* La comisión emitió 30 recomendaciones a varias autoridades
* Exige juicio político a funcionarios para poder procesarlos
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de marzo de 2012, p. 2
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 30 recomendaciones relacionadas con los hechos de represión cometidos contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa: 13 de manera conjunta a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y al gobernador de Guerrero, cuatro exclusivas a la SSP federal, 11 al gobernador del estado y 2 al presidente de la mesa directiva de la Legislatura del Congreso del estado.
Además, Raúl Plascencia Villanueva, titular de la CNDH, anunció que presentarán una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra 184 servidores públicos, agentes ministeriales, estatales, elementos de la Policía Federal, el ex subprocurador general de Justicia y el ex secretario de Seguridad Pública, ambos del estado de Guerrero; y contra el ex comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, en este caso, por omisión, ya que informó que no se enteró del operativo sino hasta una hora después de efectuado.
Entre las recomendaciones de la CNDH están indemnizar a las personas afectadas y que en un acto público en el estado de Guerrero, ante víctimas y familiares, se les ofrezca una disculpa institucional, lo que implica el reconocimiento de las violaciones a sus derechos humanos.
Al presentar ayer la recomendación general relativa a la protesta de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Plascencia Villanueva sostuvo que aunque dos policías ministeriales del estado de Guerrero se encuentran consignados por el asesinato de los dos estudiantes de esa escuela, “no fueron los únicos que dispararon. Deben ser investigados los 91 elementos que estuvieron armados en el operativo del 12 de diciembre de 2011”.
El ombudsman nacional destacó que también se presentarán demandas penales en la PGR contra mandos superiores en los ámbitos federal, estatal y municipal, por omisiones y porque dieron su anuencia y toleraron la represión contra la manifestación estudiantil de los normalistas de Ayotzinapa, efectuada en la Autopista del Sol en diciembre pasado.
Plascencia Villanueva hizo notar que en ese operativo policiaco participaron 168 servidores públicos: 61 pertenecientes a la Policía Federal, 73 elementos de la ministerial y 34 de la policía estatal. De ellos, 91 portaban armas de fuego y no hubo evidencias de que los estudiantes portaran armas de fuego. La CNDH constató graves violaciones a los derechos humanos: dos estudiantes asesinados y la muerte de un empleado de una gasolinera. Hubo detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, golpes, además de patadas contra los estudiantes”.
Plascencia Villanueva acusó al ex procurador general de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, de fabricar culpables y sembrar pruebas, pues entregó dos videos editados, mintió al informar que los policías ministeriales llegaron al lugar de los hechos cuando los estudiantes ya habían fallecido, lo cual es falso, ya que se comprobó que llegaron minutos antes de que los estudiantes murieran.
En conferencia de prensa hizo un pronunciamiento especial respecto de la posición que guardaron en este caso, tanto el ex comisionado de la Policía Federal, como el gobernador constitucional de Guerrero, en cuyos informes al resspecto “se observó la falta de la debida diligencia que debieron emplear para la atención de esta problemática. Esto en atención a que no estuvieron informados de manera adecuada y oportuna del desarrollo que el operativo estaba generando, con el objetivo de mantener el control del mismo y estar en posibilidades de coordinarse institucionalmente para que la manifestación no se tornara violenta”.
Plascencia Villanueva dijo que es necesario que se promueva juicio político contra algunos ex funcionarios del estado de Guerrero, ya que son responsables por acciones y omisiones consistentes en “la tolerancia, anuencia y deber de cuidado para que 26 de los 73 elementos de esa corporación que participaron en el operativo acudieran armados. Además a esos ex servidores públicos les corresponde la autoría del los hechos”.
Explicó que se requiere el juicio político porque no se les puede detener ni procesar porque tienen fuero todavía hasta un año después de separarse del cargo, de acuerdo con la Constitución vigente del estado.
El titular de la CNDH subrayó que para este organismo nacional la negativa por parte del gobernador del estado de Guerrero demostró una conducta indolente en la atención a las demandas formuladas por parte de los estudiantes de Ayotzinapa, amén de que las acciones emprendidas representan solamente un paliativo, pero de ninguna forma han contribuido a resolver en definitiva la problemática que padece la institución desde hace décadas.
El ombudsman nacional precisó que las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley en una manifestación pública tiene límites y no debe ser usada como medio de represión ni como excusa para persecución penal; por ello, la protección y garantía del derecho a la protesta, incluyendo el derecho de reunión y manifestación pacífica, resulta fundamental cuando existen restricciones para acceder a los mecanismos de justicia y con ello hacer efectivos otros derechos.
Fuente : La Jornada
