SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS. OPERACION SUBESTACIONES en Resistencia - Ni un Renunciado más, Llevamos más de 5 años de resistencia y vamos por la Victoria!
sábado, 24 de marzo de 2012
Empleo fracaso sexenal
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de desempleo en febrero pasado mostró un incremento notable –de 0.42 por ciento– respecto del mes anterior, y se ubicó en 5.18 por ciento de la población económicamente activa, lo que equivale a 2.6 millones de desempleados en el país.
A la insuficiencia de puestos de trabajo se suma el crecimiento del empleo informal, que según cifras del propio instituto pasó de 29.02 a 29.14 por ciento de la población ocupada entre febrero de 2011 y el mismo mes de 2012, porcentaje que se traduce en 13.9 millones de personas.
Aun dando por bueno el dato del Inegi sobre la informalidad –pues hay estudios académicos que señalan que ese sector representa más de 60 por ciento de la población económicamente activa–, las cifras referidas ofrecen un balance nada halagüeño de las políticas económica y laboral en curso, las cuales no sólo han sido incapaces de generar fuentes de empleo, sino que han propiciado, según puede verse, una dislocación de los vínculos laborales formales, un retroceso de la seguridad social y de las prestaciones de ley, una huida de los trabajadores hacia pequeños negocios de supervivencia y condiciones precarias, casi nunca productivos, y una consecuente reducción en el universo de contribuyentes.
A pocos meses de que concluya el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa –quien ofreció ser el presidente del empleo–, la incapacidad gubernamental para propiciar la generación de puestos de trabajo apunta como uno de los grandes fracasos del sexenio, y deja fuera de lugar el discurso triunfalista y autocomplaciente de la propaganda oficial en ese ámbito: por más que el titular del Ejecutivo y los funcionarios de su gabinete se vanaglorien cada que tienen oportunidad con las cifras récord en generación de plazas laborales, las propias estadísticas oficiales señalan que el grupo en el poder ha desperdiciado años valiosos para una reactivación económica seria y sólida que no puede, a todas luces, fundamentarse en la economía informal.
Ahora, para colmo, vuelven las presiones presidenciales sobre las instancias legislativas para aprobar una contrarreforma laboral que es presentada como solución para que haya más empleos para los jóvenes y para las mujeres, pero que en los hechos implicaría la aniquilación de derechos y conquistas históricas de los trabajadores y daría cobertura formal a la precarización laboral en curso. Pero incluso si la demanda presidencial cristalizara en una nueva ley laboral, cabe dudar que ello se traduciría en la generación de trabajos suficientes y dignos para la población: la política económica vigente, con sus componentes intrínsecamente recesivos y sus obsesiones por atraer capitales foráneos a como dé lugar, por mantener bajos los salarios y por privilegiar actividades especulativas sobre las productivas, es un lastre fundamental para la creación de puestos de trabajo y para la reactivación económica.
El fracaso sexenal en materia de trabajo debiera ser prueba suficiente para concluir que lo que el país requiere es un viraje en las directrices económicas fallidas aplicadas hasta ahora, si se quiere evitar que las generaciones actuales y futuras tengan como únicas opciones de horizonte personal el ingreso a trabajos miserables o el desempleo.
Fuente : La Jornada
A la insuficiencia de puestos de trabajo se suma el crecimiento del empleo informal, que según cifras del propio instituto pasó de 29.02 a 29.14 por ciento de la población ocupada entre febrero de 2011 y el mismo mes de 2012, porcentaje que se traduce en 13.9 millones de personas.
Aun dando por bueno el dato del Inegi sobre la informalidad –pues hay estudios académicos que señalan que ese sector representa más de 60 por ciento de la población económicamente activa–, las cifras referidas ofrecen un balance nada halagüeño de las políticas económica y laboral en curso, las cuales no sólo han sido incapaces de generar fuentes de empleo, sino que han propiciado, según puede verse, una dislocación de los vínculos laborales formales, un retroceso de la seguridad social y de las prestaciones de ley, una huida de los trabajadores hacia pequeños negocios de supervivencia y condiciones precarias, casi nunca productivos, y una consecuente reducción en el universo de contribuyentes.
A pocos meses de que concluya el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa –quien ofreció ser el presidente del empleo–, la incapacidad gubernamental para propiciar la generación de puestos de trabajo apunta como uno de los grandes fracasos del sexenio, y deja fuera de lugar el discurso triunfalista y autocomplaciente de la propaganda oficial en ese ámbito: por más que el titular del Ejecutivo y los funcionarios de su gabinete se vanaglorien cada que tienen oportunidad con las cifras récord en generación de plazas laborales, las propias estadísticas oficiales señalan que el grupo en el poder ha desperdiciado años valiosos para una reactivación económica seria y sólida que no puede, a todas luces, fundamentarse en la economía informal.
Ahora, para colmo, vuelven las presiones presidenciales sobre las instancias legislativas para aprobar una contrarreforma laboral que es presentada como solución para que haya más empleos para los jóvenes y para las mujeres, pero que en los hechos implicaría la aniquilación de derechos y conquistas históricas de los trabajadores y daría cobertura formal a la precarización laboral en curso. Pero incluso si la demanda presidencial cristalizara en una nueva ley laboral, cabe dudar que ello se traduciría en la generación de trabajos suficientes y dignos para la población: la política económica vigente, con sus componentes intrínsecamente recesivos y sus obsesiones por atraer capitales foráneos a como dé lugar, por mantener bajos los salarios y por privilegiar actividades especulativas sobre las productivas, es un lastre fundamental para la creación de puestos de trabajo y para la reactivación económica.
El fracaso sexenal en materia de trabajo debiera ser prueba suficiente para concluir que lo que el país requiere es un viraje en las directrices económicas fallidas aplicadas hasta ahora, si se quiere evitar que las generaciones actuales y futuras tengan como únicas opciones de horizonte personal el ingreso a trabajos miserables o el desempleo.
Fuente : La Jornada
Tlalnepantla permite obra irregular de CFE: vecinos
En 2010, un juez ordenó la suspensión de la obra, pero el director de Desarrollo Urbano de este municipio, Alejandro Tavares Velasco, permitió que continuara la construcción
Sábado 24 de marzo de 2012
Antonio Miranda / Corresponsal | El Universal
TLALNEPANTLA.— Vecinos del fraccionamiento Jardines de Bellavista acusan al ayuntamiento de autorizar de forma irregular la construcción de un edificio en la avenida Adolfo López Mateos, el cual denuncian será utilizado por la Comisión Federal de Electricidad, para guardar vehículos y dar servicio a usuarios.
