Guillermo Almeyra
Ante la posibilidad de
un acuerdo que pueda conducir a la reincorporación al trabajo de los
casi 15 mil electricistas que no aceptaron la liquidación cuando fueron
ilegalmente despedidos y resistieron heroicamente durante un lustro, se
imponen algunas observaciones.
La primera y fundamental es que, cualesquiera puedan ser las
intenciones de un gobierno tan o más infame aún que el de del PAN o sus
antecesores neoliberales priístas, la movilización, los sacrificios y la
resistencia política no sólo preservaron la dignidad de los
trabajadores y su sindicato sino que también podrían obtener resultados
como la supresión de los procesos penales, la reconquista del trabajo,
el reconocimiento de la antigüedad en el trabajo para las jubilaciones,
indemnizaciones y la reconquista de los servicios del IMSS.
El gobierno priísta de la oligarquía quiere sembrar ilusiones entre
los electricistas para ganar tiempo, desmovilizar al SME y arrastrar el
problema hasta la prescripción del proceso a principios del año próximo.
Al mismo tiempo, ante la acumulación de movilizaciones protestatarias,
busca soluciones políticamente menos costosas para él en los frentes
estudiantil (sobre todo el IPN) u obrero (SME). Pero en ambos casos lo
que lo obliga a esa táctica defensiva es la tenacidad, la persistencia,
la voluntad de lucha de los sectores más avanzados de la población y del
movimiento obrero. Por eso las movilizaciones no deben cejar ni hay que
desarmar los ánimos dando por seguras concesiones que el gobierno se ve
obligado a prometer, pero con intenciones de no cumplir o de anularlas
en cuanto tenga una relación de fuerzas más favorable.
Las soluciones de compromiso siempre son hijas de la debilidad. La
oligarquía en el poder y sus partidos (PRI, PAN, PRD) temen la protesta
popular provocada por crímenes feroces como los de Tlatlaya y
Ayotzinapa, por la prepotencia en el IPN, los recortes brutales a la
cultura y la enseñanza, los lazos entre el personal político del Estado y
la fracción más dinámica del capital (que es el narcotráfico), la
corrupción, la impunidad, la terrible falta de justicia. Para esos son
muchos frentes y tratan de apaciguar algunos con concesiones (como en el
caso del IPN) o con promesas (como en el del SME). Los electricistas,
por su parte, tienen un sindicato atípico, poderoso y combativo pero
compuesto hoy por jubilados y trabajadores sin empleo y sin fuente de
trabajo, o sea, un instrumento más político que sindical.
Por otra parte, la lucha sindical (tanto obrera como universitaria)
tiene consecuencias políticas en el campo de la relación de fuerzas
entre opresores y oprimidos pero, por definición, se da dentro del marco
del sistema y de sus instituciones y busca llegar a un punto en que las
negociaciones –mediante concesiones mutuas y un tira y afloja
constante– permitan una
solución
transitoria y parcial. El
combate por la justicia, la democracia, la reorganización del Estado,
por el contrario, es político, incansable. El gobierno priísta, por eso,
busca apaciguar a obreros y estudiantes en el DF para aplastar una a
una las rebeldías en los estados, de los normalistas, los maestros, las
autodefensas, las policías comunitarias guerrerenses, las comunidades
autorganizadas, es decir, los focos de poder alternativo que nacen en
todo el territorio, debilitan su dictadura neoporfirista y amenazan
unirse en una gran ola de resistencia civil organizada que derribe a los
ocupantes de Los Pinos.
El Estado mexicano, que en el pasado gozaba del consenso
derivado de las conquistas de la Revolución de 1910 y utilizaba la
violencia feroz en casos aislados o extremos, no tiene ya consenso, no
se cubre con el manto de una Revolución que repudia porque es
porfirista, une a las bandas diferentes de opresores y explotadores
(financistas,
narcos, narcopolíticos, ladrones) con el pegajoso
pegamento de la corrupción y el crimen y depende fundamentalmente de la
represión, sobre todo ilegal. Al mismo tiempo, tras entregar los
recursos del subsuelo, aplicar el TLCAN que acaba con los campesinos y
con la soberanía alimentaria, robar el agua para el gran capital y
destruir el ambiente con la minería y convertir a México, integrándolo
en la economía de Washington, en una reserva de mano de obra barata para
Estados Unidos, dejó de ser un Estado. Es un semi Estado, dependiente y
sometido, sin política agraria, financiera, educativa, de investigación
y desarrollo propias ni consenso, un mero grupo de hombres armados,
algo así como la China de los señores de la guerra de los años 30.
El gobierno se apoya en el vacío y sobrevive gracias a la carencia de
una fuerza política alternativa porque una parte de la oposición (el
PRD) no es más que la quinta rueda del carro gubernamental, y otra no
sale del caudillismo y de las utópicas esperanzas en las urnas y teme
organizar la resistencia civil.
Los delincuentes impunes que gobiernan México se apoyan también en el
escepticismo y el cinismo político de amplios sectores de las clases
medias urbanas más atrasadas, que piensan que los obreros son tan
corruptos como los gobernantes y creen que
todos son iguales
y que todos los sindicatos, sin excepción, son agentes del gobierno y del PRI, y todas las direcciones sindicales son
charras y corruptas.
Cinco años de resistencia abnegada, heroica, y la posibilidad de demostrar que
la lucha paga
,
muestran que en México existen aún fuerzas morales y clasistas.
Corresponde al SME, a la Nueva Central Obrera, a la Organización
Política de los Trabajadores, ampliar esa brecha que con tantos otros
han creado y cerrar el paso con firmeza y claridad política a las
triquiñuelas y maniobras del gobierno. Una victoria será un impulso
poderoso a la politización de los oprimidos de todo México.
La Jornada
