John M. Ackerman
Un nuevo movimiento social en favor de la humanidad y contra el neoliberalismo crece en el sur del país. El Movimiento Popular Guerrerense se levanta como una ola de esperanza ante la enorme sed de justicia de la sociedad mexicana. Sus justas demandas universales tendrían que empujar a movimientos paralelos, como el Movimiento por la Paz, #YoSoy132 y Morena, a mostrar la humildad y generosidad necesarias para sumar en lugar de restar, para apoyar en lugar de competir.
La mejor muestra de que la lucha de los maestros de Guerrero no está motivada por intereses particulares, sino por grandes ideales, es la naturaleza de sus demandas. En México, los maestros de educación básica no ganan salarios dignos, equivalentes a la enorme importancia de su labor social. Sus siete u ocho mil pesos mensuales no alcanzan para mantener a sus familias e invertir el tiempo necesario para impartir clases como desearían, y no en salones con graves problemas de mantenimiento y con grupos sobrepoblados que muchas veces rebasan los 30 niños. Pero en lugar de exigir el sueldo que merecen, los maestros han decidido poner sus necesidades personales a un lado y luchar por mejorar la calidad de la educación pública.
La principal demanda de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) es establecer en la ley el 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) del Estado para la construcción, mantenimiento, equipamiento, mobiliario, material didáctico, servicios básicos y demás necesidades del servicio educativo. El listado no menciona salarios ni prestaciones laborales, sino que se refiere exclusivamente al mejoramiento de las condiciones educativas.
Esta solicitud es perfectamente razonable y se encuentra dentro de los márgenes internacionales en la materia. Todo México debería unirse a esta justa demanda para que se incluya no solamente en la legislación guerrerense, sino también en la nueva Ley General de Educación (LGE) a escala federal.
De acuerdo con la OCDE, México sólo invierte 5.3 por ciento de su PIB en la educación pública, y a educación primaria y secundaria sólo destina 3.3 por ciento. De acuerdo con fuentes oficiales, muchos otros países, incluyendo Ghana, Bolivia, Noruega, Suecia y Jamaica, dedican un porcentaje mucho mayor. Botsuana emplea 7.8 por ciento de su PIB en la educación pública, Dinamarca 8.7 y Cuba 12.9 por ciento.
La LGE ya incluye desde 2002 en su artículo 25 la obligación de que el Estado dedique por lo menos 8 por ciento del PIB al gasto en educación pública y en los servicios educativos. Sin embargo, esta disposición incluye los salarios de los maestros y se encuentra tramposamente condicionada a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables. Además, la ley no garantiza porcentajes específicos para entidades federativas en particular. El resultado es que año con año se incumple la norma y estados como Guerrero caen aún más en el abandono.
Otra demanda clave de la Ceteg es incluir en la ley estatal la obligación de incrementar el número de plazas de base que se asignarán a los egresados de las normales públicas. Resulta evidente que las personas idóneas para educar a nuestros niños son precisamente aquellas que culminen exitosamente la carrera de maestro normalista, una formación orientada a los temas especializados en la materia.
Los jóvenes que generosamente opten por dedicar sus vidas a la educación primaria merecen una oportunidad para servir a sus comunidades en lugar de ser obligados a arriesgar sus vidas cruzando la frontera en busca de trabajo. México necesita a sus normalistas educando y formando niños en su país, no lavando platos o cuidando los jardines de los estadunidenses más privilegiados.
México debe expandir, no reducir, este tipo de oportunidades laborales que simultáneamente facilitan la movilidad social y fortalecen el desarrollo económico. Una política como la que exige la Ceteg constituye, además, la mejor protección contra la expansión de la delincuencia y el narcotráfico en las comunidades más humildes del país. Un maestro es mucho más útil que un soldado para fomentar el desarrollo social.
Todos los jóvenes del país tendrían que tener garantizado su derecho a un empleo digno en su materia de especialización. La coyuntura actual podría ser una oportunidad de oro para rearticular #YoSoy132 en función de esta demanda universal. No hace falta recurrir a autores extranjeros o a utopías exageradas para fundamentar esta exigencia, sino solamente exigir el cumplimiento de nuestra revolucionaria Constitución, tan despreciada por los neoliberales, que sin rodeos señala en su artículo 123 que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.
Finalmente, resulta una vil mentira que los maestros rechacen la evaluación. Como cualquier profesionista, lo único que piden es que no haya despidos arbitrarios, algo que es por lo demás un derecho constitucional, y proponen una evaluación democrática, procesual, permanente, formativa, sistemática e integral. Los periodistas, políticos y empresarios que hoy, de forma clasista y racista, linchan mediáticamente a los maestros muy difícilmente aprobarían un riguroso proceso de evaluación de esta naturaleza en sus materias respectivas.
En lugar de dividir falsamente a los maestros entre los buenos, que dócilmente aceptan la imposición de la depredadora lógica neoliberal, y los malos, que exigen participar en el mejoramiento de sus escuelas, es necesario defender a los maestros y acompañarlos en la articulación nacional de sus justas demandas en favor del cumplimiento de la Constitución y las leyes del país.
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La Jornada