En 2010, un juez ordenó la suspensión de la obra, pero el director de Desarrollo Urbano de este municipio, Alejandro Tavares Velasco, permitió que continuara la construcción.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Amindra Reynoso Holguín, una de las vecinas que está en contra de esta obra explicó “en 2008 se empezó a construir un edificio cuyo encargado es el arquitecto Ignacio Liceaga Ángeles, quien avisó a los habitantes de este fraccionamiento que iban a hacer departamentos”.
Abundó: “No le creímos, investigamos el uso de suelo que tiene esta obra y resulta que es únicamente para comercio y servicio para vehículos y maquinaria”.
Explicó que durante el trienio 2006-2009, el ayuntamiento les informó que la construcción no contaba con la debida licencia, por lo que iniciaron un proceso legal, que culminó con la suspensión de la obra.
Los vecinos esperaban que esto continuara en la administración que comenzó en 2009, pero “a principios del 2010 fuimos otra vez con las autoridades municipales para que checaran esta construcción y observamos que llevaba un 95% de avance, por ello solicitamos la suspensión de la obra”, manifestó.
Amindra reconoció que no saben qué pasó, “el director de Desarrollo Urbano, Alejandro Tavares Velasco nos dijo que no podía suspender la obra porque tienen los papeles en regla, a pesar de que antes se había hecho”.
Reynoso señaló que vieron entrar camiones de la CFE, los cuales metieron muebles y “personas de la comisión se quedan a dormir en el edificio”.
En abril de 2010 se consiguió una nueva clausura, pero los sellos fueron retirados a los 15 días. En un recorrido que hizo EL UNIVERSAL por esta construcción se percató de que existen hombres trabajando dentro de ella, además de que hay seguridad privada para cuidar el lugar.
Fuente : El Universal
Sábado 24 de marzo de 2012
Antonio Miranda / Corresponsal | El Universal
TLALNEPANTLA.— Vecinos del fraccionamiento Jardines de Bellavista acusan al ayuntamiento de autorizar de forma irregular la construcción de un edificio en la avenida Adolfo López Mateos, el cual denuncian será utilizado por la Comisión Federal de Electricidad, para guardar vehículos y dar servicio a usuarios.
En 2010, un juez ordenó la suspensión de la obra, pero el director de Desarrollo Urbano de este municipio, Alejandro Tavares Velasco, permitió que continuara la construcción.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Amindra Reynoso Holguín, una de las vecinas que está en contra de esta obra explicó “en 2008 se empezó a construir un edificio cuyo encargado es el arquitecto Ignacio Liceaga Ángeles, quien avisó a los habitantes de este fraccionamiento que iban a hacer departamentos”.
Abundó: “No le creímos, investigamos el uso de suelo que tiene esta obra y resulta que es únicamente para comercio y servicio para vehículos y maquinaria”.
Explicó que durante el trienio 2006-2009, el ayuntamiento les informó que la construcción no contaba con la debida licencia, por lo que iniciaron un proceso legal, que culminó con la suspensión de la obra.
Los vecinos esperaban que esto continuara en la administración que comenzó en 2009, pero “a principios del 2010 fuimos otra vez con las autoridades municipales para que checaran esta construcción y observamos que llevaba un 95% de avance, por ello solicitamos la suspensión de la obra”, manifestó.
Amindra reconoció que no saben qué pasó, “el director de Desarrollo Urbano, Alejandro Tavares Velasco nos dijo que no podía suspender la obra porque tienen los papeles en regla, a pesar de que antes se había hecho”.
Reynoso señaló que vieron entrar camiones de la CFE, los cuales metieron muebles y “personas de la comisión se quedan a dormir en el edificio”.
En abril de 2010 se consiguió una nueva clausura, pero los sellos fueron retirados a los 15 días. En un recorrido que hizo EL UNIVERSAL por esta construcción se percató de que existen hombres trabajando dentro de ella, además de que hay seguridad privada para cuidar el lugar.
Fuente : El Universal
Conoce el Spot AMLO (Reconciliación)
Todos Con AMLO en las Elecciones 2012
En uno de los dos anuncios con que iniciará su campaña, Andrés Manuel López Obrador aparece frente a la cámara y ofrece reconciliación al electorado:
"Ofrezco mi mano franca en señal de reconciliación, de amistad, a quien pude haber afectado en mi determinación de luchar por la democracia y por la paz, es hora de reconciliarnos de manera sincera, de corazón, para lograr el renacimiento de México".
Demandan a Calderón por 10 mil víctimas no identificadas de su narcoguerra
23 DE MARZO DE 2012
MÉXICO, D.F. (apro).- De las 50 mil muertes que ha dejado hasta ahora la guerra del presidente Felipe Calderón contra el narco, poco más de 10 mil personas no han sido identificadas, lo que representa una verdadera “tragedia humanitaria”.
Por esa razón, organizaciones no gubernamentales mexicanas interpusieron este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el gobierno mexicano.
Durante la audiencia efectuada en Washington, donde tiene su sede la CIDH, Mercedes Doretti, de la organización Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), afirmó que estiman en 10 mil los restos de personas que no han sido identificados en México como consecuencia de la guerra contra en el narcotráfico que implementó Felipe Calderón en los albores de su mandato.
Destacó que sólo en las fosas clandestinas descubiertas de 2007 a 2011 se han encontrado restos mil 230 cuerpos que no han podido ser identificados.
Además, comentó que temen que la mayoría de ellos sean inmigrantes centroamericanos.
Doretti dijo también que aún faltan por identificar más de 160 cadáveres vinculados a las masacres de Tamaulipas de 2010 y 2011.
En su oportunidad, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia de México, denunció que la elevada cifra de cadáveres sin identificar significa una verdadera “tragedia humanitaria”, inaceptable en cualquier país democrático.
Aseguró que detrás de estos asesinatos de personas no identificadas existe un “asunto de discriminación” porque en México, subrayó, no se investiga la desaparición de los más pobres y los excluidos.
A su vez, Candelario Castillo, padre de un joven desaparecido, terció: “Las autoridades nos cierran puertas, no los están buscando”.
“Después de lo que nos pasó, no confiamos en la Procuraduría General de la República”, agregó.
Las organizaciones demandantes exigieron la creación de una comisión internacional, con participación de las organizaciones civiles, para colaborar en la identificación de los cuerpos recuperados.
Representantes del gobierno mexicano presentes en la audiencia reconocieron “la magnitud de los eventos” y la “compleja situación de las personas no identificadas”. Sin embargo, dejaron en claro que el gobierno de Felipe Calderón no está en posibilidad de dar una cifra estimada de los cadáveres que estarían en esa situación.
