* No son confiables, violan derechos humanos y estigmatizan a víctimas, señalan
* En cifra del gobierno federal, más de 47 mil muertes por rivalidad delincuencial (2006-2011)
Periódico La Jornada
Sábado 26 de mayo de 2012, p. 14
Las procuradurías de justicia de todas las entidades del país rechazaron, por no ser confiables, violar los derechos humanos y estigmatizar a las víctimas, las bases de datos que elaboró la Presidencia de la República junto con la Procuraduría General de la República (PGR), en las que el gobierno de Felipe Calderón contabilizó más de 47 mil homicidios, presuntamente relacionados con rivalidad delincuencial, cometidos entre diciembre de 2006 y septiembre de 2011.
Los procuradores y fiscales revelaron que el gobierno federal manipuló las cifras, sin precisar el número exacto de decesos de personas que fueron ejecutadas, sin pertenecer a grupos criminales o por participar en ellos, ni tampoco en aquellos casos de fallecidos por balas disparadas durante enfrentamientos entre autoridades y presuntos delincuentes.
Al término de la 27 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y durante una rueda de prensa, se evidenció que además de la mala integración de las bases de datos oficiales (la primera de ellas de diciembre de 2006 a diciembre de 2010 la dio a conocer el actual secretario de Gobernación, Alejandro Poiré; la segunda, de enero a septiembre de 2011, la elaboró la PGR), se dio a conocer que la Secretaría de Hacienda no ha entregado, desde 2010, ningún recurso para que los gobiernos estatales combatan el narcomenudeo, pese al compromiso del gobierno federal.
La titular de la PGR, Marisela Morales, dio a conocer los logros del encuentro: enviar un exhorto al Congreso de la Unión para que abra un periodo extraordinario de sesiones para aprobar las reformas de la ley de amparo y el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, estrategias para combatir el tráfico de billetes falsos de 50 pesos, la capacitación de personal ministerial y policial, brindar mejor atención a víctimas del delito, y decomisar cada vez más artículos piratas.
El subprocurador de Derechos Humanos, Miguel Ontiveros Alonso, reconoció que la nueva base de datos de los homicidios relacionados con grupos criminales busca tener una cifra certera, con metodología certera, porque igual que los casos de desaparecidos en el país, agregó, se habla de cifras de la procuraduría, otras de las procuradurías locales, o de la Secretaría de Seguridad Pública, otras de las comisiones de Derechos Humanos y también de las ONG.
Señaló que en las nuevas bases de datos de homicidios y desaparecidos, que supuestamente se darán a conocer el próximo 15 de junio, ya no se mencionará que la información corresponde a homicidios cometidos presuntamente por rivalidad delincuencial, sino sólo homicidios dolosos como –se le mencionó– lo establecen los códigos del fuero común, y tampoco se calificará la situación o actividad de las víctimas.
Para no dar a conocer las estadísticas que ahora posee el gobierno federal de homicidios y personas desaparecidas por el crimen organizado, pidió esperar a que se haga pública dicha base de datos, pero el procurador de Campeche, Renato Sales Heredia, reveló:
“Se homologa (el acuerdo) para que se entienda que son datos de homicidios dolosos, porque (antes) se pedía a las procuradurías de los estados: ‘envíame cuántos homicidios tienes por rivalidad delincuencial; tienes 10 homicidios dolosos y, a ver, a mí me parece que estos tres son por rivalidad delincuencial’, y luego resultaba que te decían no, ese otro también es por rivalidad delincuencial.
Tu mandabas tres y te ponían cinco, ¿y esos otros dos?, no si este fulanito lo mató porque se peleó con un amigo, lo otro nada tiene que ver. Entonces se dijo que hay que homologar.
Luego coincidió con el subprocurador Ontiveros de que es necesario quitar el título de homicidios cometidos por presunta rivalidad delincuencial porque con ello se da una connotación equivocada a las víctimas.
Finalmente, los procuradores buscarán que las autoridades locales y federales obliguen a los negocios prendarios (casas de empeño) que exijan a los pignorantes (empeñantes), datos precisos de su identidad, que acrediten la propiedad de los objetos a empeñar, para limitar la posibilidad de que sea un objeto robado y por ello los delincuentes obtengan dinero.
Fuente : La Jornada
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