Detalla magistrado amparo a Moreno
REFORMA / Redacción
Ciudad de México (3 febrero 2012).- El magistrado federal que amparó al ex director de Operación de la CFE, Néstor Moreno, resolvió que no existe una sola prueba jurídicamente aceptable del enriquecimiento ilícito de 33 millones de pesos en el periodo 2001-2010 imputado por la PGR.
Estos son los elementos centrales de la sentencia dictada el 28 de noviembre por Isidro Avelar Gutiérrez, magistrado de un tribunal unitario auxiliar en Guadalajara, en el expediente 412/2011.
El yate Dream Seeker
"No se encuentra demostrado que el indiciado haya adquirido la embarcación de mérito", resolvió el magistrado, en alusión al yate que constituye el punto central de los supuestos sobornos pagados por una contratista estadounidense de la CFE.
La principal prueba de que Moreno es el verdadero dueño del yate, valuado en 1.8 millones de dólares, era un recibo que habría firmado a la empresa vendedora South Shore Yatch Sales. La firma resultó ser falsa.
"A través de dictamen en grafoscopía elaborado por el perito, se determinó (sin prueba en contrario) que la firma impresa en los aludidos recibos, no fue estampada por el incriminado".
El propietario del yate es la empresa Ocean Horizon LLC. El magistrado se basó en los testimonios del administrador de la empresa, así como el capitán y marinero del yate, que negaron que Moreno fuera el propietario.
También tomó en cuenta el permiso de importación expedido por la Aduana de Acapulco, el convenio de uso de instalaciones con el Club de Yates, las guías de navegación y los reportes de movimiento en muelles, documentos que "de ninguna manera pueden acreditar que (Moreno) haya adquirido ese yate o que se hubiera conducido como dueño".
Lo único que quedó como cierto es que en noviembre de 2006, Moreno hizo un viaje en ese yate desde San Diego y desembarcó en Los Cabos. El ex funcionario declaró que fue por invitación de su amigo Enrique Aguilar.
Pago de la colegiatura del hijo de Moreno en una academia militar de EU
"No existe documento alguno que permita presumir siquiera que Néstor Moreno Valdez se encuentre cursando o haya recibido estudios en la escuela militarizada Saint John's Northwestern Military Academy", dice el fallo.
Lo anterior, no obstante que el propio Moreno declaró que su hijo estudió por un periodo breve en 2004 en esa escuela.
Para la inscripción, Moreno obtuvo un "préstamo momentáneo" de 29 mil 500 dólares por parte de Aguilar, uno de los presuntos responsables de pago de sobornos, pero el dinero fue devuelto porque la escuela lo reembolsó.
Dos inmuebles no declarados, uno de 48 mil pesos y otro de 416 mil pesos, el primero en Sinaloa y el segundo cedido a Moreno por su madrastra tras su muerte en 1999
El primero no fue incluido en las declaraciones porque fue adquirido antes del periodo investigado por la SFP, mientras que el segundo fue una cesión, no una compra, afirmó el magistrado.
"Si la adquisición del inmueble de mérito, se derivó de un acto de cesión; supuesto jurídico que no se encuentra comprendido en las declaraciones patrimoniales rendidas por el inculpado, ello comprueba el motivo por el que el inmueble no apareciere descrito en las aludidas declaraciones de modificación patrimonial, elaboradas durante el periodo 2001 a 2010", dice la sentencia.
"Además, demuestra que por tratarse de una cesión, no se generó remuneración económica alguna, que se hubiera reflejado en las cuentas bancarias del incriminado", agrega.
Tres vehículos no declarados por 1.5 millones de pesos
Uno lo compró en enero de 2003 por 527 mil pesos, a crédito y aprovechando un préstamo para vehículo de la CFE por 250 mil pesos, para venderlo en mayo de 2010 por 104 mil pesos.
Las otras fueron dos camionetas, una de 509 mil pesos, y otra que usaba su hijo y cuyo monto no se menciona.
"De los ingresos externados por el indiciado en sus declaraciones de modificación patrimonial y fiscales, se advierte que dado el monto de sus gananciales, le fue fácil adquirir ambos automotores".
10.7 millones de pesos en depósitos bancarios de origen no justificado
"No se tomaron en consideración las devoluciones de impuestos federales, depósitos de pagos por alimentos o viáticos efectuados al incriminado por la CFE" a lo largo de los diez años investigados", señala la sentencia.
Destaca que mientras la SFP mencionó que los depósitos de origen no identificado ascendían a 10.7 millones de pesos, el dictamen pericial de la PGR solo mencionó 8 millones.
"Los dictámenes fueron elaborados en contra de las constancias que conforman el proceso penal de origen; por ende, aun con el valor indiciario que les fue conferido, ahora se determina que resultan poco creíbles", afirma.
Agrega que existieron "serias discrepancias" en las operaciones y montos manejados por los peritos de SFP y PGR.
Fuente : Reforma
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