“El Estado mexicano reconoce la magnitud de los eventos en que se han encontrado restos y de ese tamaño han sido los esfuerzos adelantados por el gobierno”, dijo el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de la Gobernación, Max Dinner.
Fuente : Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- De las 50 mil muertes que ha dejado hasta ahora la guerra del presidente Felipe Calderón contra el narco, poco más de 10 mil personas no han sido identificadas, lo que representa una verdadera “tragedia humanitaria”.
Por esa razón, organizaciones no gubernamentales mexicanas interpusieron este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el gobierno mexicano.
Durante la audiencia efectuada en Washington, donde tiene su sede la CIDH, Mercedes Doretti, de la organización Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), afirmó que estiman en 10 mil los restos de personas que no han sido identificados en México como consecuencia de la guerra contra en el narcotráfico que implementó Felipe Calderón en los albores de su mandato.
Destacó que sólo en las fosas clandestinas descubiertas de 2007 a 2011 se han encontrado restos mil 230 cuerpos que no han podido ser identificados.
Además, comentó que temen que la mayoría de ellos sean inmigrantes centroamericanos.
Doretti dijo también que aún faltan por identificar más de 160 cadáveres vinculados a las masacres de Tamaulipas de 2010 y 2011.
En su oportunidad, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia de México, denunció que la elevada cifra de cadáveres sin identificar significa una verdadera “tragedia humanitaria”, inaceptable en cualquier país democrático.
Aseguró que detrás de estos asesinatos de personas no identificadas existe un “asunto de discriminación” porque en México, subrayó, no se investiga la desaparición de los más pobres y los excluidos.
A su vez, Candelario Castillo, padre de un joven desaparecido, terció: “Las autoridades nos cierran puertas, no los están buscando”.
“Después de lo que nos pasó, no confiamos en la Procuraduría General de la República”, agregó.
Las organizaciones demandantes exigieron la creación de una comisión internacional, con participación de las organizaciones civiles, para colaborar en la identificación de los cuerpos recuperados.
Representantes del gobierno mexicano presentes en la audiencia reconocieron “la magnitud de los eventos” y la “compleja situación de las personas no identificadas”. Sin embargo, dejaron en claro que el gobierno de Felipe Calderón no está en posibilidad de dar una cifra estimada de los cadáveres que estarían en esa situación.
“El Estado mexicano reconoce la magnitud de los eventos en que se han encontrado restos y de ese tamaño han sido los esfuerzos adelantados por el gobierno”, dijo el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de la Gobernación, Max Dinner.
Fuente : Proceso
Pérdidas de $7 mil 900 millones en un mes tuvieron los ahorros para el retiro
* Ajuste en los precios de los bonos y acciones en que están invertidos los fondos
* Afore gestionan un billón 636 mil millones de pesos de trabajadores, según reporta la Consar
Periódico La Jornada
Sábado 24 de marzo de 2012, p. 28
El valor de los recursos de los trabajadores invertidos en el sistema de pensiones gestionado por empresas privadas sufrió una merma de 7 mil 900 millones de pesos en el último mes, como resultado de un ajuste en el precio de los títulos –bonos y acciones, principalmente– en que están depositados en los mercados financieros local e internacional, se consigna en información oficial.
Los recursos de los trabajadores bajo custodia de las administradoras de fondos para el retiro (Afore), las compañías privadas que gestionan los recursos, se situaron en febrero en un billón 636 mil millones de pesos, 0.3 por ciento menos que el saldo registrado en enero, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) citada este viernes en un reporte de Accival.
La variación fue el resultado de la diferencia entre las aportaciones realizadas a las cuentas de los trabajadores en ese periodo, por 5 mil 610 millones de pesos, menos retiros por 2 mil 556.9 millones de pesos, además de una disminución de 7 mil 941.6 millones de pesos por minusvalías, explicaron José Arnulfo Rodríguez, Alejandra Cerbón e Ismael Gutiérrez, analistas de Accival, la casa de bolsa del grupo Banamex.
Las minusvalías reflejan el valor, a precios de mercado, de los instrumentos en que están invertidos los recursos de los trabajadores, que pueden ser bonos de deuda emitidos por el gobierno y empresas, así como acciones de firmas privadas que cotizan en la bolsa de valores local y en otras del exterior.
En el mes de febrero, como ocurre con todos los pares, las aportaciones a los fondos de pensión de los trabajadores disminuyen, dado que las empresas realizan las transferencias en los meses nones,
La totalidad de los cinco diferentes fondos en que están invertidos los recursos de los trabajadores tuvo pérdidas en febrero. De acuerdo con la edad de los trabajadores, las aportaciones para el retiro se invierten en diferentes sociedades de inversión especializadas en fondos de retiro (Siefore). A mayor proximidad de la edad de retiro, el fondo invierte en instrumentos con menor riesgo de sufrir minusvalías.
En este mes de febrero, las distintas Siefore presentaron en conjunto un rendimiento negativo bruto mensual de 0.42 por ciento, que se eleva a 5.10 por ciento si se toma en cuenta el plazo de los pasados 12 meses, explicaron los analistas de Accival. La variación, añadieron, reflejó principalmente el mal desempeño de las carteras de instrumentos de deuda (bonos emitidos por gobierno o empresas).
El retroceso que presentaron las carteras de inversión (en instrumentos de) deuda, que representan alrededor de 79 por ciento del total de activos administrados (por las Afore) se explica por el fuerte ajuste que registró el mercado local de bonos gubernamentales a tasa fija, tanto en términos nominales como reales, esto es, descontado el efecto de inflación, añadieron.
La valuación en el mercado de los bonos emitidos por el gobierno sufrió retrocesos de entre 1.17 y 1.29 por ciento en febrero, lo que estuvo determinado por una toma de utilidades, tras las extraordinarias ganancias que el mercado otorgó en el primer mes del año, añadieron.
En sentido inverso, las carteras de inversión en instrumentos de renta variable, esto es básicamente acciones que cotizan en los mercados accionarios y que cambian de precio cada día, mostraron en febrero un desempeño positivo, que reflejó el avance en la resolución de los problemas fiscales en algunos países de Europa y el acuerdo particular para que Grecia reciba nuevos desembolsos para hacer frente a sus pagos de deuda externa, dos hechos que restaron volatilidad a los mercados financieros internacionales.
