Manuel Pérez Rocha
La dirección del SNTE ha difundido de manera masiva entre los maestros un documento en el cual explica por qué ahora, en un giro de 180 grados, se oponen a la llamada evaluación universal, y recuerda que ésta es resultado de una iniciativa de ellos presentada a Felipe Calderón, convertida en un acuerdo entre éste y Elba Ester Gordillo y apoyada en sus diversos congresos y reuniones. Además, voceros de ese sindicato han expresado en diversos medios sus razones para este rechazo: acciones y omisiones de la SEP que no reconocen la bilateralidad y no garantizan la viabilidad del programa, acciones que generan confusión y malestar entre maestros y directivos, declaraciones de funcionarios que han generado incertidumbre, publicación anticipada de guías, incumplimiento de lo acordado en cuanto a difusión de los resultados, presupuesto insuficiente para cumplir con el objetivo de ofrecer espacios de formación para los profesores (300 pesos anuales por docente), falta de aval y dictaminación de los instrumentos de evaluación, inexistencia de las comisiones mixtas estatales previstas y, esto es lo más importante, que la Secretaría de Gobernación haya establecido una mesa de negociación con la CNTE.
Independientemente de la validez de tales razones (que por lo menos en algunos casos son pretextos), el cambio de postura por parte de la dirección del SNTE tiene una explicación: la actitud crítica y propositiva asumida por la CNTE y sus exitosas movilizaciones exigiendo con argumentos educativos sólidos que la llamada evaluación universal (en realidad una mera medición estandarizada perversa) sea remplazada por un programa sólido de evaluación formativa de los maestros. Quienes dirigen el SNTE ven con explicable temor que, si no se suman al rechazo de la aplicación de esa evaluación en los términos actuales, la oposición exitosa de la CNTE significará también un mayor debilitamiento de su poder interno. Puesto que se trata de jugadas de la dirección del SNTE condicionadas por sus intereses políticos, es impredecible lo que ocurrirá en los próximos días.
No hay duda alguna respecto a la urgencia de romper la corrupta relación entre la dirección del SNTE y el gobierno federal, de luchar por la democratización del sindicato de maestros y de eliminar la forma como el Estado mexicano usa, no desde hace 12 años, sino desde hace mas de 60, al sindicato magisterial para aherrojar a los maestros y usarlos con fines políticos y electorales, sin importar el terrible efecto destructivo que esta relación ha tenido para la educación mexicana y para el país en su conjunto. Esta grave situación, denominada benévolamente como una simbiosis atípica por un funcionario de la ONU, nunca fue denunciada ni combatida por los poderes económicos y políticos dominantes del país que ahora se escandalizan por las justificadas críticas de la CNTE al proyecto de evaluación acordado por el SNTE y la SEP. Durante más de siete décadas pudieron seguir haciendo sus negocios sirviéndose del control político del país (la paz social) en el que las sucesivas direcciones del SNTE desempeñaron una función determinante.
Las movilizaciones de la CNTE generan rechazo en diversos ambientes. Aun algunos académicos críticos que han señalado las graves deficiencias de la evaluación universal se pronuncian en contra de las marchas y mítines. Debieran reconocer que este es el camino al que la cerrazón del sistema ha obligado a los maestros. ¿Acaso algún funcionario se ocupado en analizar y discutir las numerosísimas críticas públicas que se han hecho a ese proyecto de evaluación? ¿Si no se hubieran realizado las marchas y los mítines de la CNTE, se estarían haciendo ahora las revisiones indispensables a ese proyecto? ¿Sin esas acciones, muy costosas para los maestros, se habría instalado la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación?
La CNTE no limita su acción a las movilizaciones, marchas y mítines; simultáneamente ha iniciado una serie de demandas legales en contra de las medidas acordadas por la SEP y la dirección del SNTE pues, además de sus graves errores conceptuales e inaceptables objetivos, estas medidas carecen de fundamento jurídico. Además, y esto debe subrayarse, diversos sectores de la CNTE realizan múltiples actividades de investigación, reflexión y análisis de los asuntos pedagógicos que están en juego en estos momentos. Específicamente han avanzado en una contrapropuesta de evaluación del magisterio basada en un conjunto de principios que no son contemplados en el esquemático y simplista proyecto de evaluación universal de la SEP.
El conflicto en puerta no es resultados de una insalvable contradicción de intereses; es consecuencia de la ineptitud, de la visión gerencial y simplista de los complejos problemas educativos por parte de los improvisados funcionarios que dirigen la SEP desde hace 12 años. En el campo de la educación se manifiesta ahora de manera crítica el que las decisiones de los funcionarios, políticos y legisladores no se sustenten en el conocimiento que se genera en la práctica, en este caso en la práctica educativa, y en los ámbitos científicos, técnicos y académicos. Para la formulación de proyectos como la evaluación universal, la SEP no se ha apoyado en la rica investigación educativa que se realiza en muchas instituciones académicas y de enseñanza superior. Se ha apoyado en despachos de consultores privados constituidos recientemente y en los cuales prevalecen visiones tecnocráticas y sus intereses mercantiles.
El conflicto actual entre la CNTE y la SEP, en el cual se ha montado de manera oportunista la dirección del SNTE, ha sido ocasión para que se exprese reiteradamente la idea de que el sindicato no debe intervenir en asuntos pedagógicos y académicos, que su actuación debe limitarse al ámbito de los derechos laborales. Esta es una postura patronal que parte de la deshumanizada concepción de los trabajadores como un mero instrumento de producción. Un reto inaplazable del sindicalismo consiste en superar las demandas puramente económicas y recuperar como asunto de interés legítimo las definiciones básicas de su materia de trabajo.
Fuente : La Jornada
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