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martes, 7 de mayo de 2013

Espera el SME propuesta de solución al conflicto

* El jueves, diálogo en Gobernación


Periódico La Jornada
Martes 7 de mayo de 2013, p. 17
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) espera que los representantes del gobierno entreguen, en la mesa de diálogo de este jueves en la Secretaría de Gobernación, su propuesta para solucionar el conflicto laboral que tiene poco más de tres años de existencia.

Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior de la agrupación sindical, comentó que los casi 17 mil trabajadores en resistencia están a la expectativa de que en la negociación política se resuelva su reinstalación, la jubilación de algunos de ellos y que también se libere a Jorge Ulises Gaona, preso desde 2011.

Estamos a la espera de que en la propuesta de las autoridades se sienten las bases para una solución definitiva al conflicto del SME, como se comprometió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la cual tendrá que llevarse a la asamblea permanente del sindicato para someterla a consideración de los trabajadores, dijo por vía telefónica.

La dirigencia sindical demanda que se respeten los derechos de los más de 21 mil jubilados del gremio; reconozca y garantice el derecho de jubilación para los electricistas que al momento de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) ya tenían antigüedad para pensionarse, y que se reincorpore a un empleo en el sector eléctrico a los trabajadores en resistencia, específicamente en las actividades sustantivas que estos realizaban hasta antes del decreto de extinción de la empresa LFC.

Montes de Oca dijo que el titular de la SG designó a Luis Enrique Miranda, subsecretario de Gobierno, como el responsable de definir la propuesta y llegar a un acuerdo por la vía política, pues en el ámbito jurídico, está la denuncia interpuesta por el SME ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revocó el amparo en favor del sindicato; además está el reconocimiento del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de un adeudo por 326 mil millones de pasivos laborales a los electricistas.

La Jornada

lunes, 6 de mayo de 2013

Convocatoria a toda la Resistencia SME


Hoy a las 17:00hrs en el auditorio Breña Alvírez del SME.
Presenta tu testimonio sobre la violación de tus Derechos Humanos a partir de la Extinción de Luz y Fuerza del Centro.


