* Exige reabrir el expediente del caso y castigar a responsables del “asesinato corporativo”
Periódico La Jornada
Viernes 15 de octubre de 2010, p. 16
La explosión en la mina Pasta de Conchos –en Coahuila–, donde fallecieron 65 trabajadores, fue un homicidio industrial aún impune. No hubo castigo penal contra los culpables ni se hizo pagar con cárcel su responsabilidad por ese hecho al dueño del consorcio Grupo México, Germán Larrea, por lo que debe ser reabierto el expediente del caso, que está “congelado” en los tribunales federales.
En entrevista vía telefónica, el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, apuntó lo anterior y añadió que la “lección que dio Chile a México” con el rescate de los 33 mineros obliga a señalar que tras el siniestro ocurrido en Pasta de Conchos en febrero de 2006 la empresa evadió, “con la complicidad” de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la demanda de los deudos de que los obreros o sus cuerpos fueran rescatados.
Grupo México, además, nunca otorgó una indemnización digna a viudas y huérfanos de los fallecidos, aun cuando ese año obtuvo utilidades por 2 mil 600 millones de dólares.
“Colusión”
Desde Canadá, el dirigente aseguró que es posible probar que deliberadamente no se rescató a los 65 trabajadores debido a la “colusión” de los dueños de la mina con autoridades de la STPS, ya que Javier Salazar Sáenz, su entonces titular, era proveedor de Grupo México, y aún lo es, y no quiso perder sus negocios con el consorcio, por lo cual “tapó el homicidio”.
Salazar Saénz, con dos compañías de su propiedad –Productos Químicos de San Luis y Latinoamericana de Productos Químicos de San Luis–, provee a Grupo México, y lo hacía en 2006, abundó. Además, Pedro Camarillo, su yerno, era el delegado de la STPS en Coahuila, y por eso “nunca se hicieron las inspecciones que tenían que realizar en esa mina”.
Sobre la declaración del ex secretario del Trabajo acerca de que lo ocurrido en Chile nada tiene que ver con lo que pasó en Pasta de Conchos y que no fue posible emprender el rescate, aseveró que sólo trata de eludir la responsabilidad directa que tuvo en la explosión, porque no atendió los llamados de los trabajadores y el sindicato debido a que habían aumentado los niveles de gasificación de la mina. Incluso el gremio realizó tres huelgas antes de la fecha de la explosión en demanda de mejores condiciones de seguridad, afirmó.
Hubiera sido más fácil el rescate en México, agregó, ya que la mina de San José, en Chile, está en una zona de montañas, en roca más dura y en un terreno más complicado, a 700 metros de profundidad, y 17 días después del incidente se tuvo la primera noticia de que los 33 mineros estaban vivos.
En Pasta de Conchos los trabajadores estaban a sólo 120 metros, en un terreno más suave, y había perforaciones para ventilación, por las cuales era posible haber introducido cámaras para ver dónde y cómo se encontraban. Sin embargo, a los cinco días se dieron por terminadas las tareas de rescate, se retiró a los familiares incluso con el Ejército y se abandonó a los trabajadores en el fondo de la mina, sin saber si estaban con vida. Eso se llama “asesinato corporativo”, insistió.
Demandó investigar a cuánto ascienden los contratos de Salazar Sáenz con Grupo México.
Añadió que Marta Sahagún, esposa del ex presidente Vicente Fox, obtuvo recursos de Germán Larrea por conducto de la Fundación Vamos México, además de que el empresario es miembro del consejo de administración de Televisa. “Todo fue colusión”, sostuvo Gómez Urrutia.
Debido a esos intereses no se atendió la propuesta de traer expertos de España, Canadá o Estados Unidos para el rescate, o de que lo hicieran mexicanos, apuntó. Está claro que se debe abrir el expediente para investigar las responsabilidades de funcionarios y el empresario, y aplicarles sanciones penales, reiteró.
Señaló que fue una “posibilidad seria” que algunos mineros hubieran sobrevivido a la explosión en Pasta de Conchos y que esperaban ser rescatados.
Pero no se hizo nada, para que no se conociera la “negligencia criminal” de esa compañía, a cuya cabeza está el segundo hombre más rico de México, expuso. En ese sentido, “Chile nos dio una lección moral”, abundó.
En 2008 un grupo de sindicalizados intentó rescatar los cuerpos y estuvo a unos metros de encontrarlos, pero con fuerzas de seguridad pública los socorristas fueron obligados a desocupar la mina, acusó.
Denunció que tras la explosión en la mina se desató una persecución política contra la dirigencia del gremio, y Fox ordenó al gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, que “me apresara bajo el cargo que quisiera, y cuando el mandatario le respondió que no había motivos, le respondió que los inventara”.
En contrapartida, luego de la tragedia, Grupo México recibió otra concesión para la explotación de gas natural en Coahuila y desde esa fecha se le han otorgado otras 400 concesiones; es decir, la negligencia criminal se premió con más negocios, aseguró.
Comentó que el actual secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, “ha estado en la nómina de Grupo México como asesor, lo que es vergonzoso, por lo que en este régimen también se ha encubierto este crimen”.
Sostuvo que es “obsesiva y enfermiza” la persecución en contra suya y del sindicato.
“Habría que hacerle un profundo estudio sicológico a Javier Lozano para saber por qué tiene esa fobia tan marcada hacia la clase obrera, hacia los trabajadores, que lo analicen. O es un odio enfermo o es la corrupción, porque ha apoyado irrestrictamente y sin medida a un empresario demente que ha pagado miles de millones de dólares para seguir un proceso legal sin fin en lugar de pagarle mejor a los trabajadores, de indemnizar a las viudas, de darles una casa… es increíble. Los mexicanos no nos merecemos estos empresarios ni este gobierno.”
Felipe Calderón dijo “que era el presidente del empleo y que llegaba con las manos limpias, y ha resultado lo contrario”, señaló. Insistió en que se reabran las investigaciones y aplaudió a los legisladores que lo propusieron.
http://www.jornada.unam.mx/2010/10/15/index.php?section=politica&article=016n1pol
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