Debe SCJN examinar inconstitucionalidad en liquidación de LyFC

martes, 29 de junio de 2010
Al inaugurar el foro Análisis jurídico del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), el senador Carlos Sotelo García exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que examine la inconstitucionalidad del decreto por el que se liquidó a la paraestatal.

DEBE SCJN EXAMINAR INCONSTITUCIONALIDAD EN LIQUIDACIÓN DE LyFC

Al inaugurar el foro Análisis jurídico del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), el senador Carlos Sotelo García exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que con total independencia e imparcialidad examine la inconstitucionalidad del decreto por el que se liquidó a la paraestatal.

El también presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía afirmó que “la ilegal desaparición de LyFC despejó el camino al negocio de la concesión de las redes de fibra óptica en el Valle de México”.

Subrayó que juristas y académicos “han reiterado más de 25 violaciones flagrantes a la Constitución y a los convenios 87 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo en perjuicio de los trabajadores, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y del orden jurídico nacional”.

Sotelo García señaló que la emisión del decreto se realizó sin consultar al Congreso de la Unión, que es el único Poder con facultades para legislar en materia de energía eléctrica, tal y como lo establece el artículo 73 de la Carta Magna, por lo que este recurso surgió sin fundamento constitucional ni bases jurídicas serias.

En este sentido, llamó al Poder Legislativo para que asuma su función de “verdadero vigilante de los actos del Ejecutivo en la extinción de la empresa”.

Al respecto, el abogado Raúl Carrancá y Rivas señaló que el decreto por el que se extingue el organismo carece de motivación y fundamentación, viola la garantía de audiencia e invade la esfera de competencias del Poder Legislativo.

Resaltó que “el Presidente no respeta el equilibrio de poderes”, pues el artículo 73 de la Constitución establece que el Congreso de la Unión “es el único facultado para legislar en materia de hidrocarburos, minería, sustancias químicas, energía eléctrica y nuclear”.

Por su parte, Manuel Bartlett Díaz sostuvo que la acción del gobierno Federal fue un “golpe de Estado” al utilizar las instituciones para destruir a las propias instituciones, donde además perdió legitimidad.

Puntualizó que con ese “golpe de Estado”, el gobierno quiso liquidar a sus adversarios y favorecer otros intereses; “Calderón representa a los intereses trasnacionales y económicos; no al pueblo y para eso utiliza la estructura del gobierno”.

El ex legislador advirtió que de no revertirse “ese rompimiento constitucional, el país no va a vivir en un Estado de Derecho”.

Estela Ríos González, ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, reiteró que el decreto “violó la garantía de audiencia, carece de la debida motivación e invade la esfera de competencias del Poder Legislativo, en perjuicio del SME.

Resaltó que no existe disposición constitucional que faculte al Presidente y a sus secretarios para privar a 44 mil personas de su derecho al trabajo, ni a suprimir en su perjuicio las garantías de audiencia y la impartición de justicia que señalan los artículos 14, 16 y 17 constitucionales.

En su participación, Luis Javier Garrido Platas, catedrático de la UNAM, afirmó que si los Poderes Legislativo y Judicial aceptan la extinción de LyFC contribuirían a “las pretensiones de la ultraderecha que se adueñó del poder político y económico de México”.

El investigador reiteró que es “anticonstitucional” el decreto presidencial para la extinción, pues el “Ejecutivo no tiene facultades para suprimir una entidad pública creada como consecuencia de la nacionalización de la industria eléctrica”.

Por su parte, el jurista y asesor de sindicatos, Óscar Alzaga, sostuvo que privilegiar el interés del Estado por encima de los intereses de los trabajadores “es muy peligroso, pues puede quebrantar el Estado de derecho”.

Indicó que en el caso de LyFC, el Presidente de la República requería la autorización de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, antes de despedir a los trabajadores.

José Antonio Almazán González, ex diputado federal y jubilado por el SME, pidió a los senadores que “no se dejen engañar”, ya que en el expediente que está en poder de la SHCP, existen argumentos para rebatir la idea de que los salarios y prestaciones de los trabajadores hicieron insostenible a la empresa.

Explicó que la deuda millonaria de LyFC fue resultado de una política de Estado, que implicó pérdidas constantes y acumuladas; “el gobierno Federal, al verse impedido de consumar la nacionalización de la industria eléctrica, lo que hizo a partir de 1963 fue emprender una guerra comercial mediante mecanismos de descapitalización”.

El abogado Gabriel Reyes Orona dijo que en la extinción de LyFC “Felipe Calderón Hinojosa cayó en un círculo vicioso, porque sólo puede extinguir un organismo para crear otro, y no es posible violentar una disposición constitucional en materia eléctrica, por medio de una ley secundaria y general”.

El también presidente de la Organización Ciudadana Transparencia Nacional, sostuvo que mientras las violaciones del estado constitucional no sean reparadas, solamente derivarán en delitos a cargo de servidores públicos federales que “se han prestado a que esta transgresión cobre vigencia y que siga afectando mes tras mes al SME y los intereses que representa”.

http://radiosme2.blogspot.com/2010/06/b-1768-hay-esperanza-de-que-extincion.html