En una expresión de soberanía, el 16 de abril, el gobierno de Cristina Fernández anunció la expropiación del 51 por ciento del patrimonio de Yacimiento Petrolíferos Fiscales, S. A., representado por igual porcentaje de las acciones clase D pertenecientes a la empresa imperialista española Repsol.
En un momento en que las potencias imperialistas, y en particular la de Estados Unidos, practican en todos los continentes una política de intervenciones militares y de destrucción de las naciones, la medida del gobierno argentino es un llamado a la defensa de la soberanía de las naciones y de los pueblos.
La medida obedece, dice la presidenta argentina a “La recuperación de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”. “Somos, añade, el único país de Latinoamérica —y yo diría casi del mundo— que no maneja sus recursos naturales”.
“Pero hubo motivos más fuertes aún para tomar esta decisión”, subraya la gobernante argentina: “Después de 17 años desde que se desnacionalizó YPF, en el año 1998, por primera vez en 2011, nos convertimos en importadores netos de gas y petróleo”.
Por su parte, añade la presidenta, la empresa YPF “Pese a haber contraído su nivel de producción, logró más que duplicar sus ventas a través de aumentos de precios. La utilidad neta de YPF entre el año 1999 y 2011, concluye, ha sido de 16 450 millones de dólares”.
Así, el gobierno argentino decreta la expropiación de acciones poseídas por la empresa española Repsol, por la “política de vaciamiento, de no producción, de no exploración” practicada por la empresa y que llevaba a Argentina, país con petróleo, a ser importador de derivados del petróleo.
Las reacciones de los gobiernos y organismos imperialistas son brutales.
En los grandes medios de comunicación se repite sin cesar el estribillo de que la acción del gobierno argentino, “es una medida que costará muy cara a la población”
El presidente de la empresa Repsol, Antonio Brufau, acusa al gobierno argentino de “tapar” una “supuesta crisis inflacionaria, energética,…”. Más bien lo que se impone al gobierno es la necesidad de expropiar precisamente para tener medios que permitan resolver la crisis a la que ha contribuido la política depredadora de Repsol.
El gobierno español, apoyado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), emprende una guerra verbal contra el pueblo argentino, amenaza con represalias económicas y políticas. Sin embargo, por sí solo es un gobierno incapaz de convertir sus amenazas en realidad, no sólo por su debilidad, sino porque también se enfrenta a su propio pueblo en general y a la clase trabajadora en particular, como se mostró con la gran huelga general del 29 de marzo pasado.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), guardián de los intereses de las empresas imperialistas, dice que “las intervenciones públicas discrecionales en la economía perjudican al clima de inversión”.
Las autoridades de la Unión Europea esgrimen el chantaje diciendo que la expropiación es una "señal muy negativa para los inversores internacionales, y podría dañar gravemente la confianza de los inversores en la Argentina", y amenazan con “represalias”.
El gobierno norteamericano por boca de Hillary Clinton, secretaria de Estado, declara que se deben respetar las reglas del “mercado abierto”. Pero ese gobierno está decidido a desplazar a las empresas europeas del continente americano, como lo esbozó Obama en la reciente “cumbre de las Américas”. Por eso, el gobierno español declara que las frases de Clinton no han sido "todo lo entusiastas" que el Gobierno español hubiera deseado”.
Por su parte el gobierno de Felipe Calderón, que ha hecho todo lo posible por destruir el artículo 27 constitucional en la parte que establece la propiedad de la nación sobre el petróleo, no ahorra críticas contra la decisión soberana del gobierno argentino. Así, dice que es una medida "muy poco responsable" y "muy poco racional". ¡Son frases parecidas a las que en 1938 se pronunciaron contra la decisión del pueblo mexicano de expropiar totalmente el petróleo a las compañías inglesas y estadunidenses! Su pretensión de hacer negocios con Repsol al margen de la Constitución, sufre un fuerte golpe.
El gobierno argentino actual ha tomado una decisión que corresponde a la restauración de la soberanía nacional. Ha tenido que desconocer “los contratos ya otorgados”, que gobiernos argentinos anteriores habían firmado.
Sin duda, el pueblo argentino encontrará el camino para realizar la plena nacionalización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, tal como se expresó cuando se fundó la empresa en 1922 o como resonó en México en 1938 con la expropiación petrolera y en 1960 con la expropiación de la electricidad.
La OPT aplaude esa decisión y llama a todas las organizaciones que se pronuncian por la defensa de la soberanía de los pueblos y las naciones, a exigir que cesen las amenazas contra el pueblo y el gobierno argentinos.
Al mismo tiempo, señala que lo que es posible en Argentina, es posible en México. La defensa de la soberanía en nuestro país exige la renacionalización de las fuentes energéticas que han sido entregadas al capital extranjero (electricidad, petróleo, minas,...).
Organización Política del Pueblo y los Trabajadores
Por la liberación nacional y la emancipación social
