El pasado 25 de octubre la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCA-DF) publicó un boletín en el que redefine los criterios que tendrán que cubrir los trabajadores para emplazar a huelga, para obtener la toma de nota y para poder registrar un nuevo sindicato, entre otros aspectos. Desde esa fecha hasta el día de hoy elBoletín de criterios ha sido rechazado por el sindicalismo independiente, en especial por la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT, y el Frente Auténtico de Trabajadores (FAT), porque consideran que viola la autonomíay la independencia sindical y, además, es anticonstitucional.
El boletín de criterios de la JLCA-DF
En el desplegado publicado en La Jornada del 24 de noviembre a cargo de la UNT, dicha central obrera destaca lo siguiente a propósito del Boletín de criterios:
- “Se modifican los procesos legales para los emplazamientos a huelga, registro de sindicatos y demandas de titularidad al establecerse requisitos infundados, no contemplados en la Ley Federal del Trabajo, con lo que restringe el ejercicio de derechos fundamentales como el de huelga o el de libre asociación sindical”.
- “La Junta exige, a través de su boletín, que los nombres de los trabajadores que promuevan un emplazamiento a huelga en demanda de la titularidad o de la revisión del CCT estén plenamente acreditados en el Acta de Asamblea sindical correspondiente y en el padrón de socios del sindicato, procedimiento que nulifica en los hechos el voto secreto y expone a los trabajadores involucrados a todo tipo de represalias por parte de las empresas y por parte de los sindicatos de protección, si se trata de un recuento”.
- “La Junta incurre en violación del artículo primero Constitucional y Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 3.2, pues con el “boletín de criterios” interviene en la vida interna sindical, al atribuirse la facultad de revisar y eventualmente rechazar los estatutos de las organizaciones obreras”.
Tras dicha reflexión, el comunicado de la UNT concluye en lo siguiente: “En síntesis el “boletín de criterios” que pretende aplicar la Junta local es contrario a la libertad sindical y a la autonomía de los sindicatos”.
Para la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la medidas definidas por la JLCA-DF “impiden que se ejerzan derechos como el de huelga, y buscan hacer imposible el registro de nuevos sindicatos, por ejemplo”, además de que, de acuerdo al FAT, las mismas “entorpecen y aplaza la entrega de tomas de nota a sindicatos democráticos y se les entrega y facilita el camino a los sindicatos blancos o de protección, y donde es un triunfo que se emitan registro de nuevos sindicatos”.
El carácter anticonstitucional del Boletín de criterios consiste en que impone modificaciones legales que únicamente pueden ser implementadas por el poder legislativo; es decir que las ilegales medidas adoptadas por la JLCA-DF representan una contrarreforma laboral por la vía de los hechos.
Contrarreforma por la vía de los hechos
De esa manera, la JLCA-DF, instancia que formalmente tienen el papel de fungir como árbitro en los conflictos entre patrones y trabajadores, intenta ahora hacer lo que no ha podido la burguesía y sus agentes durante varios años por medio de las cámaras de diputados y senadores. Recordemos que el más reciente fracaso de la clase dominante por medio del legislativo fue en abril pasado cuando, en la víspera de las elecciones del Edomex, el PRI le retiró su apoyo al PAN y a Calderón para aprobar su contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), como resultado —en última instancia— de la movilización callejera que lanzaron los sindicatos independientes en aquellas fechas.Sin embargo, esa historia de intentos fracasados ha sido la misma desde el propio sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), cuando la burguesía decidió lanzar una ofensiva demoledora contra los derechos obreros restantes en la LFT, ante lo que encontró siempre una significativa resistencia obrera, que la obligó a retroceder reiteradamente. Con ello quedó claro, desde esa época ya, las serias dificultades del sindicalismo oficial, es decir, de los gremios agrupados en la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el Congreso del Trabajo (CT), para desempeñar su servil papel ante el régimen. Esa debilidad también quedaría de manifiesto en las elecciones presidenciales de 1988, en las que dichas centrales ya no pudieron actuar como la poderosa maquinaria de votos a favor del PRI, como habían sido en el pasado. Entonces, el Revolucionario Institucional se vio obligado a aplicar un fraude electoral para impedir el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional (FDN) y a favor de Salinas (1).