domingo, 5 de mayo de 2013

Europa: Presión política para que Peña respete derechos laborales

3 DE MAYO DE 2013

BRUSELAS (apro).- El panorama de los derechos laborales en México ha generado tal grado de preocupación que sindicatos internacionales han decidido movilizarse para denunciar al gobierno mexicano y apoyar a los trabajadores del país.
Como parte de esa movilización mundial, una delegación del sindicato global IndustriALL, con sede en Ginebra, Suiza, prepara un viaje a México para entrevistarse con el presidente Enrique Peña Nieto y exhortarlo a que cumpla con las convenciones internacionales en la materia y con las recomendaciones dirigidas a las autoridades del país por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Más aún, esa asociación sindical —que dice contar con 50 millones de trabajadores adherentes de la industria minera, energética y de la manufactura en 140 países— está en pláticas con la OIT para que representantes suyos se unan a la delegación, afirma el brasileño Fernando Lopes, secretario general adjunto de IndustriALL en Ginebra, quien prevé que esa visita a México se realice “en julio o agosto”.
En declaraciones a Apro, Lopes cuestiona la nueva Ley Federal del Trabajo —promulgada el 1 de diciembre de 2012— que, a su juicio, empeoró todavía más la situación de los derechos laborales de los mexicanos. “No vemos ningún indicio de que haya una intención seria en el gobierno de Enrique Peña Nieto de cambiar las cosas, que hoy permiten la subsistencia de un ‘sindicalismo charro’ que acepta contratos de protección empresarial”, denunció el dirigente sindical.
IndustriALL exige que se derogue tal legislación, pues fomenta el despido de activistas sindicales, aumenta la subcontratación y conduce a la expansión masiva del empleo precario.
El gobierno de México —acusa Lopes— no ha cumplido hasta ahora con la implementación de las recomendaciones que emitió la OIT hace dos años, y que derivaron de una queja que el 5 de febrero de 2009 presentó, a nombre de varios sindicatos, la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (IMF, por sus siglas en inglés), que es miembro de IndustriALL.
Esa queja fue la primera que se introdujo ante la OIT —específicamente ante su Comité de Libertad Sindical— contra el gobierno mexicano. En ella se solicita a la OIT “condenar la violación sistemática del derecho de asociación; emplazar a las autoridades del país a adoptar correctamente la Convención 87 de la OIT dentro de la ley nacional, y promover las relaciones democráticas en las relaciones industriales en México”, según explicó en ese momento el presidente de la IMF, Jürgen Peters, presidente también del poderoso sindicato alemán IG Metall.
El 29 de marzo de 2011 el Comité de Libertad Sindical de la OIT emitió un informe en el que recomendó al gobierno del entonces presidente Felipe Calderón que sostuviera un “diálogo social constructivo” con los sindicatos para examinar cuestiones relativas a las cláusulas de seguridad sindical y de representatividad mínima de los sindicatos para poder negociar colectivamente, así como las alegaciones sobre la falta de imparcialidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la excesiva duración de sus procedimientos.
Ese diálogo tenía que incluir aquellas organizaciones sindicales que interpusieron la queja ante la OIT: la IMF, la Confederación Sindical Internacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), así como el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, Acero, Hierro, Conexos y Similares (STIMAHCS) y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), estos dos últimos afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) de México.
Asimismo, el comité de la OIT instó al gobierno mexicano a tomar “medidas legislativas en el corto plazo” que fortalecieran “la protección contra las prácticas antisindicales, que están violando los principios de la negociación colectiva”.
En junio de 2012, el Consejo de Administración de la OIT, uno de los órganos superiores, aprobó tales recomendaciones de su comité. El 9 de julio de 2012 el secretario general de IndustriALL, el finlandés Jyrki Raina, acusó:
“El gobierno mexicano clama que respeta los derechos laborales fundamentales, incluyendo la libertad de asociación, pero su fracaso para tomar cualquier paso real para cambiar el sistema de los contratos de protección, que sistemáticamente minan la independencia sindical para organizarse, prueban otra cosa”.
En octubre de 2011 y febrero de 2012, los sindicatos demandantes incluso transmitieron cartas al presidente Calderón, en donde urgían que tomara las acciones correspondientes, pero eso nunca ocurrió.
Por esa razón, entre el 19 y el 25 de febrero de 2012 el consejo de la organización Global Unions —de la que forman parte, entre otras federaciones sindicales mundiales, IndustriALL y la Confederación Sindical Internacional— realizó una campaña de acción global sin precedente, en la que se exigió al gobierno mexicano que concretara las recomendaciones de la OIT y que hiciera algo para terminar con la violación de los derechos laborales.
“Para nosotros, la demanda que interpusimos en la OIT sigue vigente”, recalca Lopes a Apro, y agrega que las intervenciones de ese organismo reflejan una “condena muy fuerte contra México”.
Sin embargo, reconoce el sindicalista, el problema es que la OIT no cuenta con facultades para obligar a los Estados a cumplir con sus resoluciones, por lo que “la única forma de hacerlo es ejercer una presión internacional”.
“Por eso —recalca Lopes— estamos discutiendo con la OIT el envío de una misión a México de sindicalistas, de las federaciones y confederaciones mundiales, para reunirnos con Peña Nieto y discutir y presionar; porque sólo la presión política sobre el gobierno de México puede hacerlo actuar, pues no existen instrumentos internacionales que lo obliguen.”
