* Se quedaron en promesas las ofertas de empresas del gobierno federal tras la liquidación
Apenas una de las cinco firmas que obtuvieron contrato con la Comisión Federal de Electricidad ha logrado obtener utilidades; las demás están a punto de quebrar y dejar sin empleo a su planta.
2011-01-01•Política Milenio
De los más de 28 mil trabajadores que cobraron su liquidación tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro sólo 350 lograron emplearse en las empresas que ofreció apoyar el gobierno federal, y a más de un año de la desaparición de la paraestatal están por perder nuevamente su empleo y la inversión que realizaron en sus negocios.
Cuando se dio a conocer la extinción, se propuso a los 44 mil agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas que podían optar por mantener un movimiento de resistencia sin cobrar su liquidación, o aceptar las condiciones ofrecidas por el gobierno federal, entre las que destaca la creación de empresas que serían apoyadas a través de financiamientos y contratos de adjudicación directa.
En entrevista con MILENIO, los encargados de las cinco empresas que lograron obtener un contrato para dar servicios a la Comisión Federal de Electricidad detallaron las dificultades a las que se enfrentan debido a lo que consideraron “el incumplimiento del gobierno federal al compromiso de apoyarlos para emprender”.
Miguel Quiroz y José Luis Olivares, dos ex trabajadores de LFC con más de 15 años de antigüedad, se asociaron con algunos de sus compañeros para establecer su negocio; dos empresas para brindar servicios de mantenimiento de redes, subestaciones, y poda de árboles que interfieran con el cableado.
Ambos trabajadores refirieron que a pesar de tener capacidad y experiencia para brindar una gama de servicios, sólo se les ha permitido realizar labores de poda de árboles, y se les han otorgado dos contratos por seis meses, los cuales finalizaron antes de ese periodo, sin que se los hayan renovado por lo que podrían quedar nuevamente en el desempleo.
La empresa encabezada por Quiroz se encuentra en el estado de Morelos, se constituyó el 29 de abril, pero fue hasta el mes de agosto que entró en operaciones debido a dificultades financieras, pues los créditos comprometidos para otorgarse a través de la Secretaría de Economía (SE) no se entregaron a tiempo, por lo que tuvieron que invertir la totalidad de sus liquidaciones para el pago de renta o compra de equipo, de salarios y para costear los cursos de certificación de trabajadores, requisito obligatorio para operar.
Asimismo, los trabajadores de ambas empresas no sólo han tenido que lidiar con el retraso en la entrega de créditos y la falta de nuevos contratos, además, durante sus labores son víctimas de las agresiones de sus ex compañeros que se mantienen en la resistencia.
En este sentido, Olivares comentó que su empresa obtuvo contratos de “poda” para dos zonas del Distrito Federal, y además de que tuvieron que invertir sus liquidaciones y comprometer sus bienes patrimoniales para adquirir las herramientas, deben mantenerse alerta de las agresiones de sus ex compañeros.
Dijo que los agremiados que rechazaron cobrar su liquidación, han averiado sus vehículos, los amenazan, persiguen e inclusive los han golpeado, por lo que algunos días se vieron obligados a suspender operaciones.
“En muchas ocasiones pedimos apoyo a la policía capitalina, pero ellos te dicen que mejor corras y dejes las unidades, pues no pueden hacer nada por ayudarte”.
La situación de Claudia Bravo no es mejor, pues la empresa que conformó con sus compañeros y que se encarga de digitalizar postes eléctricos para su localización vía satélite comenzó con 69 empleados, pero por falta de un nuevo contrato se redujo a 14.
Bravo comenta que en dos ocasiones se tuvo que sustituir a la plantilla, pues por haber sido la primer empresa de este tipo, su conformación se hizo pública y los grupos en resistencia los agredían constantemente.
“En el primer mes de operaciones renunció la mitad de la plantilla por el miedo a represalias y por que algunos fueron golpeados, pero nosotros sí presentamos denuncias”.
Ángel Fernando Reyes, analista de LFC por 12 años, inició un call center en diciembre de 2009; en abril inició operaciones con una plantilla de 112 operadoras, todas ex trabajadores de la paraestatal, a quienes se tuvo que brindar un curso de capacitación por dos meses, el cual costeó con el financiamiento de la SE, entregado de manera tardía, y con recursos propios.
Actualmente, el call center se redujo a 71 trabajadores, pues en los ocho meses de sus operaciones no se les ha canalizado la derrama de llamadas telefónicas que requieren para solventar los gastos de operación, y sólo han registrado pérdidas.
Comentó, que el financiamiento fue insuficiente para cubrir los gastos iniciales de la empresa, pues tan sólo para dar la capacitación tuvo que rentar aulas, instructores y pagar salarios durante dos meses, sin recibir ingresos.
Finalmente, la empresa encabezada por Gabriel Aguilar, en el Estado de México, es la única que ha logrado generar utilidades a través de la poda de árboles.
“A nosotros nos ha ido bien. Aunque el gobierno nos prometió mucho y cumplió con muy poco, pues las empresas se conformaron para dar varios servicios y sólo se nos limita a poda de árboles, además de que se comprometieron a darnos contratos de obra pública, y nunca se dio”.
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