La extinción de Luz y Fuerza del Centro, Un caso sui generis de desaparición forzada.

Por Alberto González Bárcenas y
José Manuel Pérez Vázquez.

A ocho meses del Inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC); a tres de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dio cuenta de que el amparo interpuesto por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) alegando la inconstitucionalidad del decreto, era de su competencia originaria; y a cinco de que la Cámara de Diputados decidió no darse cuenta de que el decreto de extinción extinguía por decreto las facultades constitucionales del Congreso de la Unión para legislar en materia de electricidad, queda claro, a la distancia de la intervención de los poderes de la República, que no se trató de la extinción de un organismo público descentralizado que otorgaba el servicio de electricidad, sino de su desaparición forzada.

Los documentos que hipotéticamente justificarían el procedimiento seguido al interior de la Administración Pública Federal para legitimar la contingencia de la extinción de la paraestatal creada por el Ejecutivo en febrero de 1994 acatando el mandato del Congreso de la Unión para tal efecto, quedaron clasificados como reservados por orden del propio Ejecutivo, que decidió la extinción. Él si sabe porqué hizo lo que hizo, pero lo que hizo carece de certeza jurídica, pues todo acto de legalidad ejecutado por la autoridad debe ser verificado en el acto por la transparencia del proceso. Lo que reservó Felipe Calderón no fue la información, sino la legalidad del proceso de extinción de Luz y Fuerza. Nos encontramos así, ante un acto de discrecionalidad del poder público respecto a los bienes nacionales y ante el secuestro de la legalidad bajo la ejecutoría de las reservas de ley.

La desaparición forzada, es por definición, un acto ilegal, utilizando para ello la capacidad represiva del Estado. Sin duda se trata de un caso sui generis: en primer lugar, debido a que la acción represiva no se orienta a un sujeto, sino a un objeto. Luz y Fuerza no es una persona, sino un organismo de la Administración Pública Federal; en segundo lugar, porque no hubo sigilo al ejecutar el acto ilegal, pues el despliegue de efectivos de la Policía Federal y de elementos del Ejército para tomar por asalto las instalaciones de la Empresa y despojar a los trabajadores de sus puestos de trabajo a punta de bayoneta, se difundió en cadena nacional en programas especiales; en tercer lugar, debido a que para saber quién es el autor intelectual de tan deleznable acto de brutalidad estatal no hay que esperar el reporte de la investigación de una futura Comisión de la Verdad. Felipe Calderón reivindica públicamente el acto y presume la “difícil decisión” con orgullo globalizado en el extranjero.

Los argumentos que esgrime la Secretaría de Hacienda para seguir ocultando los documentos que justificarían la inviabilidad económica y financiera de LyFC, no únicamente acuden a la indescifrable tesis de que su conocimiento público pondría en riesgo la seguridad nacional (pues qué acaso, Luz y Fuerza era una base operativa de Al Qaeda). El cinismo alcanza un grado superlativo, cuando sin ambages, declaran por escrito que su negativa para sacarlos a la luz responde a que ello podría otorgar ventajas a una de las partes que sostienen el litigio en la Suprema Corte por la constitucionalidad y la legalidad del decreto de extinción de la paraestatal, lo cual, advierten, eventualmente causaría un daño a los recursos del erario que ellos “fielmente resguardan”.

A confesión de parte, relevo de pruebas. Lo que Hacienda está reconociendo implícitamente es que en los documentos públicos, cuyo contenido resguarda bajo siete llaves y a piedra y lodo, se encuentran explícitos los elementos que demostrarían, por lo menos, que el despido de los trabajadores de LyFC fue injustificado, y por tanto ilegal; y como no quiere pagar los “salarios caídos”, pues entonces oculta las evidencias y ya: vaya privilegio de una de las partes en litigio. Que un delincuente común niegue flagrantemente la comisión de un delito, es entendible dentro de una estrategia de impunidad, pero que una institución del Estado mexicano actúe de la misma manera es, por decir lo mínimo, una aberración. El hecho, sin embargo, exhibe lo endeble de nuestro “estado de derecho” y la fragilidad en la que nos encontramos los ciudadanos para que se respeten nuestras garantías individuales, en una democracia, que a juzgar por lo que ocurre, marcha en reversa.

En la democracia del calderonato (que defiende efusivamente “como si de veras” el Subsecretario Gil Zuarth, cuando exige se levante la huelga de hambre que sostienen electricistas del SME desde el 25 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México) se practican procedimientos típicamente dictatoriales.

La proscripción política del Sindicato Mexicano de Electricistas como representante del más alto interés profesional de sus agremiados, se ejecutó de facto por orden del Presidente de la República bajo sus propios méritos arbitrarios, al instruir la desaparición forzada de las relaciones laborales que sostenían LyFC y el SME mediante la vigencia del Contrato Colectivo de Trabajo; sustituyendo así, al método del debido proceso que establecen las leyes para declarar la terminación del pacto laboral entre dos sujetos de derecho, vinculados por un contrato sancionado por la ley.

El Presidente de la República no es, ciertamente, autoridad jurisdiccional alguna en materia de trabajo, de ello no se desprende que tenga inhibiciones para ordenar la ocupación policíaca y militar de instalaciones industriales y tres días después, ya extinta la Empresa, según los términos de su Decreto, solicitar la terminación de las relaciones laborales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, utilizando como mensajero al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), organismo con el cual, el SME, no tiene relación laboral ni de ningún otro tipo.

Más complicado para el calderonato, resulta decretar la desaparición forzada de la dignidad de los trabajadores cuya infranqueable capacidad de resistencia, a ocho meses del golpe, se expresa en la más extrema de las formas de lucha civil pacífica: la huelga de hambre.

La respuesta del SME corresponde a la naturaleza del régimen que violentó sus derechos colectivos y las garantías individuales de los trabajadores bajo su protección. Efectivamente, la forma facciosa en que se utilizan a las instituciones del Estado por el grupo en el poder y la sistemática orientación de la propaganda oficial hacia la criminalización de la protesta social, expresan la raigambre antidemocrática de un gobierno que se siente ilegitimo por convicción de origen. La huelga de hambre invoca a la fuerza moral de la opinión pública; ante la arbitrariedad de un gobierno que impunemente pisotea el estado de derecho.

Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México a 16 de junio de 2010
Alberto González Bárcenas
Trabajador electricista en resistencia y en lucha