—¿Están en pláticas con la OIT para que representantes suyos se unan a esta misión a México?
—Así es.
Movilización inédita
Dado que el gobierno de Peña Nieto persiste en el incumplimiento de las recomendaciones de la OIT, la Confederación Sindical Internacional e IndustriALL lanzaron una nueva campaña de denuncia y de presión internacional —bajo el eslogan Días de Acción México—, la cual tuvo lugar del 18 al 24 de febrero pasados.
Como lo informó Apro, durante esa movilización sindicatos de todo el mundo solicitaron a la administración priista que ponga fin al uso de los contratos de protección impuestos por el empleador; que derogue las leyes del trabajo promulgadas el 1 de diciembre de 2012 y que haga justicia a las familias de los 65 mineros muertos en la mina Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006.
También exigieron al gobierno federal que “readmita a los activistas sindicales despedidos ilegalmente” —como consideran que ocurrió en los casos del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), PKC, Vidriera de Potosí/Grupo Modelo, Honda y Calzado Sandak/Bata— y que “permita la celebración de elecciones libres y justas”, en concreto en las empresas PKC, Excellon, Honda y Atento.
Una fuente de la Confederación Sindical Internacional —que pidió no ser citada para no saltarse las normas de comunicación interna— señaló en esa ocasión que el gobierno mexicano viola el artículo 87 de la OIT sobre libertad sindical y protección del derecho a la sindicación, además de que México es uno de los pocos países del mundo que no ha ratificado el Convenio 98 de la referida organización, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva.
Como parte de esa campaña, la Confederación Sindical Internacional —que se presenta como la mayor organización sindical del planeta con 175 millones de trabajadores agremiados de 156 países— entregó en la embajada mexicana en Bruselas una carta dirigida a Peña Nieto en la que expresa su “profunda preocupación” por las “graves violaciones” a los derechos laborales que se cometen “sistemáticamente” en el país.
La australiana Sharan Burrow, presidenta de esa confederación, dice al presidente priista en esa misiva que la administración de Calderón le heredó “graves conflictos laborales” cuya solución aún está pendiente; el más reciente de ellos, “la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar los despidos ilícitos de 16 mil 599 trabajadores del SME”. Burrow hace un llamado a Peña Nieto “para que rectifique esta injusticia reintegrando a los trabajadores a su puesto de trabajo”.
A tal movilización se sumaron federaciones sindicales de países tan lejanos como Japón, Rusia o Sudáfrica, además de Suecia, Noruega, República Checa, Argentina, Uruguay o Brasil, que en algunos casos también entregaron comunicaciones en las respectivas representaciones diplomáticas mexicanas.
El 21 de febrero, Christine Olivier, la vicepresidenta del sindicato sudafricano Numsa, dijo a 200 de sus compañeros que protestaron frente a la embajada mexicana en Pretoria: “Nos hemos reunido aquí en solidaridad con nuestros compañeros en México, a quienes se les niegan sus derechos como trabajadores y como seres humanos a asociarse y organizarse en sindicatos democráticos controlados por los trabajadores, y sin represalias”.
Y las alertas internacionales continúan. El pasado 17 de abril, IndustriALL emitió un boletín de prensa en apoyo de los trabajadores en México de la empresa automotriz japonesa Honda, que un día antes comenzaron un paro indefinido en la planta de El Salto, Jalisco.
A pesar de un aumento en la productividad en 2012, la empresa disminuyó la participación de los trabajadores en el reparto de utilidades, que, según el sindicato, debía subir 60%. Además, la dirección de Honda México se niega a negociar con el Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda México (STUHM), al que sostienen los trabajadores, y sólo quiere hacerlo con el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Estructura, Armadura Motriz y Manufactura Industrial (SETEAMI), el cual está afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y al que se acusa de estar coludido con la dirección empresarial.
Eso no es todo, ya que el 25 de marzo último murió el trabajador Armando Arana, prensado por un contenedor mientras pintaba una rampa. Arana tenía 14 años de antigüedad en la empresa y había reclamado en varias ocasiones las malas condiciones de seguridad en las que hacía su trabajo, por lo cual, señala el boletín de IndustriALL, el personal directivo de la empresa lo hostigaba.
José Luis Solorio, secretario general del STUHM, explica en ese comunicado que a Arana “se le ordenó junto con otros compañeros que pintaran las rampas de desembarque en la planta de motos. Para ello debían mover algunos contenedores y, en un espacio de aproximadamente un metro, pintar de amarillo las rampas”.
“Los trabajadores —continúa Solorio— pidieron a la empresa señalizaciones de seguridad para evitar accidentes, dado que era un lugar de carga y descarga de contenedores. Pero les respondieron que no era necesario y que realizaran el trabajo o si no que sería despedido quien se negara o protestara.”
El pasado jueves 2 el vicepresidente ejecutivo de Honda Motor, Tetsuo Iwamura, anunció que el corporativo invertirá 470 millones de dólares en la construcción de una nueva planta en Celaya, Guanajuato, la cual generará, dijo, mil 500 empleos directos.
El anuncio se llevó a cabo en las oficinas de la Secretaría de Economía en presencia de su titular, Ildefonso Guajardo; el encargado de despacho de ProMéxico, Alejandro Delgado; el embajador de Japón en México, Shuichiro Megata, y el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, de acuerdo con una nota del portal Mexican Business Web.

