* Amonestan a López Obrador por actos anticipados de campaña
Periódico La Jornada Jueves 19 de abril de 2012, p. 13
Con una votación de siete contra dos, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) confirmó que el presidente Felipe Calderón fue responsable –por segunda vez en dos años– de violentar la Constitución al distribuir una carta donde describe logros de gobierno, dirigida a los contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, a diferencia de cualquier otro funcionario o actor político, no es posible imponer sanción alguna al mandatario.
“Hay una violación al artículo 134 constitucional por el uso de recursos públicos en el envío de la carta con el nombre del presidente de la República –subrayó el consejero Marco Antonio Baños–, pero al mismo tiempo hay una exposición de logros y la difusión de programas sociales. Hay, sin duda, un atentado al principio de equidad en la contienda.”
En respaldo del proyecto presentado por Baños, el representante del PRI ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, aseguró: ya lo declararon violador del 41 constitucional; hoy ustedes lo están declarando violador del 134 constitucional. Se le acaban los artículos de la Constitución al presidente de la República que ha venido violando. Nos preocupa mucho que se mantenga esa actitud, que reta a la autoridad electoral y pretende encontrar rendijas para influir en el proceso electoral.
Por otra parte, por mayoría de cinco contra cuatro, el Consejo General amonestó al candidato de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, y a los partidos que lo respaldan –PRD, PT y Movimiento Ciudadano– por incurrir en actos anticipados de campaña el día que solicitó su registro.
En esa ocasión, al término del acto protocolario, encabezó un mitin donde habló de su proyecto de gobierno, que fue considerado acto anticipado de campaña, por lo que se convirtió en el primer candidato a la Presidencia sancionado en este proceso.
El representante del PRD, Camerino Márquez, censuró la decisión del instituto. Aseguró que se trató de un acto entre militantes y que previamente solicitaron permiso, y afirmó que el IFE incurría en conductas inequitativas contra López Obrador.
Los consejeros Lorenzo Córdova y Benito Nacif consideraron normal que el candidato hablara en aquella ocasión –a pesar de que era periodo de intercampaña– y se pronunciaron por no sancionarlo.
Calderón pretende influir en el proceso, acusa el PRI
Durante la discusión sobre la intervención del Presidente, el priísta Lerdo de Tejada lamentó que Calderón no esté a la altura del proceso electoral. Lo acusó de caer en tentaciones de intervenir, mientras el PAN incurre en desplantes pirotécnicos que sólo acreditan su desesperación y que pretenden polarizar a la sociedad. Esta combinación, concluyó, sólo refleja los estertores de una derecha que está por irse.
El representante del PAN, Agustín Castilla, descalificó las imputaciones contra Calderón, pero los consejeros Benito Nacif y Macarita Elizondo hicieron una defensa más amplia del Presidente. Esas cartas se difunden en un periodo en el cual la propaganda gubernamental está permitida; es decir, es el periodo de intercampañas que concluyó el 29 de marzo pasado. No estábamos en el periodo de campañas y el carácter propagandístico que pueda desprenderse a partir del análisis del contenido de la carta no es suficiente para concluir que es ilegal.
Elizondo señaló: nos encontramos ante una imitación de la firma, por lo que en esa hipótesis no es posible atribuir la autoría de tal documento a la persona.
Ese argumento fue cuestionado por varios consejeros y el PRI, que subrayaron que ni siquiera la Presidencia había negado la autoría de la carta, pero Elizondo mantuvo su postura.
En contraste, el consejero Alfredo Figueroa subrayó que la carta incluía frases que son, por cierto, las utilizadas en los espots del propio gobierno federal para hacer alusión a sus logros o a sus políticas de toda índole.
A su vez, el consejero Francisco Guerrero dijo que se acreditaron todos los elementos de la violación constitucional.
El panista Castilla rebatió las imputaciones: “¿cuál es el beneficio que busca el Presidente para considerar que se trata de una promoción personal? ¿De qué manera afecta la imparcialidad del proceso electoral y la equidad? Si estas preguntas no tienen respuesta –como, según dijo, no la tuvieron– no hay pruebas idóneas para acreditar la responsabilidad del Presidente”.
Durante la reunión, la consejera María Marván Laborde volvió a censurar la presentación de quejas como estrategia electoral, ya que milita en contra de la democracia, la promoción del voto y de los partidos. Esa postura fue respaldada por Elizondo, quien pidió a los partidos buscar esquemas alternativos para dirimir diferencias.
Fuente : La Jornada