Ante ese panorama de dificultades, la burguesía optó —tal como lo ha hecho con el petróleo y la energía eléctrica— por impulsar una privatización silenciosa, mediante la implementación de contrarreformas a leyes secundarias, mismas que le han posibilitado importantes agresiones contra la clase trabajadora sin necesidad de atacar directamente a la LFT. Algunos ejemplos de estas acciones son: la reforma a la Ley del IMSS del gobierno de Zedillo (1994-2000) o la contrarreforma al Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del IMSS, en el periodo de Fox (2000-2006) y más recientemente, ya con Calderón al frente de la presidencia de la república, la contrarreforma a la Ley de ISSSTE, la firma con los charros del SNTE de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) o el decreto de ley que determino la extinción de Luz y fuerza del Centro (LyFC) a la par del cierre de Mexicana de Aviación. Al respecto no se debe olvidar que por medio de los diferentes pactos económicos signados entre el Estado, la patronal y los charros sindicales desde el sexenio de Miguel de la Madrid hasta el de Zedillo, además de la política de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la burguesía, a lo largo de varios años, ha logrado colocar a los ingresos de los trabajadores mexicanos entre los más bajos de todo el mundo.
Por otro lado, también al más clásico estilo del gobierno alemanista, quien actuó como rompehuelgas en 1948 contra el sindicato ferrocarrilero, el Estado panista ha accionado de la forma más descarada y cínica en contra del movimiento obrero y ha violado la soberanía sindical; ha declarado ilegales las huelgas e incluso, ha usado la violencia más despiadada contra los trabajadores, como en los casos del SME, los mineros y el magisterio democrático de Oaxaca, por mencionar algunos.
La burguesía necesita más
Sin embargo y a pesar de toda esa lista de ataques, es evidente que aún no ha sido suficiente para la burguesía y sus intereses, pues regresa reiteradamente a sus intenciones de eliminar las conquistas obreras restantes en la LFT, con el objetivo de poner a los trabajadores en una situación de indefensión laboral, similar a la existente hace más de cien años durante el porfiriato.
Para la burguesía no hay otro camino en un panorama económico en el que el país ha crecido un raquítico 2% anual, en promedio, de 2000 a 2010, de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP); perspectiva en la que el capitalismo mundial está siendo sacudido severamente por una crisis de magnitudes similares —o incluso superiores— a las de la gran depresión de 1929 y sus efectos posteriores.
Es por ello que la burguesía necesita más sangre, más sudor y más lágrimas de parte de la clase trabajadora, con tal de salvar sus negocios y así incrementar las ganancias. El camino a seguir ha sido ya bosquejado, por ejemplo, en 2010, año en el que, para la industria manufacturera, el valor unitario de la mano de obra cayó en 9%, al mismo tiempo que la productividad por parte de los obreros se incrementó por encima de 5% durante el mismo lapso. ¡Se trata de profundizar la receta que permitió a las familias más ricas de México en su conjunto, por ejemplo, monopolizar 41.3%, es decir 439 mil 597.2 millones de dólares (md), del total de los ingresos familiares en 2008, cuando dicho porcentaje en 2004 fue de 34.5%, o sea de 267 mil 701.5 md!
Intensificar y extender aun más la jornada de trabajo y, con ello, elevar la tasa de plusvalía, a la vez que se abaratan los costos de producción, para hacer más competitivas las mercancías mexicanas en el mercado mundial, es la meta de la contrarreforma laboral la cual necesita, para lograr dicho objetivo, un mayor control sobre los derechos sindicales e incluso, la anulación en los hechos de los sindicatos y de la huelga.
En esencia, tales acciones forman parte de las tareas sobre las que pretende el avance de la contrarreforma laboral impuesta —por la vía de los hechos— por la JLCA-DF. Otra tarea más de la junta es transformarse en la cabeza de ariete para crear el precedente necesario y avanzar cuando menos en los puntos definidos por el Boletín de criterios, con el objetivo de imponerlos también en los hechos, a través de las diferentes juntas locales en todo el país.
Por esa razón y por el hecho de que en el DF —con más de 4 millones de Población Económicamente Activa (PEA)— se genera el mayor porcentaje del PIB nacional de entre el resto de entidades, es decir 18%, la reaccionaria medida impuesta por la JLCA ya representa un paso al frente para la burguesía. Por ejemplo, una acción similar en el Edomex —segunda fuente más importante del PIB nacional con una participación de 9.2%— pondría en bandeja de plata para su explotación por parte de la burguesía a los casi siete millones de trabajadores que integran su respectivo PEA. Si se suma el número de trabajadores de ambas entidades, la cifra total representa un porcentaje mayor a 20% del PEA nacional.
Hace falta una respuesta más enérgica de los sindicatos
La UNT y el FAT, acompañados por la ANAD, se manifestaron el pasado 30 de noviembre a las afueras de las instalaciones de la JLCA-DF en demanda de la revocación del Boletín de criterios y exigiendo la renuncia del presidente de la junta, Ramón Montaño Cuadra. Paralelamente, ese mismo día el juez primero de distrito en materia laboral, en respuesta al amparo interpuesto por el FAT, determinó la suspensión definitiva de los criterios impuestos por la JLCA-DF. Sin embargo, un día después, el 1 diciembre, en sesión plenaria, con 27 votos a favor y 2 en contra, la Junta resolvió no revocar el Boletín de criterios e hizo caso omiso a la determinación judicial en su contra y a los reclamos de los sindicatos independientes.