La CFE “siembra” quejas por todo el país

5. mayo, 2013 Martin Esparza

Millones de usuarios de la energía eléctrica en todo el territorio nacional están a la espera de una voz que los guíe y oriente para encauzar su justificado descontento por los altos cobros en sus recibos de luz y el pésimo servicio que viene prestando, a través de empresas contratistas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no únicamente en las entidades de la zona centro (antes atendida por Luz y Fuerza del Centro), sino en el resto del país.

 
 
Fue éste uno de los más persistentes descontentos recopilados a lo largo de la Caravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador, organizada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que partió del Distrito Federal y que culminó el pasado miércoles 24 de abril con un trascendente evento realizado en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas. A lo largo de siete estados, el SME se convirtió de manera natural en el catalizador de un descontento social al que las autoridades han ignorado desde hace 3 años y medio, en que se aplicó el ilegal decreto de extinción que dejó sin empleo a 44 mil trabajadores.
 
Sin duda, una jornada agotadora, pero fructífera, la verificada en 14 ciudades del país, donde la gente salió al encuentro del movimiento de resistencia civil y pacífica de los electricistas para denunciar los mil y un abusos cometidos por la antes llamada, durante el sexenio de Calderón, “empresa de clase mundial”. Una y otra vez se repitió la protesta: “Nosotros contratamos con ustedes, no con CFE, y a ellos no los vamos a dejar entrar a nuestras colonias”.
 
Un enojo que se ha transformado, a fuerza de repetidos abusos, en verdadera resistencia civil, y que ha obligado, ante la negativa de los usuarios, permitir los cortes desde sus medidores y a que los contratistas de la Comisión Federal de Electricidad realicen las interrupciones del servicio desde los postes, creyendo que con esto obligarán a la gente a pagar los estratosféricos adeudos. Sin embargo, tan arbitraria y baja acción ha terminado por establecer un grito de guerra en defensa de su derecho constitucional a la prestación del servicio: “aquí no entra más la CFE”, advierten miles de colonos y habitantes de diversas comunidades, cansados de los altos cobros y del pésimo servicio.
 
Lo mismo en municipios conurbados y altamente poblados, como Ecatepec (Estado de México), Tulancingo o Tepeji del Río (Hidalgo), la gente, el pueblo, la sociedad en su conjunto recibió con buen talante al SME; escuchó las razones del porqué realizar una Caravana por media República para demostrar a la opinión pública nacional e internacional las violaciones jurídicas cometidas en contra de los trabajadores electricistas, a los que pese a haber obtenido una sentencia a su favor para ser reinsertados laboralmente en la CFE como patrón sustituto, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la revocaron.
 
La gente no sólo escuchó atenta todos y cada uno de los planteamientos, sino que se hizo partícipe denunciando los abusos cometidos en su contra al tomar el micrófono y fundirse como sociedad a las demandas del SME. En un mitin realizado en Tepeji del Río, por ejemplo, resultó emblemático que un integrante del cuerpo edilicio de ese municipio hablara por sí mismo a favor del SME, y denunciara el uso de la fuerza pública federal, por parte de la CFE, para obligar a humildes colonos del fraccionamiento La Romera a pagar una inexistente deuda de 155 mil pesos.
 