Fuente : La Jornada
* Afore gestionan un billón 636 mil millones de pesos de trabajadores, según reporta la Consar
Periódico La Jornada
Sábado 24 de marzo de 2012, p. 28
El valor de los recursos de los trabajadores invertidos en el sistema de pensiones gestionado por empresas privadas sufrió una merma de 7 mil 900 millones de pesos en el último mes, como resultado de un ajuste en el precio de los títulos –bonos y acciones, principalmente– en que están depositados en los mercados financieros local e internacional, se consigna en información oficial.
Los recursos de los trabajadores bajo custodia de las administradoras de fondos para el retiro (Afore), las compañías privadas que gestionan los recursos, se situaron en febrero en un billón 636 mil millones de pesos, 0.3 por ciento menos que el saldo registrado en enero, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) citada este viernes en un reporte de Accival.
La variación fue el resultado de la diferencia entre las aportaciones realizadas a las cuentas de los trabajadores en ese periodo, por 5 mil 610 millones de pesos, menos retiros por 2 mil 556.9 millones de pesos, además de una disminución de 7 mil 941.6 millones de pesos por minusvalías, explicaron José Arnulfo Rodríguez, Alejandra Cerbón e Ismael Gutiérrez, analistas de Accival, la casa de bolsa del grupo Banamex.
Las minusvalías reflejan el valor, a precios de mercado, de los instrumentos en que están invertidos los recursos de los trabajadores, que pueden ser bonos de deuda emitidos por el gobierno y empresas, así como acciones de firmas privadas que cotizan en la bolsa de valores local y en otras del exterior.
En el mes de febrero, como ocurre con todos los pares, las aportaciones a los fondos de pensión de los trabajadores disminuyen, dado que las empresas realizan las transferencias en los meses nones,
La totalidad de los cinco diferentes fondos en que están invertidos los recursos de los trabajadores tuvo pérdidas en febrero. De acuerdo con la edad de los trabajadores, las aportaciones para el retiro se invierten en diferentes sociedades de inversión especializadas en fondos de retiro (Siefore). A mayor proximidad de la edad de retiro, el fondo invierte en instrumentos con menor riesgo de sufrir minusvalías.
En este mes de febrero, las distintas Siefore presentaron en conjunto un rendimiento negativo bruto mensual de 0.42 por ciento, que se eleva a 5.10 por ciento si se toma en cuenta el plazo de los pasados 12 meses, explicaron los analistas de Accival. La variación, añadieron, reflejó principalmente el mal desempeño de las carteras de instrumentos de deuda (bonos emitidos por gobierno o empresas).
El retroceso que presentaron las carteras de inversión (en instrumentos de) deuda, que representan alrededor de 79 por ciento del total de activos administrados (por las Afore) se explica por el fuerte ajuste que registró el mercado local de bonos gubernamentales a tasa fija, tanto en términos nominales como reales, esto es, descontado el efecto de inflación, añadieron.
La valuación en el mercado de los bonos emitidos por el gobierno sufrió retrocesos de entre 1.17 y 1.29 por ciento en febrero, lo que estuvo determinado por una toma de utilidades, tras las extraordinarias ganancias que el mercado otorgó en el primer mes del año, añadieron.
En sentido inverso, las carteras de inversión en instrumentos de renta variable, esto es básicamente acciones que cotizan en los mercados accionarios y que cambian de precio cada día, mostraron en febrero un desempeño positivo, que reflejó el avance en la resolución de los problemas fiscales en algunos países de Europa y el acuerdo particular para que Grecia reciba nuevos desembolsos para hacer frente a sus pagos de deuda externa, dos hechos que restaron volatilidad a los mercados financieros internacionales.
Fuente : La Jornada
A ver a qué horas
Arturo Alcalde Justiniani
Esta ley está ahí, en la Cámara de Diputados, esperando a ver a qué horas se les ocurre a los señores diputados aprobarla, reclamó enérgico el presidente Felipe Calderón al Poder Legislativo el pasado 14 de marzo, con motivo de la reforma laboral. No tuvo reparo en lanzarse abiertamente contra la norma vigente: “la ley laboral que tenemos no permite que podamos contratar gente, a jóvenes que puedan trabajar por horas, como mujeres que puedan trabajar por horas… la ley laboral lo que hace es expulsarlos del mercado de trabajo…”
El reclamo presidencial carece de fundamento en los términos que está planteado. La Ley Federal del Trabajo permite expresamente la contratación por horas o por jornada reducida; así opera en algunos sectores, no son muchos por la simple razón de que el salario es tan bajo en nuestro país que el costo por hora resulta insignificante. Dos artículos de la actual Ley Federal del Trabajo así lo acreditan. El 59 señala: El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo sin que pueda exceder de los máximos legales. El artículo 83 es explícito: El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, o de cualquier otra manera. ¿Por qué entonces el reclamo del pago por horas? La respuesta se encuentra en una vieja propuesta de reforma impulsada por la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana) que, como en muchos otros temas, el Partido Acción Nacional ha hecho suya: poder contratar por horas pero sin el pago de prestaciones, como aguinaldo, vacaciones o prima vacacional, y también sin estabilidad laboral. En otras palabras, poder despedir al trabajador cuando al patrón le dé la gana.
Esta estrategia de expresar verdades a medias se repite incesantemente para convencer a la población de que la propuesta de reforma laboral panista está orientada a crear empleos y mejorar la competitividad, cuando la verdadera intención es mermar aún más el costo de la mano de obra (salario y despido) y suprimir de paso la estabilidad en el empleo. No se confiesa abiertamente, porque sería muy impopular. Imagínese usted a Josefina Vázquez Mota en un arranque de sinceridad señalar: propongo que haya más facilidades para despedir a la gente de su trabajo y que este despido salga más barato.
Por esta contradicción entre el discurso sustentado en generalidades y el lesivo fondo de las propuestas, los legisladores panistas han rehuido un debate sobre el tema. No explican de manera específica el porqué proponen una subcontratación (outsourcing) sin límites. Saben que esta resultaría depredadora si no se acota debidamente, si no se exige una justificación que agregue al proceso productivo un insumo, si no se registra, vigila y sanciona en su abuso. Los panistas también soslayan su propuesta de que los trabajadores carguen la tardanza en los juicios laborales. Para ellos no importa que sigan durando cuatro años promedio, lo importante es que a los empleados únicamente se les pague hasta seis meses de salarios caídos, los restantes tres años y medio que se amuelen. No quieren discusión alguna sobre el tema de los derechos colectivos, siguen la lógica patronal más conservadora, que propone consolidar mecanismos de control impidiendo una contratación colectiva auténtica, donde los trabajadores decidan qué sindicato debe ser titular de su contrato colectivo. En suma, su estrategia es tratar de convencer a la parte del PRI que se resiste a votar en favor del esquema de precariedad laboral, utilizando los buenos oficios del sector empresarial.
