Autor: Ana Lilia Pérez
31 October 2010 Contralinea
Como director jurídico de Pemex, José César Nava Vázquez impuso convenios internos para que no se rescindiera un contrato en el que el consorcio suizo ABB tenía graves incumplimientos. El inexplicable beneficio a favor de esa compañía –en el mismo periodo en el que, según ABB, sobornó a funcionarios mexicanos para “retener” sus contrataciones con la CFE– llevó a Pemex a costear trabajos defectuosos e inoperantes
En medio del escándalo internacional al declararse culpable ante cortes estadunidenses por sobornar a funcionarios mexicanos para “retener” sus contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC), el consorcio suizo ABB Group está bajo investigación de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que, hasta diciembre próximo, escrutará sus contratos de obra pública, adquisiciones y servicios con ambas compañías.
Paralelo a ello, están las indagatorias que abrieron la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR). Ambas dependencias están en espera de que el gobierno de Estados Unidos les comparta la indagatoria que integraron la Comisión de Intercambio y Valores, la Oficina Federal de Investigación y el Comité de Cuestionamiento Independiente de las Naciones Unidas, que derivó en la aceptación de culpa de ABB y de la sentencia: pagar 58 millones 800 mil dólares por prácticas ilegales.
Cuando el secretario de la SFP, Salvador Vega Casillas, anunció que la revisión de sus contralores se haría extensiva a Petróleos Mexicanos (Pemex), donde ha obtenido 150 de sus 556 contratos gubernamentales –facturados en la última década–, la alerta se encendió en las oficinas directivas de Marina Nacional. Desde allí se instruyó al blindaje de expedientes de funcionarios y exfuncionarios cercanos a la Presidencia de la República vinculados con irregulares contrataciones a favor de esa compañía.
Uno de ellos es el que integra la documentación relacionada con el contrato PRSPR-044/00DMX, en cuya ejecución ABB presentaba graves incumplimientos. Para que éste no se le rescindiera, desde el jurídico de la paraestatal, encabezado por José César Nava Vázquez, en contravención a la ley, se impuso una serie de “conciliaciones” internas, en contra del interés de la paraestatal. Los convenios solaparon que ABB atrasara por más de un año una obra crucial para Pemex Refinación.
Cuando finalmente se instaló la obra, presentó múltiples fallas: los equipos eran obsoletos, por lo que, según funcionarios de Refinación, la “modernización” de nada ayudó a los proceso de producción.
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