También las constantes fallas y el pésimo servicio que prestan las empresas contratistas a la supuesta “empresa de clase mundial”, es otro de los problemas más sentidos que enfrentan miles de usuarios no sólo en la zona centro, sino en el resto del país, como quedó de manifiesto en los actos organizados en ciudades como Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo. El común denominador es una empresa que parece estar abriendo las puertas a la privatización del sector eléctrico al permitir que los constantes apagones no sólo ocasionen pérdidas a la industria y al comercio, sino que además consienta la operación de una infraestructura eléctrica fuera de norma. Los recibos impagables son lo mismo para los servicios domésticos como para la industria, el ramo del comercio y la prestación de servicios.
 
Por doquier aparecen las pruebas de que con la complicidad de los líderes charros del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, como Víctor Fuentes del Villar, las compañías contratistas han desplazado de la materia de trabajo a los propios trabajadores sindicalizados, lo que muestra la regresión de sus derechos laborales.
 
Debemos citar que en el Norte del país la propia CFE reconoce que existe la amenaza de estar operando al límite de su capacidad, con lo que se reafirma que se preparan las condiciones para justificar la reforma energética que tanto anhelan las empresas trasnacionales, que ya se han adueñado de más del 50 por ciento de la producción de energía en el país, y ahora van por todo.
 
En cada uno de los sitios donde el SME elevó su denuncia ante la sociedad, se expresó la solidaridad con la lucha que otros gremios han librado en los últimos años, también en la búsqueda de justicia, como sucedió en Saltillo, Coahuila, donde nos reunimos con las viudas y los familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos; trabajadores asesinados mediante un crimen de industria por el magnate Germán Larrea cuyo delito sigue impune.
 
Tras conocer de frente el rostro de la indignación de miles de mexicanos, el SME convocó a todas las fuerzas sociales del país para que el pasado 1 de mayo hiciéramos una gran marcha nacional, pero sin los charros sindicales (como los líderes de la Confederación de Trabajadores de México, entre ellos Víctor Fuentes del Villar), que son los traidores de la clase trabajadora y que están permitiendo que con la injusta aplicación de la reforma laboral se efectúen ya despidos masivos. Para ser exactos, se trata de 3 millones y medio de mexicanos que, desde su puesta en marcha en diciembre pasado hasta la fecha, han perdido su empleo.
 
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
 
 
 
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Personal de la CFE amenaza a ancianos por cobros impagables


* Intentan cortarnos el suministro a la fuerza; llegan con camionetas y patrullas: afectados

* Explican que ya presentaron una queja ante la Profeco, pero nada ha cambiado


Periódico La Jornada
Domingo 5 de mayo de 2013, p. 35
Ante los altos cobros por el servicio de energía eléctrica, un grupo de adultos mayores, la mayoría mujeres, de la colonia Granjas México, en la delegación Iztacalco, se declaró en resistencia y dejó de pagar sus adeudos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que en algunos casos alcanzan hasta 20 mil pesos, por lo que son objeto de intimidaciones y amenazas por parte del personal de la paraestatal, que de manera recurrente van y les cortan el suministro.

En las calles Avena, Canela o cerrada de Centeno, es común el grito: Fulanita, ya andan cortando la luz y salimos echas la mocha, porque vienen con todo, con sus camionetas y patrullas, relató la señora Virginia Longinos, de 62 años de edad, quien aseguró que apenas la semana pasada fue agredida por resistirse a que le quitarán su medidor.

Junto con sus vecinas, explicó que mediante la Asamblea Nacional de Usuarios del Servicio de la Energía Eléctrica, a la cual están adheridas, ingresaron una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contra la CFE por la falta de precisión en el consumo de energía eléctrica, que ha derivado en cobros imposibles de pagar.

“Se supone que hasta que no resuelvan esa queja no pueden cortarnos el servicio, pero cuando salimos y les enseñamos el documento, nos han dicho: ‘su papel para lo único que me sirve es para limpiarme’; nos acusan de rateros, por robarnos la luz y se burlan de nosotros”, refirió.

De acuerdo con el testimonio de las vecinas, el personal de la CFE actúa cuando los adultos mayores, que viven de su pensión o de algún pequeño negocio, están solos. Elena, de 64 años, cuenta que ha tenido que sacar a su nieto, quien se encuentra en una silla de ruedas por una discapacidad, para evitar que le corten el suministro.