Un hecho más a destacar en la contrarreforma es la participación del gobierno del DF (GDF): las juntas locales están formadas por representantes sindicales, por los patrones y por representantes del respectivo gobierno local; queda también la designación de la presidencia en manos del mandatario de la entidad. Las juntas locales, al igual que la junta federal, formalmente —dada su composición, en la que además el Estado supuestamente es una entidad neutral— fungen como árbitro en los conflictos laborales; sin embargo, esa realidad es más que ficticia porque el Estado no sólo no es neutro, sino que se convierte en herramienta por excelencia al servicio de la burguesía. Además, en su enorme mayoría los representantes sindicales ante esa clase de instancias pertenecen a la CTM y al CT. ¡Las juntas locales, la federal y todo el aparato de justicia laboral no son otra cosa que una trampa contra los trabajadores y debemos luchar para erradicar de pies a cabeza dicho sistema!
La cuestión es que, de vuelta al GDF, la designación de Ramón Montaño Cuadra al frente de la JLCA-DF, de la misma manera que sucede en el resto de entidades federativas y su respectivo mandatario, corrió a cargo de Marcelo Ebrard, en febrero de 2010, y resulta paradójico que esta nueva ofensiva antiobrera encuentre un cauce apoyándose en un gobierno de izquierda.
Marcelo Ebrard tiene que rectificar en lo inmediato, mediante la destitución de Ramón Montaño Cuadra y todos los demás delegados del gobierno del PRD de DF en la JLCA; a la vez debe nombrar un nuevo titular y nuevos delegados de la administración capitalina en consulta y de acuerdo con los sindicatos independientes para que —ya integrada una nueva junta local— como primera medida, se revoque el Boletín de criterios. De lo contrario, si se mantiene vigente la contrarreforma laboral impuesta por la JLCA ante la inacción del GDF, Marcelo Ebrard no sólo estará abonado el camino para generalizar el ataque en el ámbito nacional, sino que además contribuirá a profundizar la confusión y el desconcierto entre amplios sectores de la clase trabajadora, debido a la política de derechas y de colaboración de clases por parte del ala de derechas del PRD. Estos vínculos han costado a ese partido, junto con el resto de partidos de izquierda, la pérdida de casi 10 millones de votos de 2006 a la fecha.
Para revertir esta realidad el PRD y AMLO no necesitan aplicar una política que los acerque a los empresarios, es decir, a la clase explotadora, sino un giro urgente y profundo hacia la izquierda en el que, entre otros aspectos, rompan con la burguesía y atraigan el apoyo de los sindicatos de cara al 2012. Una acción de tal índole, junto con otras medidas, posibilitaría la movilización masiva de los trabajadores hacia las urnas y, con ello, una margen mayor votación sobre los partidos de derecha para derrotarlos con certeza en las elecciones del año entrante. Sin embargo, insistimos, de no ser así, los únicos beneficiados de esa política incorrecta serán los partidos de derecha, en especial, el PRI.
Es necesaria una huelga general
Como ya señalamos, la JLCA-DF ha respondido que no revocara su “boletín de criterios”. Si no da marcha atrás, se corre el serio peligro de que la contrarreforma se extienda a otras entidades e incluso, a todo el país por medio de las respectivas JLCA, con lo que legalmente se dejaría a los trabajadores en una situación particularmente complicada para defenderse de la avaricia patronal; por ello, la UNT, el FAT y todo el sindicalismo independiente deben lanzar una ofensiva por mucho superior al acto de repudio del pasado 30 de noviembre; deben convocar a movilizaciones en todo el país y lanzar acciones de apoyo hacia los trabajadores agremiados en la CTM y el CT, para democratizar a sus sindicatos e incluso, impulsar una huelga general de 24 horas, para forzar la revocación del Boletín de criterios de la JLCA-DF.
Se trata de un problema grave que tiene que ser respondido con la seriedad y firmeza necesarias, pues el ataque de la JLCA-DF se podría transformar en la palanca de apoyo que durante años ha necesitado la contrarreforma laboral, para hacer polvo las conquistas obreras aun restantes en la LFT.
Como podremos ver, la explotación de los obreros como condición para la reproducción del capitalismo y el papel del Estado al servicio de dicho objetivo, dejan en claro que la solución de fondo de los problemas de la clase trabajadora inevitablemente pasa por eliminar la propiedad privada burguesa y la destrucción de su Estado. Poner los motores de la economía bajo el control de los trabajadores, mediante una economía planificada y por medio de la integración de un estado proletario, es la tarea a desarrollar por la clase desposeída para erradicar la barbarie capitalista. Únete a Militante y lucha por un programa socialista para el movimiento obrero.
Fuente : Militante