La jornada electoral es un espacio propicio para que se conozca en blanco y negro la opinión de los candidatos en estos temas. Mientras tanto, frente al reclamo presidencial surgen varias interrogantes que debería responder el propio gobierno: a ver a qué horas se discutirá sobre la política salarial en nuestro país que ha degradado la calidad de vida, incrementado el empleo informal, la pobreza y ahogado el mercado interno. A ver a qué horas se justifica a la población la vigencia de un salario mínimo absurdamente insuficiente y totalmente contrario al mandato constitucional.
A ver a qué horas se accede a un debate sobre el modelo económico que ha demostrado su incapacidad para generar en México empleos estables y bien remunerados, explicar la resistencia a promover una política de fomento en esta materia, en lugar de confiar en que con mayor precariedad el mercado de trabajo actuará por sí solo.
A ver a qué horas se propone un sistema de justicia laboral distinto, que permita resolver los juicios laborales en un máximo de seis meses, en lugar de la absurda lentitud vigente que lesiona a trabajadores y empresarios, especialmente pequeños y medianos. Cada día crecen más los alteros de expedientes, la angustia y desesperación de quienes acuden a estos tribunales sin obtener respuesta o solución alguna. Debe aclararse frente a la sociedad el motivo de esta denegación de justicia. Se sabe bien que el carácter tripartito de las juntas de Conciliación y Arbitraje carece de justificación, genera gastos innecesarios, mayor lentitud, ausencia de imparcialidad y en muchas ocasiones de capacidad profesional. En todo el mundo existen jueces, no juntas.
A ver a qué horas se hace respetar el derecho de gozar del reparto de utilidades, el cual se encuentra prácticamente en extinción gracias a la simulación consentida e incluso promovida por las autoridades por medio de las llamadas empresas de servicios.
A ver a qué horas se atiende la recomendación del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con motivo de la queja 2694, apoyada por las organizaciones sindicales más importantes del mundo contra el modelo laboral mexicano, por carecer de juzgados imparciales y promover una contratación colectiva falsa, sometida a la decisión unilateral de los empresarios. A ver a qué horas se le dice la verdad a la OIT.
A ver a qué horas se deja de hacer causa común con los líderes sindicales corruptos, a los que se protege como si fueran un mal necesario. A ver a qué horas se suspende la guerra contra el sindicato minero y se deja de poner la fuerza del Estado al servicio del Grupo Minera México.
A ver a qué horas.
Fuente : La Jornada
Esta ley está ahí, en la Cámara de Diputados, esperando a ver a qué horas se les ocurre a los señores diputados aprobarla, reclamó enérgico el presidente Felipe Calderón al Poder Legislativo el pasado 14 de marzo, con motivo de la reforma laboral. No tuvo reparo en lanzarse abiertamente contra la norma vigente: “la ley laboral que tenemos no permite que podamos contratar gente, a jóvenes que puedan trabajar por horas, como mujeres que puedan trabajar por horas… la ley laboral lo que hace es expulsarlos del mercado de trabajo…”
El reclamo presidencial carece de fundamento en los términos que está planteado. La Ley Federal del Trabajo permite expresamente la contratación por horas o por jornada reducida; así opera en algunos sectores, no son muchos por la simple razón de que el salario es tan bajo en nuestro país que el costo por hora resulta insignificante. Dos artículos de la actual Ley Federal del Trabajo así lo acreditan. El 59 señala: El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo sin que pueda exceder de los máximos legales. El artículo 83 es explícito: El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, o de cualquier otra manera. ¿Por qué entonces el reclamo del pago por horas? La respuesta se encuentra en una vieja propuesta de reforma impulsada por la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana) que, como en muchos otros temas, el Partido Acción Nacional ha hecho suya: poder contratar por horas pero sin el pago de prestaciones, como aguinaldo, vacaciones o prima vacacional, y también sin estabilidad laboral. En otras palabras, poder despedir al trabajador cuando al patrón le dé la gana.
Esta estrategia de expresar verdades a medias se repite incesantemente para convencer a la población de que la propuesta de reforma laboral panista está orientada a crear empleos y mejorar la competitividad, cuando la verdadera intención es mermar aún más el costo de la mano de obra (salario y despido) y suprimir de paso la estabilidad en el empleo. No se confiesa abiertamente, porque sería muy impopular. Imagínese usted a Josefina Vázquez Mota en un arranque de sinceridad señalar: propongo que haya más facilidades para despedir a la gente de su trabajo y que este despido salga más barato.
Por esta contradicción entre el discurso sustentado en generalidades y el lesivo fondo de las propuestas, los legisladores panistas han rehuido un debate sobre el tema. No explican de manera específica el porqué proponen una subcontratación (outsourcing) sin límites. Saben que esta resultaría depredadora si no se acota debidamente, si no se exige una justificación que agregue al proceso productivo un insumo, si no se registra, vigila y sanciona en su abuso. Los panistas también soslayan su propuesta de que los trabajadores carguen la tardanza en los juicios laborales. Para ellos no importa que sigan durando cuatro años promedio, lo importante es que a los empleados únicamente se les pague hasta seis meses de salarios caídos, los restantes tres años y medio que se amuelen. No quieren discusión alguna sobre el tema de los derechos colectivos, siguen la lógica patronal más conservadora, que propone consolidar mecanismos de control impidiendo una contratación colectiva auténtica, donde los trabajadores decidan qué sindicato debe ser titular de su contrato colectivo. En suma, su estrategia es tratar de convencer a la parte del PRI que se resiste a votar en favor del esquema de precariedad laboral, utilizando los buenos oficios del sector empresarial.
La jornada electoral es un espacio propicio para que se conozca en blanco y negro la opinión de los candidatos en estos temas. Mientras tanto, frente al reclamo presidencial surgen varias interrogantes que debería responder el propio gobierno: a ver a qué horas se discutirá sobre la política salarial en nuestro país que ha degradado la calidad de vida, incrementado el empleo informal, la pobreza y ahogado el mercado interno. A ver a qué horas se justifica a la población la vigencia de un salario mínimo absurdamente insuficiente y totalmente contrario al mandato constitucional.
A ver a qué horas se accede a un debate sobre el modelo económico que ha demostrado su incapacidad para generar en México empleos estables y bien remunerados, explicar la resistencia a promover una política de fomento en esta materia, en lugar de confiar en que con mayor precariedad el mercado de trabajo actuará por sí solo.