Es un acoso sicológico constante y son muy groseros. Al principio nos mandaban hojas sin firmas ni sellos con la amenaza de que nos iban a embargar. Y mi hija con tanto gasto con su niño, convulsiona y son 20 días en el hospital. Nos dicen que debemos 10 mil pesos, pues nada más me trueno los dedos y digo ay Dios mío, de dónde agarro tanto dinero, expresó.

Elena expuso también el caso de su vecina, la señora Susana Victoria. Me pidió que le enseñara sus papeles, porque ya camina muy despacio y no ve muy bien. A ella le están cobrando 20 mil pesos y con su pensión, pues nada más llora.

Leopoldo Vargas, otro de los afectados, señaló que en las reuniones que han sostenido en la Secretaría de Gobernación, el titular de la Profeco, Humberto Treviño, se comprometió a intervenir ante la CFE, pero no ha habido ningún cambio. Dice que 90 por ciento de las quejas son resueltas, lo cual no es cierto, al contrario, ahora ponen muchas trabas para aceptar las denuncias, apuntó.

La Jornada

viernes, 3 de mayo de 2013

CFE sube 8.4% tarifa eléctrica

Justifica que el alza en tarifas se explica por mayor uso y costo de combustibles

Jueves 02 de mayo de 2013Luis Carriles y Alberto Verdusco | El Universal

Las tarifas eléctricas que aplicarán durante mayo registran un incremento de 8.4% respecto a abril, lo que representa el mayor porcentaje desde mayo de 2011, cuando llegaron a 9.3%.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) explicó que en mayo la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) que se aplica para el sector residencial que más energía usa comprará el kilowatt-hora (Kw/h) a 3 pesos. En tanto, el costo por Kw/h para el sector industrial será de 0.9959 pesos en el horario base y en horario punta 1.7090. En abril, el kilowatt se vendió más bajo, en 0.9188 y 1.6356 pesos, respectivamente.
La metodología que se comenzó a utilizar en 2011 provocó que en el acuerdo de tarifas eléctricas para los próximos 12 meses la Secretaría de Hacienda (SHCP) permitiera este aumento en los cobros que hace la CFE a usuarios de alta y media tensión y para los de alto consumo.
De acuerdo con el organismo, las tarifas para usuarios domésticos se mantienen sin cambio y sólo se verán afectados cerca de 500 mil medidores de alto consumo, así como las empresas. En el país existen 36.7 millnones de clientes, de los cuales 88% son domésticos, 9.93% son comerciales y el resto se reparte entre usuarios agrícolas, de servicios e industriales, estos últimos son los que más consumen electricidad en el país.
La CFE explicó que el alza en los cobros se debe a que a lo largo de los últimos 18 meses la cantidad de gas natural que se usa para generación bajó por la falta del hidrocarburo en los ductos de Pemex por lo que se recurrió al combustóleo, ligado al precio del petróleo que en los últimos cuatro años registró niveles altos.
En 2011 el precio del combustóleo por litro fue de 9.74 pesos por litro, en 2012 fue de 8.75 y en 2013 va en 8.78 y se prevé que se mantenga alto.
La CFE dijo que una vez que se normalice el suministro de gas natural para las centrales termoeléctricas y se reduzca el uso de combustóleo el precio de la energía lo reflejará.
El pasado 30 de abril, la SHCP, a través del Diario Oficial de la Federación, informó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público, se autoriza a CFE modificar las disposiciones complementarias para las tarifas eléctricas lo que significa un alza en los pagos de energía tanto para los consumidores de media y alta tensión como para los de alto consumo. En promedio, el precio de la energía en 2011 fue de 142.75 centavos por kilowatt/hora, el año pasado el precio fue de 149.13 centavos y en este año es de 156.60 centavos, lo que significa que el aumento es de 9.66%.
Las expectativas es que con los nuevos aumentos autorizados, con el cambio en la metodología y los ajustes por combustibles, las tarifas aumenten en un promedio de entre 7 y 10% en los siguientes meses, dependiendo del comportamiento del precio del petróleo y la cantidad de gas natural disponible para generación.