Periódico La Jornada
Sábado 3 de marzo de 2012, p. 18
Dentro de los conflictos laborales y administrativos que persisten en la Secretaría de Gobernación (SG), los funcionarios han utilizado diversas estrategias para inhibir la promoción de denuncias ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
La táctica es despedir abruptamente empleados, incluso a integrantes del servicio profesional de carrera (condición que exige que la separación del cargo tenga el aval de la Secretaría de la Función Pública); luego, negar o retrasar la hoja de baja, indispensable para que puedan cobrar su seguro, esto es, el ahorro personal que han acumulado como empleados públicos.
En esta dependencia, cuyo objetivo es garantizar condiciones de gobernabilidad y equilibrio entre las necesidades y demandas de la población, así como de la capacidad para dar respuesta o cauce a éstas, el equipo superior, ahora encabezado por Alejandro Poiré, echa mano de vías ilegales para evadir el cumplimiento de las normas.
Desde 2009, La Jornada ha publicado testimonios y el contenido de documentos que muestran las irregularidades; el jueves dio cuenta del caso de despido más reciente, esta vez en perjuicio del director general de Recursos Materiales y Servicios, Jorge Ramos Negrete, parte fundamental de la Oficialía Mayor, en donde se manejan este año recursos por más de 23 mil millones de pesos; licitaciones millonarias, incluidos los movimientos del área de Juegos y Sorteos (casinos).
Esta reportera recibió de inmediato testimonios y documentos de otros despedidos para denunciar que el citado funcionario, ahora cesado, les aplicó la misma táctica dañina e ilegal: obligarlos a firmar su renuncia; sacarlos de Gobernación como si fuéramos delincuentes, amenazarlos y, en conjunción con otras áreas, negarles la hoja de baja.
Fuente : La Jornada