A ver a qué horas se propone un sistema de justicia laboral distinto, que permita resolver los juicios laborales en un máximo de seis meses, en lugar de la absurda lentitud vigente que lesiona a trabajadores y empresarios, especialmente pequeños y medianos. Cada día crecen más los alteros de expedientes, la angustia y desesperación de quienes acuden a estos tribunales sin obtener respuesta o solución alguna. Debe aclararse frente a la sociedad el motivo de esta denegación de justicia. Se sabe bien que el carácter tripartito de las juntas de Conciliación y Arbitraje carece de justificación, genera gastos innecesarios, mayor lentitud, ausencia de imparcialidad y en muchas ocasiones de capacidad profesional. En todo el mundo existen jueces, no juntas.
A ver a qué horas se hace respetar el derecho de gozar del reparto de utilidades, el cual se encuentra prácticamente en extinción gracias a la simulación consentida e incluso promovida por las autoridades por medio de las llamadas empresas de servicios.
A ver a qué horas se atiende la recomendación del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con motivo de la queja 2694, apoyada por las organizaciones sindicales más importantes del mundo contra el modelo laboral mexicano, por carecer de juzgados imparciales y promover una contratación colectiva falsa, sometida a la decisión unilateral de los empresarios. A ver a qué horas se le dice la verdad a la OIT.
A ver a qué horas se deja de hacer causa común con los líderes sindicales corruptos, a los que se protege como si fueran un mal necesario. A ver a qué horas se suspende la guerra contra el sindicato minero y se deja de poner la fuerza del Estado al servicio del Grupo Minera México.
A ver a qué horas.
Fuente : La Jornada
El trabajo sucio de García Luna
23 DE MARZO DE 2012MÉXICO, D.F. (apro).- Durante el régimen del PRI, cada gobierno tuvo sus encargados de hacer el trabajo sucio para la defensa del sistema autoritario y que se disfrazaba con el nombre de seguridad del Estado. Eso mismo es lo que han hecho los dos gobiernos del PAN con Genaro García Luna.
Cuando Vicente Fox, en 2001, le entregó la corrupta y temida policía de la Procuraduría General de la República –la Policía Judicial Federal– para convertirla en la Agencia Federal de Investigación (AFI) no hizo más que simular, con un simple cambio de nombre, la transformación de esa vieja corporación a una “policía científica e investigadora”.
Como en su momento hicieron los directores de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) o el más conocido jefe de la Policía del DF, Arturo El Negro Durazo, García Luna se encargó de defender los intereses de los gobernantes en turno, también a nombre de la seguridad del país.
Con la diferencia de que ya no se trata de corporaciones perdidas en oscuros organigramas –pues eso cambió en el último tramo del sistema priista– las actuales instituciones de seguridad no difieren mucho en los métodos de “investigación” del antiguo régimen. García Luna se ha encargado de preservarlos.
Los montajes sobre detención de delincuentes y no delincuentes no los inventó el ahora secretario de Seguridad Público. Lo que sí, los perfeccionó acorde con la era mediática.
Durante el sexenio pasado, con un repunte del secuestro a cuestas y una fuerte presión en la opinión pública sobre las actividades de su esposa, Marta Sahagún, y los hijos de ésta, Fox le dio libertad a García Luna y a sus hombres para operar a sus anchas.
Durante la pasado administración, cada que arreciaban las críticas al gobierno foxista o se encontraba en medio de una crisis, el ingeniero salía a dar “resultados”.
El más evidente ocurrió en septiembre de 2005. Cuando el gobierno de Fox estaba rebasado por la caída del helicóptero en el que viajaba el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, el ingeniero sacó un as de la manga: la liberación del exfutbolista argentino Rubén Omar Romano.
El rescate a cargo de la AFI se dio a conocer en el momento oportuno. Las versiones sobre un atentado por parte de la delincuencia organizada dominaban entre la opinión pública. Así es que había que salir, rápido, con una demostración de autoridad, de fuerza. García Luna hizo ese trabajo y de paso ponía a su corporación como una policía efectiva y eficiente.
En ese impulso político mediático fue que urdió el montaje de la detención de Florence Cassez. Era diciembre de 2005 y el gobierno de Fox requería dar muestras de tener el control de la seguridad del país porque en ese año había comenzado la vorágine de la violencia del narcotráfico.
Durante la campaña presidencial, el ingeniero le hizo el trabajo a Calderón. Servidor de un gobierno del PAN estaba interesado en mantener el control del poder por parte de ese partido.
Calderón lo premió y quiso encumbrarlo como superpolicía. Le dio la secretaría de Seguridad Pública, le entregó 36 mil hombres para la Policía Federal y le puso “los juguetes” de “una superpolicía científica e investigadora”. Pero no pudo darle el control de todas las policías del país a través del Mando Único ni la unificación de mandos entre las corporaciones policiacas federales.
García Luna tuvo casi todo, incluido el caro favor del duopolio televisivo. Pero ahora se encuentra en uno de los peores momentos de su carrera policial. Ha quedado expuesto como violador no sólo del debido proceso judicial, sino de la Constitución.
Ese señalamiento, hecho en el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a raíz del caso Cassez, le puede hacer más daño que las intrigas palaciegas, las malquerencias de los militares o de las filtraciones periodísticas sobre sus alegados acuerdos con la delincuencia.
El ingeniero no entendió que por más hombres, recursos tecnológicos o protección política a su favor, en una separación de Poderes, sus actos como policía tarde o temprano serían revisados por otro Poder. Su jefe, Felipe Calderón, tampoco creyó que eso pudiera pasar.
Aunque no hay nada definitivo respecto al asunto Cassez, ya hay evidencias públicas de la actuación abusiva y manipuladora de la policía que comando García Luna. Y ya hay una mayoría legal de ministros que resolvió sobre la existencia de violaciones constitucionales, lo que prefigura, por lo menos, malos ratos para el secretario.
Fuente : Proceso
En sexenios panistas se perdieron 700 mil plazas formales: expertos
* Sube a 5.18 por ciento el desempleo en febrero; el mayor en los pasados cinco meses
* Cerca de 300 mil desocupados más: Inegi
* El fenómeno se eleva entre los hombres
Periódico La Jornada
Sábado 24 de marzo de 2012, p. 27
El desempleo en México registró un sorpresivo aumento en febrero de este año, al situarse la tasa de desocupación en 5.18 por ciento, la mayor en los últimos cinco meses y 0.42 puntos porcentuales superior a la de enero pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De esta manera, alrededor de 300 mil personas se incorporaron a la desocupación durante el segundo mes del año, al pasar de 2.3 millones de desempleados en enero a 2.6 millones en febrero con una población económicamente activa (PEA) de 50.2 millones de personas.
