* Se ha recrudecido la represión contra la clase trabajadora, advierte Óscar Alzaga
Periódico La Jornada
Martes 19 de abril de 2011, p. 7
La próxima semana el Tribunal Internacional de Libertad Sindical (TILS) pondrá en el banquillo de los acusados al gobierno de Felipe Calderón, en tanto que se ha recrudecido la represión contra la clase trabajadora con acciones que van desde agresiones físicas y jurídicas, hasta una creciente criminalización y castigo de la lucha y protesta sociales, anunció el abogado Óscar Alzaga, integrante de esa instancia.
Acompañado por sindicalistas y juristas, destacó que las evaluaciones del TILS servirán de sustento para profundizar diversas denuncias presentadas contra el gobierno federal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Algunos casos de organizaciones y líderes que han sido blanco de ataques, violaciones a derechos humanos y laborales, campañas de descrédito en los medios de comunicación y maniobras jurídicas, son el de los integrantes de los sindicatos Mexicano de Electricistas (SME), de mineros, de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 9 democrática; de Trabajadores Unidos de Honda, así como de la Vidriera Potosí.
Además, los trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, los de gasolineras, del Instituto Federal Electoral, del Hospital Español, del call center Atento, por citar algunos.
De los 11 integrantes del SME presos refirió que es otro intento de criminalización contra quienes no han aceptado su liquidación. Incluso, denunció presencia de paramilitares en la mina de Cananea, Sonora, donde se realizan patrullajes como en Colombia, donde los militares son usados para reprimir a la sociedad.
En conferencia de prensa junto con Héctor de la Cueva, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas); el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (Anad), Manuel Fuentes, y otros sindicalistas, se hizo mención especial del caso de Silvia Ramos Luna, dirigente de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros.
En represalia por su activismo sindical, subrayaron, Ramos fue inhabilitada 10 años de su puesto en el gobierno federal, para lo cual las autoridades se valieron de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del uso de videos en Internet donde la luchadora participa en acciones por la defensa de los derechos de los petroleros.
El panorama laboral en México es tan complejo que incluso organizaciones de 40 países promovieron una semana internacional de solidaridad con el sindicalismo mexicano, concluyeron.
Fuente : La Jornada
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