Autor: Martin Esparza
29 ABRIL 2012
Si el histórico defraudador de la nación Antonio López de Santa Anna pudiera echar un vistazo a la política antinacionalista de los panistas, seguramente volvería a morirse… ¡Pero de envidia! El servilismo que han mostrado a las trasnacionales en el sector eléctrico, luego de casi 12 años en el poder, ha superado con creces la ganga que los estadunidenses obtuvieron del apátrida presidente cuando compraron la mitad del territorio nacional: más de 2 millones de kilómetros cuadrados por 15 millones de pesos a pagar en cómodas anualidades, según establecen algunos historiadores.
Sin embargo, los hechos actuales muestran que la pésima operación mercantil que hizo con el país el frustrado agente de bienes raíces que lo gobernó, en reiteradas ocasiones hace poco más de siglo y medio, no tiene punto de comparación con lo entregado ahora por la gente del Partido Acción Nacional, pues además de desmantelar la industria eléctrica que a los mexicanos les llevó décadas erigir, han terminado por socavar una de las áreas estratégicas para la salvaguarda de nuestra soberanía económica: la generación de energía.
Uno de los reportes oficiales más recientes señala que tras el otorgamiento por parte de la Comisión Reguladora de Energía de 670 permisos de esta naturaleza a los productores independientes de energía –la mayoría autorizados en los 2 recientes sexenios–, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha terminado por ceder a los particulares (sobre todo a trasnacionales como Iberdrola y Unión Fenosa, entre muchas otras) el 55 por ciento de la generación de energía eléctrica en todo el país, con la desventajosa salvedad, muy al estilo Santa Anna, del compromiso oficial para adquirir toda su producción a los precios que más les convengan, no al país y sus habitantes, sino a los poderosos monopolios internacionales. Ahora la entrega de la nación ya no se mide por ceder miles de kilómetros cuadrados a precio de remate, sino por otorgar multimillonarias ganancias a los capitales extranjeros.
En aras de la globalización y del fantasioso desarrollo económico, los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón han pagado por la compra de energía a las trasnacionales, de 2000 a la fecha, un promedio de 30 mil millones de pesos anuales; de tal suerte que al cerrar en diciembre próximo el sexenio de Calderón, los panistas habrán puesto en los insaciables bolsillos de las firmas extranjeras algo así como 360 mil millones de pesos por una onerosa electricidad que los mexicanos hubiéramos producido a precios más bajos si la política antinacionalista, que en materia energética han mantenido en los últimos cinco sexenios los gobiernos de corte neoliberal, no hubiera llegado al límite de los excesos con el cierre de Luz y Fuerza del Centro (LFC), a través del anticonstitucional decreto de Calderón del 11 de octubre del 2009 y el desatado otorgamiento de concesiones a las trasnacionales, al hipotecar recursos públicos por un monto de 1.3 billones de pesos para las próximas dos décadas por la comprometida adquisición de energía.
Pero hay otros renglones torcidos en esta venta de garaje de la industria eléctrica: desde antes del autoritario cierre de Luz y Fuerza se había establecido un sistema de arrendamiento de los miles de kilómetros de las redes de infraestructura que operaba en el centro del país, de tal forma que las compañías privadas que desearan hacer uso de las mismas en beneficio propio, deberían pagar, por ejemplo, 194 pesos por poste ocupado y 351 pesos por fuente de poder instalada, tarifas que estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2006, pues apenas a un mes de llegar al poder, Calderón ordenó un trato preferencial a sus amigos de partido, como Ernesto Martens y Fernando Canales –ambos exsecretarios de Energía con Vicente Fox–, quienes aparecieron de la noche a la mañana como accionistas mayoritarios de la trasnacional WL Comunicaciones (Wlcom), firma que ya contaba con una concesión para operar a través de la red de Luz y Fuerza.
De un plumazo, los empresarios panistas, así como otros consentidos, obtuvieron increíbles descuentos en perjuicio de las finanzas de la paraestatal, lo que dio por resultado que el cobro del arrendamiento quedara, a partir del 1 de enero de 2007, de la siguiente manera: por poste ocupado deberían pagar sólo 50 pesos (un descuento del 74 por ciento), misma tarifa vigente para la instalación de fuentes de poder (descuento del 85 por ciento), lo que representaría –como en su momento lo denunció el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)– un quebranto de 109 millones de pesos anuales para Luz y Fuerza del Centro.
