éste plantea la integración de una instancia coordinación de dirigentes que se encargará de instrumentar y precisar las acciones a seguir, la cual se reunirá el próximo miércoles. Además de una campaña de difusión masiva, se contempla realizar una Gran Marcha Nacional en un día domingo (por definir), a la que acudirán los trabajadores y sus familias, la que se llevará a cabo en la Ciudad de México y en las principales localidades del país.
Se realizará, asimismo, una amplia consulta nacional entre los miembros de nuestros sindicatos para definir si el próximo 20 de noviembre se realiza un paro o huelga nacional. La Jornada Nacional de protesta podrá incluir otras acciones como la distribución de volantes, la realización de mítines relámpago, efectuar marchas en las principales plazas públicas, colocación de mantas y pancartas en los centros de trabajo y vía pública, etc.
Las organizaciones, sindicatos y confederaciones que se han unido hasta el momento en la gran Convención Nacional Sindical con:
Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Frente Sindical Mexicano (FSM), Sindicato Mexicano de Electricistas (SME),  Sección XVIII del SNTE-CNTE, Confederación Regional Obrera de México (CROM), Confederación Obrera Revolucionaria (COR), Consejo Laboral del Estado de México (CLEM), Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF),  Sindicato Nacional de  Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS), Confederación de Obreros, Campesinos y Empleados de México (COCEM), Confederación Obrera de México (COM), Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Federación de Sindicatos de Trabajadores de los Gobiernos de los Estados, Municipios e Instituciones Descentralizados de los Estados Unidos Mexicanos (FESTEM), Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (S.U.T.E.Y M.), Federación Revolucionaria de Empleados y Trabajadores (FRET), Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG), Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Alianza de Tranviarios de México (ATM) Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Educación Profesional Técnica (SUTCONALEP) Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN) Sindicato de Trabajadores de la Honorable Cámara de Senadores (STHCS) Sindicato Democrático de Trabajadores de la Procuraduría Social del Distrito Federal (SDTPSDF) Asociación Sindical de Trabajadores de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (ASTTFJFA) Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal (STPJDF) Sindicato de Empleados Públicos de Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEPSIAPA) Sindicato Autónomo de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SATEV), Asociación Sindical de los Trabajadores del Instituto de Vivienda del Distrito Federal (ASTINVI), Sindicato Democrático de Bomberos Jalisco (SIDEBOJA) Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Desarrollo Social (SNTSEDESOL), Sindicato Nacional de Trabajadores de Aviación y Similares (SNTAS), Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS), Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), Trabajadoras de Avón (COSMOGAR), Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado Municipios y Organismos Paraestatales, (SUTSEMOP) Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo (SUTUACH), Sindicato Democrático del Heroico Cuerpo de Bomberos (SDHCB), Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación del Estado de Tabasco (SITET), Sindicato Democrático de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula (SDITSTE), Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaria de Seguridad Pública Federal (SITSSPF), Federación de Trabajadores del Distrito Federal (FTDF), Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM), Federación General de Trabajadores del Estados y los Municipios (FGTGM), Departamento II del Instituto Politécnico Nacional 12 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Zacatenco (D-II-IPN-12-ESIME-Z).