Candil de la calle
Martín Esparza Flores
En el verano de 2011, el Congreso de la Unión aprobó elevar a rango constitucional los derechos humanos, motivo por el cual el gobierno de Felipe Calderón recibió diversos elogios internacionales, entre ellos, el del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas quien se congratuló de que tácitamente nuestro país reconocía su obligación de cumplir con los tratados internacionales en la materia.
Pero como sucede de manera recurrente, en México la reforma no pasó de los buenos propósitos pues el Senado se ha negado sistemáticamente a ratificar convenios internacionales, como el 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que defiende el derecho a la sindicación y a la contratación colectiva de millones de trabajadores, con lo cual nuestros legisladores han incurrido, de forma paradójica, en una abierta violación al tema de los derechos humanos que tanto se jactaron de defender hace un año.
Es por ello que seguramente en el marco de la 101 Conferencia de la OIT, que se celebrará del 30 de mayo al 15 de junio en Ginebra, Suiza, la Comisión de Aplicación de Convenios y Recomendaciones del máximo organismo laboral del mundo tomará nota de las incongruencias con que se conducen el gobierno mexicano y nuestros legisladores, tanto del PRI como del PAN, que parecen hermanados en el propósito de acabar con la contratación colectiva en México, a través de su reforma laboral, y su negación a cumplir con los acuerdos internacionales que beneficien a los trabajadores, pero dispuestos a firmar otros que, como la explotación de los yacimientos petrolíferos del Golfo de México —en desventajosa sociedad con Estados Unidos—, terminarán por entregar la mayor parte de los 170 millones de barriles de petróleo que se calculan extraer, a los poderosos vecinos del norte.
Otro de los rocambolescos contrasentidos de la dupla senatorial PRI-PAN es el consentimiento que los legisladores hicieron a Felipe Calderón para elevar las aportaciones de nuestro país al Fondo Monetario Internacional (FMI), de alrededor de cinco mil a 14 mil millones de dólares, según se argumentó como apoyo al rescate de las quebradas economías de los países europeos, y bajo el absurdo espejismo de obtener “mayor influencia” en el mencionado organismo. Recursos que bien pudieron emplearse en programas sociales de salud y alimentación a favor de los que menos tienen y que hubieran dado un poco de congruencia al cumplimiento de los derechos humanos.
En este contexto, resulta alentador para la lucha que sostienen millones de trabajadores en el mundo, ante gobiernos con políticas totalitarias y antisindicalistas, violatorias a los más elementales derechos humanos, como el de Felipe Calderón, la llegada al liderazgo de la OIT del británico Bernard Guy Ryder, quien arriba al cargo a propuesta de los sindicatos y no de los gobiernos, como había sucedido con anterioridad, por lo que se espera que exista una mayor independencia y una exigencia puntual del máximo organismo, hacia aquellos países que se niegan a cumplir con los tratados internacionales, como es el caso de México donde además se han violado otros convenios en materia laboral como el 87, referente a la autonomía y libertad sindicales, y que en los hechos ha sido pisoteado por la abierta persecución a sindicatos independientes como el SME, y a dirigentes como el líder de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia.
¿Cómo explicarán Calderón y los senadores panistas y priistas al mundo, la inexistente elevación a rango constitucional de los derechos humanos en México? ¿Acaso no es de elemental lectura que los derechos laborales son parte indivisible de los derechos humanos? Los eternos, y maquillados, candiles de la calle…
