Esta nota fue publicada el 20 de abril, pero es interesante el analisis que hace el
CENTRO DE INVESTIGACION LABORAL Y ASESORIA SINDICAL
No a la Reforma Lozano»Crisis, pretexto del gobierno para arrebatar derechos a los trabajadores
CILAS.- 2009-04-20.-
La crisis económica por la que atraviesa el país, como parte de la crisis global del neoliberalismo, ha servido de pretexto al gobierno federal para promover nuevamente la legalización de la arbitrariedad y despotismo con que de por sí actua, atentando contra los derechos laborales de millones de mexicanos. La intención de imponer una reforma laboral a costa de los trabajadores demuestra, sin margen de duda, el caracter abyecto del calderonismo que actua como administrador de los intereses patronales, frente a lo cual el movimiento sindical auténtico tiene que buscar alternativas para que el costo de la crisis no lo paguen, como siempre, los trabajadores, ni surja como salida a ésta un modelo económico más abusivo que el actual. La actual crisis global tiene ya efectos claros en México: el desempleo está en su punto mas alto: 5.7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), según las de por sí amañadas cifras oficiales y más de la mitad de esta se ubica en la informalidad. No solamente no se creara el millón de plazas que requiere anualmente el país, sino que se perderán cientos de miles. En loq ue va del año se han cancelado ya 350 mil puestos, y los pocos que se pudieran crear serán trabajos precarios, con bajos salarios, sin prestaciones ni seguridad social y sin estabilidad. No es nuevo, pero si indignante, que cuando las circunstancias y la ley obligan al gobierno a tutelar más que nunca el bienestar de los trabajadores, Felipe Calderón y su secretario del Trabajo, Javier Lozano, hacen lo contrario, promoviendo una reforma laboral que entroniza las arbitrariedades, la discrecionalidad, el abuso y la indefención contra los trabajadores. La crisis ha servido como pretexto para que insistan en imponer una reforma laboral a modo para los empresarios y la delincuencia sindical organizada que controla el mundo laboral. Por ejemplo, con la propuesta Lozano se busca transforma el artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo para permitir la contratación y elpago por horas, lo cual da pie a los patrones para pagar menos, negar derechos como la contratación colectiva, antigüedad, estabilidad en el empleo, prestaciones sociales y de salud, ahorro para el retiro y hace muy fácil el despido de un trabajador sin indemnización. El calderonismo se justificará con el viejo engaño de que con ello se promueve la productividad, cuando en realidad se trata de flexibilización el trabajo. La iniciativa aspira a establecer el pago de salariopor hora; modalidades de contratación de empleados por temporada o por capacitación; que sea posible imponer jornadas discontinuas y los trabajadores puedan prestar sus serviciospor unos días a la semana, al mes o por periodos cortos durante todo el año, según convenga a las empresas, de acuerdo con las modificaciones al artículo 39. En absoluta contradicción con la Constitución Mexicana, intenta modificar los artículos 899 y 920 para hacer imposible el ejercicio de la libertad sindical, la contratación colectiva y el derecho de huelga. De aprobarse, obligaría a los sindicatos a informar de antemano los nombres de los trabajadores inconformes cuando se pretenda emplazar a huelga en busca de la firma de un contrato colectivo de trabajo o cambiar de sindicato. Una disposición más represiva no podría haber, teniendo en cuenta la utilizacion que se hace de esa información para crear listas negras que se intercambian las empresas para no contactarlos. Con la Ley Lozano se abriría todavía más la contratación de protección patronal, dado que los empresarios tendrían la facultad de escoger al sindicato que les venga a modo, aun por encima de la voluntad de los trabajadores. Los salarios caidos en los jucios laborales se reducirán a seis meses, y si el litigio dura más tiempo, ya no se le pagará al trabajador, aunque lo gane. Es de destacar que los juicios laborales tardan varios años en concluir por causas imputables al propio gobierno, debido también a la integración tripartita de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a un conjunto de factores ajenos a los trabajadores. Es claro que con esta reforma al artículo 48 de la ley aningún empleado se le ocurrirá demandar, a sabiendas que la lentitud del proceso operará en su contra; no le quedará de otra que aceptar el pago que le imponga el patrón. La ofensiva del gobierno mexicano contra los trabajadores ha sido llevada, en los mese reciente, hasta el terrorismo de Estado, como las agresiones contra el sindicato minero, con agresiones tanto a los derechos laborales como a los derechos. En Petróleos Mexicanos, en noviembre pasado, despidieron a 40 personas por ejercer su derecho a la libre asociación, a través de la Unión de Técnicos y Profesionistas; a los maestros se les imponen pseudolíderes mediante charrazos, se les agrede físicamente. Además, la Gordillo pactó ya un aumento salarial sin consultar con la base magisterial. Con la complicidad del Gobierno, de las Juntas de conciliación y arbitraje se dan otros charrazos, recuentos fraudulentos, para desplazar dirigencias democráticas y auténticas, como el caso del Sindicato Único de Empresa Industri Vidriera del Potosí e imponer a las mafias de la CROC. Se multiplican los despidos y las presiones sobre trabajadores que buscan sindicalizarse, como el caso de Atento y la Universidad del Valle de México, Campus Texcoco. Se habla mucho en México de Transcición a la democracia, pero eso no ha pasado ni de lejos por el mundo laboral. No se puede hablar de democracia ni de transparencia y respeto al voto cuando millones de trabajadores son expropiados de sus derechos elementales de organizarse y elegir a sus dirigentes sindiucales. Frente a este panorama es indispensable que las y los trabajadores y sus organizaciones, así como la sociedad en su conjunto realicen acciones concretas y contundentes contra la reforma laboral y todos los intentos del gobierno por avasallar los derechos de las y los trabajadores mexicanos. Es urgente que todas quellas fuerzs que se asumen como democráticas hagan un esfuerzo unitario, fuera de todo protagonismo, para sumar fuerzas contra el enemigo común: la delincuencia sindical organizada, los patrones abusivos y la prepotencia de las autoridades. Una lucha que evite que de esta crisis surja un modelo económico más voraz, como sucedió en la crisis de 1982, sino uno comprometido con el bienestar de la mayoría de los mexicanos.
