Reforma laboral y negligencia criminal

Napoleón Gómez Urrutia
Durante las semanas recientes dirigentes del PAN y del PRI han mencionado insistentemente, con una gran ignorancia y mala fe, que en septiembre próximo los miembros de ambos partidos en el Congreso aprobarán una reforma laboral que nadie conoce y por tanto la vuelven sospechosa. El hecho no presagia nada bueno para la clase trabajadora. Aseguran que son promesas de campaña que todos sabemos que los candidatos se hicieron a sí mismos y a sus cómplices, con una grave irresponsabilidad de cara al pueblo de México.

Unos y otros de los antes mencionados han señalado que urge una reforma laboral, porque dicen que de no haberla se está obstaculizando el progreso del país y el crecimiento de la economía, y por dicha circunstancia no se crearán los empleos suficientes ni se abrirán las expectativas de avance que, alegan, sólo se lograrán con esa supuesta reforma laboral.

Lo notable del asunto es que representantes y abogados del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se están reuniendo con dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) con el propósito de llegar a pactos en ese proyecto de reforma laboral. No informan del contenido de sus análisis o deliberaciones, lo cual da pie a la desconfianza sobre el verdadero carácter de sus encuentros, cuando el CCE y la CTM no se atreven a exponerlos a la luz pública, como debiera ser en esta materia tan importante para el desarrollo económico, político y social de México.

Lo que parece evidente es que estos dos grupos pretenden tomar acuerdos en nombre del país entero y de todas las fuerzas sociales, lo cual no pasa de ser una simulación para llegar a arreglos cupulares de conveniencia, ya que la CTM ya no representa a nadie en el ámbito de las organizaciones de trabajadores, sino sólo a la cúpula de sus dirigentes formales, anquilosados en la imagen de un poder que desde hace lustros ya no tiene. Los empresarios, pues, están negociando con un grupo que sólo se representa a sí mismo, pero no a los millones de trabajadores que hay en México, y mucho menos a los que están agrupados en los sindicatos democráticos, independientes y autónomos del país, como los mineros políticamente perseguidos, con una perversidad sin límites, los universitarios, los campesinos y ejidatarios, los telefonistas, los tranviarios, los electricistas golpeados por la arbitraria e inconstitucional desaparición de Luz y Fuerza del Centro, los maestros y muchos más.

Parece obvio que aquella representación sindical, que en el pasado remoto fue una fuerza auténtica de lucha, hoy está castrada de antemano por su falta de autenticidad obrera y de un liderazgo democrático y sólido. Su política es, a lo largo y ancho del país, de sumisión al sector de los patrones y de los dueños de las empresas, así como a los gobiernos, sin importar su filiación ideológica o partidaria. En cada centro de trabajo que se presenta un intento serio de trabajadores por tener una representación auténtica y verdadera que defienda sus intereses legítimos, aparecen los representantes de la CTM para ponerse a las órdenes de los patrones y oponerse a los intereses legítimos de los genuinos trabajadores para mediatizarlos, amenazándolos, golpeándolos y criminalizando su esfuerzo.

En ese proyecto de supuesta reforma laboral, en rigor una contrarreforma del trabajo, impulsada por los representantes de la CTM, se plantea dar toda la flexibilidad a patrones para contratar o despedir a los empleados sin ninguna responsabilidad para las empresas; para aceptar o rechazar representaciones sindicales; para legalizar el outsourcing y los sindicatos de protección o blancos; para llenar de tantos y tan complicados requisitos el ejercicio del derecho a la huelga, que de hecho lo anulen; para afectar los salarios caídos de tal suerte que el derecho constitucional a la huelga, universalmente aceptado como prerrogativa de trabajadores para oponerse a las injusticias de las empresas, sea sólo una declaración legal sin eficacia en la realidad.

Con estos argumentos, es indudable que la CTM se está reuniendo con los miembros del CCE sólo para autentificar las políticas antisindicales de los gobiernos panistas en derrota, que hoy le quieren endosar al próximo gobierno. Con eso se ignora que en otros países del mundo donde se aplicaron contrarreformas laborales, hoy ya están de regreso de las mismas, pues en los hechos se comprobó que esos proyectos entreguistas no eran viables, como en el caso de España, que generó 25 por ciento de desempleo, el de Italia o el de Grecia, hoy sumidos en profundas crisis sociales. Mientras allá están de regreso de la aventura neoliberal de suprimir los auténticos derechos sindicales, en México insisten en esa línea socialmente suicida.

Este fenómeno tiene su repercusión en otros ámbitos de la realidad obrera. Al no cumplirse las leyes laborales del país, quedan absolutamente desprotegidos muchos trabajadores que prestan sus servicios en actividades de alto riesgo, como los de la minería, cuyo efecto sólo en el estado de Coahuila llega a la cifra de 150 muertos en seis años por negligencias criminales de los empleadores y de los gobiernos federal y estatal que los solapa. Si se cumpliera con los mandatos de las leyes laborales y de la Constitución, ninguna de esas tragedias tendrían por qué producirse. En los pocitos de carbón, tanto empresas como autoridades impiden la sindicalización y la protección de sus trabajadores. Ante estas tragedias, nadie hace algo para remediarlas, y sobre todo para impedirlas, como lo demuestra la explosión en febrero de 2006 de la mina 8 de Pasta de Conchos, en que perecieron 65 trabajadores mineros, cuyos responsables se mantienen en la impunidad. En este camino continuará habiendo homicidios industriales. Por eso es urgente que se elaboren y promulguen leyes que penalicen la negligencia criminal de las empresas y se castigue ejemplarmente a los responsables, tanto de los inversionistas como del gobierno.

Los intentos de contrarreforma laboral, por un lado, y las impunidades empresariales, por el otro, son las dos caras de una misma moneda: la de la corrupción gubernamental y de las empresas antisociales, que México no debe estar dispuesto a tolerar nunca más.

La Jornada