Hasta diciembre de 2011, el país había regalado a los favoritos de los Santa Anna Azules 545 millones de pesos por el arrendamiento “subsidiado” de la infraestructura de Luz y Fuerza, dinero que, sobra decir, dejó de ingresar a las arcas públicas, pero además, y habrá que preguntarle a Calderón, ¿a qué entidad pública le han pagado empresas como Wlcom su minirrenta luego del cierre de Luz y Fuerza? ¿Ha recibido el dinero el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acaso la Comisión Federal de Electricidad? ¿Quién?
Los argumentos esgrimidos hasta el cansancio por Calderón y sus funcionarios para justificar el cierre de LFC fueron “su inviabilidad financiera” y “el costo excesivo del Contrato Colectivo del SME”. A dos años y medio del cierre de la empresa, las 1 mil falsedades del gobierno federal se han derrumbado ante el análisis de las cifras oficiales y la desclasificación de documentos que los panistas pensaban sacar de los archivos privados 12 años después de cometidos sus excesos de poder.
A la luz de los hechos ha quedado demostrada la intención de los panistas por alentar una política de privatización del sector energético, incluido, por supuesto, el eléctrico. El SME ha convocado desde siempre a los gobiernos panistas a un debate nacional para que, de cara a los mexicanos, se dé una amplia explicación del por qué de la extinción de Luz y Fuerza. El silencio ha sido la única respuesta.
Es mentira que LFC no tenía salidas viables para ser una entidad rentable. Si los gobiernos priístas y panistas le hubieran permitido construir sus plantas y generar su electricidad en vez de obligarla a comprar la energía en bloque a la CFE a precios más elevados que las tarifas industriales, el quebranto de sus finanzas nunca se hubiera dado. Los datos ahí están, y son exactos: mientras en 2008 Luz y Fuerza tuvo ingresos por 50 mil 791 millones de pesos, la compra de energía en bloque a la CFE le representó un costo de 60 mil 727 millones de pesos. Arbitrariamente la SHCP, la obligó a comprar caro y vender barato. No hay empresa en el mundo que al operar así obtenga finanzas sanas. Tendencia similar, y de ninguna forma casual, la que enfrenta Petróleos Mexicanos por la carga impositiva que se le viene aplicando desde hace varios sexenios.
Queda claro que los gobiernos, tanto priístas como panistas, paulatinamente fabricaron de manera artificial la quiebra de Luz y Fuerza: mientras en 1994 obtenía ingresos por 5 mil 913 millones de pesos, pagaba a CFE por la compra de energía 3 mil 815 millones; es decir, que utilizaba el 65 por ciento de sus recursos para tal fin, pero en 2008 el porcentaje se disparó al 120 por ciento. Calderón y sus funcionarios se han negado también a explicar, con cifras en la mano, cómo es que los salarios y las prestaciones de los trabajadores del SME fueron causales de la quiebra de la empresa cuando, como lo han relevado documentos desclasificados, en 2008 tales conceptos apenas representaron el 7.2 por ciento de los ingresos totales: 3 mil 172 millones de los 50 mil 791 millones de ingresos.
Desaparecer a Luz y Fuerza era el objetivo primario para después ir en contra del sindicato, para que nadie hiciera ruido por la entrega de la industria eléctrica nacional a los extranjeros, razón por la cual se pasó por alto la propuesta del Sindicato, para que la paraestatal operara una empresa que diera a los usuarios a un bajo costo el servicio de voz, imagen y datos, y que hubiera representado ingresos anuales extras por más de 100 mil millones de pesos, que sumados al cobro real de la renta de infraestructura a los particulares (109 millones), arrojaría recursos por 100 mil 109 millones anuales, y sumados a los 50 mil 791 de ingresos, en 2008, harían un total de 150 mil 900 millones.
¿Inviabilidad financiera, señor Calderón? Por supuesto que no, pues la entrega del país que están haciendo los panistas a las trasnacionales haría palidecer de envidia al propio Antonio López de Santa Anna. La actual, sí es una verdadera ganga.
*Secretario general de Sindicato Mexicano de Electricistas
Enlace: Revista Contralínea 282 / 29 de abril de 2012
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