Por su parte, el empleo informal también aumentó de un índice de 29.02 alcanzado en febrero de 2011 a 29.14 por ciento, en febrero de 2012, lo que significó que unas 400 mil personas se incorporaron a la economía subterránea con ingresos precarios y sin ninguna protección social. En febrero del año pasado, alrededor de 13.5 millones de personas se encontraban en el sector informal y para febrero de 2012 llegó a 13.9 millones.
Por sexo, la tasa de desocupación en los hombres aumentó de 5.52 por ciento en febrero de 2011 a 5.62 por ciento en igual mes de 2012, y la de las mujeres descendió de 5.14 a 4.85 por ciento.
En febrero de 2012, 28.3 por ciento de los desocupados no completó los estudios de secundaria, en tanto que los de mayor nivel de instrucción representaron 71.7 por ciento.
En cifras no ajustadas por estacionalidad, la tasa de desempleo en términos anualizados se situó en febrero en 5.33 por ciento, menor a 5.38 por ciento del mismo mes de 2011, pero por arriba del pronóstico de entre 4.80 y 4.81 por ciento del consenso de los analistas.
A pesar del dato negativo de febrero, los analistas de Banamex estimaron que no se modifica la tendencia descendente del desempleo. Según sus estimaciones, la tasa de desempleo abierto continuará descendiendo en los próximos meses para alcanzar un nivel promedio anual de 4.8 por ciento en 2012.
De la población económicamente activa (PEA), 94.67 por ciento estuvo ocupada en febrero, sin embargo a su interior se manifiesta un subuniverso de casos que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, razón por la cual a este subconjunto se le denomina subocupados. En febrero pasado, éstos representaron 8.5 por ciento de la población ocupada, lo que significó una disminución mensual de 0.35 puntos porcentuales en relación con enero pasado, pero en términos anuales creció 0.4 por ciento.
El porcentaje de subocupación es más alto en los hombres que en las mujeres, correspondiendo a esta categoría 9.5 por ciento de la población ocupada masculina frente a 6.8 por ciento de la femenina, en febrero de 2012.
En tanto, la población ocupada por sector de actividad se concentró 42.3 por ciento en los servicios; 19.8 por ciento en el comercio; 15.7 por ciento en la industria manufacturera; 13.2 en las actividades agropecuarias; 7.5 en la construcción; en otras actividades económicas, que incluyen la minería, electricidad, agua y suministro de gas, 0.7, y el restante 0.8 por ciento no especificó su actividad.
El Inegi precisó que la tasa de desocupación por entidad federativa en la que se registraron los menores índices de desempleo fueron: Chiapas con 2.10 por ciento; Guerrero, 2.25, y Campeche, con 2.35 por ciento. Por el contrario, los estados con mayores tasas de desempleo se registraron en: Tamaulipas con 7.69 por ciento; seguida de Aguascalientes con 6.61 y Durango con 6.60 por ciento.
En el sector informal, 60% de la PEA
Riesgo de aumento del ejército delincuencial
Fernando Camacho Servín
Durante los gobiernos panistas, en México se han perdido alrededor de 700 mil empleos formales, particularmente en el área de las manufacturas, y ahora el sector informal es más grande que el formal, ya que representa casi 60 por ciento de la población económicamente activa (PEA).
Así lo advirtieron los académicos responsables de los proyectos Balance de la red de protección social en México desde la problemática de los trabajadores pobres de la economía informal y Experiencias y estrategias de protección social desde organizaciones de trabajadores informales en México.
Ambas iniciativas fueron coordinadas por especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consorcio de Investigación Económica y Social y la organización Mujeres en el empleo informal: globalizando y organizando (Wiego, por sus siglas en inglés).
La académica Norma Samaniego advirtió que una de las principales conclusiones de los estudios es que, de acuerdo con un concepto más amplio de lo que significa la informalidad, este sector de la economía ya rebasó a la formal, pues agrupa a 26.3 millones de personas, equivalentes a 59 por ciento de la PEA.
Partimos de una acepción más amplia de la informalidad, que comprende a grupos como los trabajadores rurales en condiciones de subsistencia; los domésticos remunerados pero sin prestaciones de salud; los no remunerados de cualquier empresa o sector, y uno que ha crecido mucho: el de los subordinados a un patrón, con o sin salario, pero sin acceso a la seguridad social, indicó.
Del total de trabajadores informales, el 57 por ciento está en el sector terciario, y el resto se divide a partes iguales ente el primario y el secundario. Los hombres representan 58 por ciento, por 42 por ciento de las mujeres, y más de 80 por ciento de ellos acceden a estas labores entre los 14 y los 19 años, aunque también hay un gran número de personas que lo hacen después de los 60 años.
Nivel de instrucción, variable determinante
Otro hallazgo de los estudios –realizados en el Distrito Federal, Monterrey, Oaxaca y Mérida–, es que una variable determinante para acceder o no al empleo formal es el nivel de instrucción escolar, puesto que el 90 por ciento de quienes sólo tienen primaria terminaron en la informalidad, mientras que quienes llegaron a educación media superior o superior, lograron obtener en mayor porcentaje un trabajo en el sector formal.
El analista Ciro Murayama subrayó por su parte que el trabajo informal es efecto y no causa del mal desempeño económico del país, y se ha constituido como una válvula de escape ante la falta de oportunidades de desarrollo o ante la pérdida de empleos, como los 700 mil que desaparecieron de 2000 a 2010 en el sector industrial.
Frente a este escenario, propuso establecer un sistema universal de salud y protección social que no dependa de tener empleo formal, financiado con impuestos generales mediante una reforma fiscal que grave más a los sectores más acaudalados; fijar nuevos estándares para medir la informalidad, y restructurar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
Si este plan no prospera, se corre el riesgo de que los 13 millones de jóvenes que se volverán mayores de edad en esta década y no tendrán acceso a la universidad, se sumen a los que hoy no lo tienen, y eso pueda generar un eventual aumento de la criminalidad. Si no cambiamos la política económica y no somos capaces de crecer al 7 por ciento anual, pronto vamos a tener un amplio ejército delincuencial de reserva, alertó.
