Algún día por venir los mexicanos querrán saber cuántos miles de millones de pesos gastó el gobierno del presidente Calderón en su guerra contra el narcotráfico. O si hubo contratos para el cuñado Hildebrando y cuánto fue su monto. O conocer los contratos originales de la multimillonaria cuenta de importación de gasolina, y cuáles compañías petroleras extranjeras benefició, y los nombres de los intermediarios, si los hay. Son datos indispensables, más otros muchos, para hacer el balance de la administración calderonista. Los ciudadanos deberán entonces recurrir a las dependencias que posean esa información; lo más probable es que se las nieguen por ser sensitiva, así que tendrán que recurrir al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai). Calderón sin duda lo ha previsto, porque está colocando gente que le cubra las espaldas. Ahora que la comisionada María Marván Laborde se incorporó al IFE quedó un asiento vacío y ha propuesto para que lo cubra a Ricardo Celis Aguilar Alvarez, uno de sus empleados, que ocupa un cargo de mediano nivel en la Consejería Jurídica de la Presidencia. La propuesta debió haber llegado ya al Senado; tiene 30 días para objetarla. Lo más probable es que no lo hará; ahí Calderón sigue contando con los servicios de don Beltrone. No es el único elemento de confianza con quien cuenta en el instituto, habría que añadir a Wanda Sigrid Arzt Colunga, la comisionada de lo oscurito, como es conocida; con frecuencia vota por que se clasifique por varios años la información que podría incomodar a Calderón. El nuevo comisionado, en caso de que pase el semáforo del Senado de la República, es sobrino político del ministro de la Suprema Corte Sergio Valls Hernández.
Fuente : La Jornada
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