A pesar de lo expresado recientemente por José Woldenberg, ex presidente del Instituto Federal Electoral, los mexicanos estamos a años luz de tener elecciones confiables, libres y transparentes. Son inobjetables los avances en la materia, pero no son suficientes ante las inequidades electorales y el cumulo de evidencias que nos recuerdan las prácticas de antaño, contrarias a la voluntad popular.
Habría que recordarle a Woldenberg que los deseos no son argumentos políticos. Y más aun, hay que repasar con él la diferencia entre la teoría y la práctica.
En teoría es imposible que haya un fraude, como él dice. En la práctica, no es imposible que lo haya, debido a que hay elementos que dan cuenta de diversos actos contrarios a la rectidud, tendientes a eludir la legislación electoral. Y a esto se le llama fraude, según la Real Academia de la Lengua Española.
Si como se ha documentado abundan los actos tendientes a burlar la avanzada pero perfectible Ley Electoral, entonces nos enfrentamos a dos caminos posibles: la autoridad electoral está dirigida por una mano negra que busca manipular la voluntad popular o definitivamente es incapaz de hacer bien su trabajo, que por cierto, nos cuesta mucho a los ciudadanos.
Estoy seguro que buena parte de la estructura directiva y operativa del IFE tiene la buena intención de lograr elecciones creíbles. Se les agradece. Pero no basta.
No voy a enunciar las múltiples anomalías que se han denunciado a lo largo de estos meses de campaña. Solo quiero insistir en un dato me genera dudas razonables sobre la imparcialidad o capacidad del árbitro electoral.
En las casillas y listado nominal de la población urbana y no urbana, para este 2012, siguen sin aclararse las cuentas.
La base de datos entregada a los partidos políticos, arroja que de las más de 143 mil casillas en secciones electorales, aproximadamente el 64% son urbanas y el 36% son no urbanas. En números redondos, 91,500 son urbanas, y 41,500 son no urbanas.
El IFE precisó en un comunicado que del total de las casillas en secciones electorales, el 59.8% son urbanas, el 25.2% son rurales y el 15% son mixtas (de transición rural-urbana). En números, 85,655 son urbanas, 36,010 rurales y 21,491 mixtas.
La misma base de datos analizada, entregada a los partidos políticos, arroja que del listado nominal, de 79 millones y medio de votantes, poco más de 53 millones, el 67%, es población urbana y poco más de 26 millones, el 33%, es población no urbana.
En el citado comunicado, que anexo al final, el IFE informa que el listado nominal, se compone de 79 millones y medio de votantes. De los cuales cerca de 50 millones, el 62.9%, es población urbana; casi 17 millones, el 21.1%, es población rural y 12 millones 700 mil, el 16%, es población mixta (de transición rural-urbana).
El IFE también informa que las bases de datos en poder de los partidos solo requieren de una clasificación binaria, urbana y no urbana. Por tanto, explica por qué los partidos no tienen desagregada la clasificación urbana, rural y mixta.
Lo que no se explica bajo ninguna circunstancia es porqué las cifras de los sistemas informáticos del IFE, no cuadran.
Ambos sistemas informáticos, los de trabajo de campo y los entregados a los partidos políticos, deberían coincidir en números totales. No es así.
En la base entregada a los partidos políticos, 91,500 casillas corresponden a secciones urbanas; mientras que según la respuesta del IFE, 85,655 casillas corresponden a secciones urbanas. La diferencia es de casi 6,000 casillas.
En la base entregada a los partidos políticos, el listado nominal lo conforman 53 millones de votantes urbanos; mientras que el IFE responde que poco menos de 50 millones de la lista nominal corresponde a votantes urbanos. La diferencia es alrededor de 3 millones de votantes.
La sumatoria de las casillas rurales y mixtas, por un lado, y la sumatoria del listado nominal correspondiente a la población rural y mixta, por el otro, deberían coincidir con el número de casillas no urbanas y el número de votantes no urbanos en el listado nominal. Tampoco coinciden. Que bueno que al menos el listado nominal, según José Woldenberg, fue revisado por 333 comisiones de vigilancia, si no hubiera sido así, ¡imagínense!
Es imposible continuar el debate sobre la dinámica poblacional que ha definido el INEGI versus el crecimiento de casillas y votantes urbanos y no urbanos del IFE, debido a que las bases de datos del propio árbitro electoral no cuadran entre sí. Seguirá entonces la duda. ¿Es posible que el IFE haya inflado las casillas y los votantes rurales para favorecer a un partido político, tricolor, que tradicionalmente concentra una mayor votación en estas zonas?
En resumidas cuentas, los números otra vez dejan mal parado al IFE. Es inconcebible que tantos recursos económicos no sean suficientes para que el IFE cuente con bases de datos que sean consistentes. ¿Por eso no las transparenta?
Por otra parte, existen cerca de 21,000 casillas, la séptima parte del total, a más de 50 km de su CEDAT (Centro de Captura de Datos). Resaltan por ejemplo, 150 casillas dentro de La Paz, Baja California Sur, cuyos funcionarios electorales tendrán que viajar más de 500 km, aproximadamente 5 horas, para capturarlas. Estas casillas pertenecen al Distrito 1 del Estado, cuyo CEDAT se ubica en Santa Rosalía, BCS. Mientras tanto, el CEDAT del Distrito 2 se ubica en la misma ciudad de La Paz, a unas cuadras de esas 150 casillas.
En diversos poblados inaccesibles, el tiempo destinado para captura de los resultados puede llegar a ser de más de 2 horas. Tiempo suficiente para que los mapaches electorales profesionales, que todavía existen, aunque no los detecte José Woldenberg, puedan hacer de las suyas. ¿Será posible esto?
En 2006, la diferencia oficial entre el primero y segundo lugar en la elección presidencial fue de 0.56%, es decir, de 240,000 votos. No se necesita mucha matemática para saber que el vencedor oficial tuvo una ventaja de tan solo 2 votos por casilla, en promedio.
La historia política mexicana en nada favorable a la certidumbre electoral. Ha sido imposible erradicar las viejas y anquilosadas prácticas ilegales cuya finalidad es manipular la voluntad popular Por si fuera poco, en elecciones tan competidas y tan cerradas, las pequeñas anomalías y trampas, sí pueden hacer la diferencia. Ese es el problema de fondo.
En teoría, el costoso Instituto Federal Electoral, como dice José Woldenberg, es un organismo autónomo, capacitado para organizar elecciones limpias. En la práctica, es un instrumento guiado por una mano negra que prepara el regreso del dinosaurio llamado PRI o, en el mejor de los casos, es un elefante blanco lleno de bastantes funcionarios y burócratas ineptos, incompetentes e inútiles que simplemente no pueden garantizar que en este país haya elecciones legítimas.
¿Con cuál explicación se queda usted?
Con información de:
Víctor Romero Rochín: @romerorochin
Luis Mochán Bacanal: @wlmb
Respuesta del IFE:
