El Sudcaliforniano
3 de diciembre de 2011
La Paz, Baja California Sur.- El superintendente de la Comisión Federal de Electricidad de Baja California Sur, Ernesto Ramírez Castro, confirmó que también en esta entidad la paraestatal ha perdido juicios y pagado indemnizaciones a particulares por el derecho de servidumbre de paso, sin embargo dijo no tener los datos sobre montos y número de casos, en tanto crece el escándalo de corrupción registrado en Sinaloa derivado de la complicidades entre jueces y funcionarios de la CFE por el pago millonario a propietarios de tierras por donde pasan las líneas de la Comisión, y cuyos avalúos fueron inflados, causando un perjuicio patrimonial a la empresa por el orden de los mil 200 millones de pesos, hechos por los que han sido consignados hasta ahora un juez, involucrados y dos cesados, y en donde están relacionados más de 60 funcionarios y exfuncionarios de la paraestatal, según dio a conocer la Secretaría de la Función Pública.
Pese al sigilo que las investigaciones de este caso exigen, ha trascendido que Secretaría de la Función Pública también investiga casos de corrupción como los de Sinaloa en los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora; aunque han sido considerados como aislados, en Tamaulipas y en Guerrero se ha detectado un caso en cada entidad; ninguno en el resto del país.
Una de las características en este escándalo, es que los autores de este fraude, convencían a personas de la tercera edad, en su mayoría ejidatarios para que les firmaran poderes e iniciar las demandas en contra de la CFE; en Baja California Sur el promedio de edad de los ejidatarios es de los 70 años o más, y esta condición ha sido determinante tanto para la venta de tierras ejidales a particulares, y para el incremento de juicios ante el Tribunal Agrario derivado de los problemas entre sucesores.
De acuerdo a información generada por la propia paraestatal, el número de juicios por el derecho de servidumbre se disparó en los últimos años, pasando de solo 4 demandas en el 2004 a 197 en el 2005; 308 en el 2006 y 2 mil 978 en el 2007: de ahí para adelante se registran un promedio de 2 mil demandas anuales. Hace poco más de cuatro años, abogados de Sinaloa llegaron a Baja California Sur promoviendo juicios contra la CFE, particularmente de ejidos a los que se les ofrecía contratos de servicios con una comisión de hasta el 40 por ciento de lo ganado a la paraestatal, sin anticipo ni pago de honorarios durante la duración del proceso legal; el gancho, era la referencia de los casos ganados en Sinaloa y las cifras millonarias recuperadas.
También representaron a los propietarios de tierras en juicios del mismo tipo, pero contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por lo que denominaron "ocupación ilegal" de las tierras que ocupa la carretera transpeninsular conocida como "la histórica", es decir, la que se construyó en los años 70 o antes de esa década, cuando algunos ejidos ni siquiera se habían conformado; este asunto llevó a un grupo de ejidatarios a integrar una Unión de Ejidos para presionar a las autoridades; la organización es liderada por José Antonio Navarro, un alto funcionario de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y socio del ejido Álvaro Obregón, quien incluso en horas de trabajo, ha encabezado mítines o reuniones con este propósito; aunque esporádica, también el exgobernador Leonel Cota tuvo alguna participación en este movimiento, ya que se le vio en un cierre parcial de la carretera transpenisnular a la altura de la Y griega que bifurca la carretera a Todos Santos y Los Barriles. El también exdirigente nacional del PRD es socio del ejido Santiago municipio de Los Cabos, comunidad que demandó a la SCT por el pago de 77 millones de pesos por lo que llaman "ocupación ilegal" de 38 hectáreas.
El abogado sinaloense Francisco Almeida, represente de varios núcleos ejidales se deslindó de los hechos recientemente ventilados ante la opinión pública registrados en Sinaloa, y negó haber sido colaborador o empleado de alguno de los despachos de abogados de aquel estado implicados en este escándalo; informó que solo ha trabajado con el despacho Sepúlveda Longoria de la ciudad de Los Mochis; El litigante es representante legal de varios ejidos de Baja California Sur que tienen juicios en contra de la CFE y de la Secretaría de Comunicaciones, por la ocupación de tierras en donde fue construida la carretera o por donde pasan las líneas de la Comisión.
Pese a que el abogado Francisco Almeida niega tener relación con otros despachos de Sinaloa que pidieran estar relacionados con este asunto, otra fuente, cuya identidad nos reservamos a petición expresa, asegura que éste llegó al estado como representante de un bufete, incluso que uno de los propietarios o socios de nombre Luis Enrique Zamudio, estuvo en esta entidad para dejarlo a cargo de los juicios locales contra la CFE y la SCT, y que su trabajo inicial fue desplegar una campaña de promoción entre los núcleos ejidales, con la referencia de que en Sinaloa ya se habían ganado varios asuntos de este tipo en contra de las paraestatales.
En Sinaloa, estas demandas debieron de haberse presentado hace 30 ó 40 años, sin embargo se presentaron hace apenas unos años, además de que los jueces locales resolvieron sin tener facultades para ello, y como si esto fuera poco, los abogados de la CFE dejaron perder los casos y nunca impugnaron, y los procesos se resolvían en plazos de 10, 13 ó 17 días, entre otras anomalías.
Como ejemplo de las graves irregularidades en estos juicios, en Sinaloa la CFE pagó a un afectado 91 millones de pesos, cuando el avalúo real de acuerdo al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), era de 17 millones 938 mil pesos.
Hasta ahora estos hechos de corrupción han derivado en la detención de tres servidores públicos acusados de sobrevaluar derechos de vía de la CFE en Sinaloa; ellos son: el juez local José Raymundo Soro, el perito Martín López y el exabogado de la CFE, Francisco Rodríguez, aunque según información de la Secretaría de la Función Pública, en este asunto también podría estar relacionado con el caso de Néstor Moreno, ex alto directivo de la paraestatal quien se encuentra prófugo de la justicia y a quien se le investiga por haber recibido sobornos en diversas contrataciones.
La propia Secretaría adelantó que en breve iniciará proceso en contra de 8 abogados de la división noroeste y de varios funcionarios más.
Fuente : OEM
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