Fuente : La Jornada
* Cerca de 300 mil desocupados más: Inegi
* El fenómeno se eleva entre los hombres
Periódico La Jornada
Sábado 24 de marzo de 2012, p. 27
El desempleo en México registró un sorpresivo aumento en febrero de este año, al situarse la tasa de desocupación en 5.18 por ciento, la mayor en los últimos cinco meses y 0.42 puntos porcentuales superior a la de enero pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De esta manera, alrededor de 300 mil personas se incorporaron a la desocupación durante el segundo mes del año, al pasar de 2.3 millones de desempleados en enero a 2.6 millones en febrero con una población económicamente activa (PEA) de 50.2 millones de personas.
Por su parte, el empleo informal también aumentó de un índice de 29.02 alcanzado en febrero de 2011 a 29.14 por ciento, en febrero de 2012, lo que significó que unas 400 mil personas se incorporaron a la economía subterránea con ingresos precarios y sin ninguna protección social. En febrero del año pasado, alrededor de 13.5 millones de personas se encontraban en el sector informal y para febrero de 2012 llegó a 13.9 millones.
Por sexo, la tasa de desocupación en los hombres aumentó de 5.52 por ciento en febrero de 2011 a 5.62 por ciento en igual mes de 2012, y la de las mujeres descendió de 5.14 a 4.85 por ciento.
En febrero de 2012, 28.3 por ciento de los desocupados no completó los estudios de secundaria, en tanto que los de mayor nivel de instrucción representaron 71.7 por ciento.
En cifras no ajustadas por estacionalidad, la tasa de desempleo en términos anualizados se situó en febrero en 5.33 por ciento, menor a 5.38 por ciento del mismo mes de 2011, pero por arriba del pronóstico de entre 4.80 y 4.81 por ciento del consenso de los analistas.
A pesar del dato negativo de febrero, los analistas de Banamex estimaron que no se modifica la tendencia descendente del desempleo. Según sus estimaciones, la tasa de desempleo abierto continuará descendiendo en los próximos meses para alcanzar un nivel promedio anual de 4.8 por ciento en 2012.
De la población económicamente activa (PEA), 94.67 por ciento estuvo ocupada en febrero, sin embargo a su interior se manifiesta un subuniverso de casos que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, razón por la cual a este subconjunto se le denomina subocupados. En febrero pasado, éstos representaron 8.5 por ciento de la población ocupada, lo que significó una disminución mensual de 0.35 puntos porcentuales en relación con enero pasado, pero en términos anuales creció 0.4 por ciento.
El porcentaje de subocupación es más alto en los hombres que en las mujeres, correspondiendo a esta categoría 9.5 por ciento de la población ocupada masculina frente a 6.8 por ciento de la femenina, en febrero de 2012.
En tanto, la población ocupada por sector de actividad se concentró 42.3 por ciento en los servicios; 19.8 por ciento en el comercio; 15.7 por ciento en la industria manufacturera; 13.2 en las actividades agropecuarias; 7.5 en la construcción; en otras actividades económicas, que incluyen la minería, electricidad, agua y suministro de gas, 0.7, y el restante 0.8 por ciento no especificó su actividad.
El Inegi precisó que la tasa de desocupación por entidad federativa en la que se registraron los menores índices de desempleo fueron: Chiapas con 2.10 por ciento; Guerrero, 2.25, y Campeche, con 2.35 por ciento. Por el contrario, los estados con mayores tasas de desempleo se registraron en: Tamaulipas con 7.69 por ciento; seguida de Aguascalientes con 6.61 y Durango con 6.60 por ciento.
En el sector informal, 60% de la PEA
Riesgo de aumento del ejército delincuencial
Fernando Camacho Servín
Durante los gobiernos panistas, en México se han perdido alrededor de 700 mil empleos formales, particularmente en el área de las manufacturas, y ahora el sector informal es más grande que el formal, ya que representa casi 60 por ciento de la población económicamente activa (PEA).
Así lo advirtieron los académicos responsables de los proyectos Balance de la red de protección social en México desde la problemática de los trabajadores pobres de la economía informal y Experiencias y estrategias de protección social desde organizaciones de trabajadores informales en México.
Ambas iniciativas fueron coordinadas por especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consorcio de Investigación Económica y Social y la organización Mujeres en el empleo informal: globalizando y organizando (Wiego, por sus siglas en inglés).
La académica Norma Samaniego advirtió que una de las principales conclusiones de los estudios es que, de acuerdo con un concepto más amplio de lo que significa la informalidad, este sector de la economía ya rebasó a la formal, pues agrupa a 26.3 millones de personas, equivalentes a 59 por ciento de la PEA.
Partimos de una acepción más amplia de la informalidad, que comprende a grupos como los trabajadores rurales en condiciones de subsistencia; los domésticos remunerados pero sin prestaciones de salud; los no remunerados de cualquier empresa o sector, y uno que ha crecido mucho: el de los subordinados a un patrón, con o sin salario, pero sin acceso a la seguridad social, indicó.
Del total de trabajadores informales, el 57 por ciento está en el sector terciario, y el resto se divide a partes iguales ente el primario y el secundario. Los hombres representan 58 por ciento, por 42 por ciento de las mujeres, y más de 80 por ciento de ellos acceden a estas labores entre los 14 y los 19 años, aunque también hay un gran número de personas que lo hacen después de los 60 años.
Nivel de instrucción, variable determinante
Otro hallazgo de los estudios –realizados en el Distrito Federal, Monterrey, Oaxaca y Mérida–, es que una variable determinante para acceder o no al empleo formal es el nivel de instrucción escolar, puesto que el 90 por ciento de quienes sólo tienen primaria terminaron en la informalidad, mientras que quienes llegaron a educación media superior o superior, lograron obtener en mayor porcentaje un trabajo en el sector formal.
El analista Ciro Murayama subrayó por su parte que el trabajo informal es efecto y no causa del mal desempeño económico del país, y se ha constituido como una válvula de escape ante la falta de oportunidades de desarrollo o ante la pérdida de empleos, como los 700 mil que desaparecieron de 2000 a 2010 en el sector industrial.
Frente a este escenario, propuso establecer un sistema universal de salud y protección social que no dependa de tener empleo formal, financiado con impuestos generales mediante una reforma fiscal que grave más a los sectores más acaudalados; fijar nuevos estándares para medir la informalidad, y restructurar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
Si este plan no prospera, se corre el riesgo de que los 13 millones de jóvenes que se volverán mayores de edad en esta década y no tendrán acceso a la universidad, se sumen a los que hoy no lo tienen, y eso pueda generar un eventual aumento de la criminalidad. Si no cambiamos la política económica y no somos capaces de crecer al 7 por ciento anual, pronto vamos a tener un amplio ejército delincuencial de reserva, alertó.
Fuente : La Jornada
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