Lo que no reveló el V Informe

FECHA:10 SEPTIEMBRE, 2011

Por Martín Esparza Flores

Anclado en la marina de Acapulco, el lujoso yate Dream Seeker (Buscador de sueños) es mudo testigo pero irrebatible prueba del grado de descomposición y corrupción oficial en el actual sexenio; su ostentoso dueño, el ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, Néstor Moreno Díaz, lo recibió entre otras millonarias compensaciones, a cambio de otorgar jugosos contratos de la “empresa de clase mundial”, a firmas extranjeras.

Moreno Díaz, detenido el sábado 3 de septiembre por agentes de la Procuraduría General de la República cuando intentaba huir del país por el aeropuerto internacional de Toluca, fue, sin embargo, dejado en libertad un día después, según dijo la juez Cuarto de Distrito en Materia Penal, Taissia Cruz Parcero, en cumplimiento a una suspensión provisional vigente. Un día después se confirmó la orden de aprehensión en su contra, y hasta el momento de escribir el presente artículo aún no se había hecho oficial su recaptura para confinarlo al Reclusorio Oriente, sitio destinado para que enfrente su proceso por enriquecimiento ilícito en contra de las finanzas públicas, daño patrimonial que en opinión de la juez de la causa, “no es un delito grave”.

Parafraseando a Felipe Calderón, podemos decir que el caso de Néstor Moreno es un claro ejemplo de lo que él mismo califica en México como la verdad real y la verdad legal; es decir, contundentes acciones ilegales que le duelen al pueblo, a la sociedad, pero, que sin embargo, de acuerdo a los criterios jurídicos vigentes permiten que no se castigue a los responsables de violar la ley y el Estado de derecho.

Acorralado por la desatada ola de inseguridad y violencia en el país, el inquilino de Los Pinos ha arrojado la responsabilidad del Estado fallido, a los representantes del poder judicial, jueces y magistrados que a su decir, se escudan entre la línea divisoria de estas dos verdades para no castigar a miembros de la delincuencia organizada, sólo que le falta aderezar a su receta gatopardista, elementos prohijados en su propio ámbito de poder, porque hay otro tipo de delincuentes que siguen sin castigo, no por la complicidad de policías o jueces corruptos, sino por la complacencia y cobijo obtenido desde las altas esferas del poder.

Por eso, ahora que está de moda hacerle preguntas al presidente, vale plantear, apelando a su teoría de las verdades reales y legales: ¿cuándo se hará justicia a los 49 niños muertos en la guardería ABC de Hermosillo?; ¿cuándo los hijos y las viudas de los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos, Coahuila, podrán darle sepultura a sus muertos?, ¿cuándo verán tras las rejas a los culpables de tan aberrante crimen industrial?; ¿cuándo se hará justicia a los mineros de Cananea, en Huelga?; ¿cuándo se devolverá su empleo a los 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que fueron lanzados a la calle tras el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro?

Ante este cúmulo de verdades reales, ¿con qué verdades legales se escudará Calderón para no castigar a los culpables?

Es claro que el Presidente ha terminado por convertirse en rehén de sus propias palabras y contradicciones; gran parte de las causas por las que se ha deteriorado la impartición de justicia y el Estado de derecho provienen del arbitrario y errado ejercicio del poder público. Los presos políticos de Atenco permanecieron cuatro años en prisión por el delito de haber defendido sus tierras en contra de un abuso de poder apoyado por las fuerzas federales.

Juan Linares Montúfar, miembro de la dirigencia del sindicato minero, ha permanecido dos años y dos meses en prisión por apoyar a los huelguistas de Cananea, acusado de delitos inexistentes; igual situación enfrenta desde hace once meses nuestro compañero del SME, Miguel Márquez Ríos, recluido en el penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla.

Es inaceptable que un presidente que se dice democrático y que anuncia en su mensaje de gobierno “un promisorio amanecer” para los mexicanos, contribuya con sus acciones a que en las cárceles del país no estén presos los responsables de sus verdades reales, como los narcotraficantes, los secuestradores, los delincuentes del orden común y, por supuesto, los funcionarios de la talla y calaña de Néstor Moreno Díaz, sino los luchadores sociales cuyo único delito, es pelear dentro del Estado de Derecho, establecido en las leyes mexicanas y los tratados internacionales, por mejorar sus condiciones de vida y recuperar sus empleos.

Es cierto, señor Calderón, en nuestro país hay verdades reales y verdades legales, pero aunque usted dice conocer la diferencia entre ambas, se ampara en las segundas para que las primeras no exhiban las constantes violaciones que ha hecho de la Constitución y del Estado de Derecho, pues en el terreno de las verdades reales, usted mismo y sus funcionarios ineptos y corruptos, tienen mucha cola que les pisen. ¡Feliz V Informe!…

Fuente : Revista Siempre!