Los firmantes, ex dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), solicitamos atentamente la publicación de nuestra protesta ante el gobierno federal, que pretende encarcelar a nuestro secretario general, Martín Esparza Flores; a Eduardo Bobadilla Zarza, nuestro secretario de Trabajo, y a la apoderada legal del SME, la licenciada Amalia Vargas Ríos.
El cargo es tentativa de fraude, lo que permite al juzgado segundo de distrito de procesos penales federales en el DF escamotearles el ejercicio de sus derechos políticos, únicamente por el tiempo de duración de este proceso; es decir, negarles la toma de nota mientras estén en este proceso.
Acusarlos de tentativa de fraude por el hecho de tramitar y exigir ante el Banco del Ahorro Nacional y de Bansefi la devolución del dinero de nuestras cuotas sindicales, indebidamente confiscadas y retenidas, es francamente un acto reprobable del gobierno federal.
Lo que está en el fondo es –entre otras cosas– la negación de la toma de nota al comité central (particularmente a Martín Esparza Flores), con el propósito de negarle representatividad jurídica, debilitar la defensa legal y acelerar la descomposición y destrucción del SME. Es una injerencia en la vida interna del gremio y una violación al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que atenta contra la libertad sindical.
Los ex dirigentes Manuel Fernández Flores, Mario Torres Aguilar, Julio Pineda Hurtado, Jesús Trejo Sandoval, Miguel Soto, Jorge Herrera Ireta, César Torroella Labrada, Antonio Guadarrama Saucedo, Miguel Ángel Guzmán Melgarejo, Rafael Ramírez Ochoa, Francisco Javier Gutiérrez Aguilar, Augusto Yáñez Rodríguez, Miguel Ángel Kaysser Espinoza, Pedro Beltrán Mejía, Gustavo Alcántara Cárdenas, Cosme Hernández Jardines, Julio López Álvarez, Javier Alcalá Aguilar
Fuente : Correo Ilustrado La Jornada
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