Durante la celebración del 75 aniversario de la CFE, el presidente Felipe Calderón Hinojosa no tuvo el menor recato ni el mínimo sentido común cuando volvió a referirse a la Comisión Federal de Electricidad como una “empresa modelo”, puntal del desarrollo económico y comprometida con el bienestar de los mexicanos.
Martín Esparza Flores*/Quinta parte
Las cifras y los hechos dan al traste con las palabras del mandatario que sólo se engaña a sí mismo cuando habla de logros intangibles y fuera de todo contexto social, político y económico. Calderón se atrevió a citar los objetivos que alentaron en 1937 al entonces presidente Lázaro Cárdenas a la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Y que eran, en sustancia: organizar, dirigir y sentar las bases de un Sistema Nacional de Generación, Transmisión y Distribución de energía eléctrica en el país, basándose en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener el mayor rendimiento de los intereses generales.
Millones de mexicanos debemos preguntarle a Calderón si realmente han cumplido los gobiernos de su partido con tales objetivos. Él enarbola que el 98 por ciento de los mexicanos ya cuentan con energía eléctrica, pero no habla de las altas tarifas ni de la entrega paulatina y antinacionalista que se ha hecho de la infraestructura eléctrica del país a firmas trasnacionales, como tampoco de los multimillonarios contratos que se han entregado hasta por 25 años a las mismas, para que nos vendan su generación de electricidad financiada con nuestros propios recursos a través de mecanismos como los Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto (Pidiregas) o Proyectos de Inversión a Largo Plazo.
En su oficioso mensaje el presidente ofendió a la más elemental inteligencia de los expertos en la materia cuando volvió a afirmar haber obrado en razón de Estado sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), de la que dijo se debían destinar para subsidiarla 50 mil millones de pesos, paraestatal a la que calificó nuevamente de improductiva.
Refutemos con hechos y cifras en la mano los galimatías del presidente: En primer término, Felipe Calderón nunca se ha referido a los subsidios que también ha recibido en la última década su autocalificada “empresa de clase mundial”. Cifras de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) dadas a conocer en la Cuenta Pública 2009 (año en que el presidente emitió el Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro) señalan que de 2001 a 2009, LFC recibió subsidios por 248 mil millones de pesos mientras que en el mismo periodo, la CFE los obtuvo por un monto de 563 mil millones de pesos; es decir, que ambas paraestatales debían compensar por igual pérdidas operativas.
¿Cuál era la gran diferencia? Que mientras el gobierno federal impidió a LFC generar su propia energía, a la CFE sí se lo permitió. Entonces, ¿por qué los déficits en ambas entidades y por qué tan gravosos en la CFE?
Es aquí donde los gobiernos panistas han manipulado la realidad de su errada política energética en el sector eléctrico: los cuantiosos subsidios no tienen como origen directo el impedir el incremento de las tarifas eléctricas, ésa es la cortina de humo para justificar algo más delicado, que es la creciente autorización a las empresas privadas, sobre todo extranjeras, la generación de energía en el país, pese a que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo prohíbe claramente.
Lo más grave y delicado, que puede equipararse a una traición a la patria, es que los gobiernos panistas a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) han autorizado más de 700 permisos a empresas privadas con 25 de las cuales (como Iberdrola, AES, Unión Fenosa, Mitsubishi, por citar algunas) la CFE tiene contratos que obligan a esta “empresa de clase mundial” a comprarles su energía.
Calderón presume a los cuatro vientos obras e infraestructura como las presas El Cajón y la Yesca; entonces la pregunta natural es: si el país tiene tal capacidad de generación de energía ¿por qué aceptar que la trasnacionales se metan a un negocio que debe ser área exclusiva y estratégica del gobierno mexicano?
Bajo esta óptica, y como lo destacan los especialistas de la ASF, es notorio el desplazamiento que está sufriendo el servicio público de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en el país por los Productores Externos de Energía, contribuyendo con ello a un alto grado de desocupación de la planta productiva del Sistema Eléctrico Nacional, propiedad del Estado. De esta manera, como exponen los analistas, es fácil de entender que no sólo es LFC, extinguida por decreto, sino la propia CFE la que está perdiendo progresivamente participación en el mercado, pues los productores privados ya detentan alrededor del 50 por ciento de la capacidad de generación de la CFE.
Esto, por supuesto, en nada beneficia al país ni a los consumidores. Veamos un ejemplo del saqueo y las ventajosas condiciones de las trasnacionales, en contrasentido de la inducida quiebra de LFC por el propio gobierno federal:
En 2007, Unión Fenosa, firma de origen español, vendió el kilovatio-hora (kWh) a la Comisión Federal de Electricidad en 59 centavos, la cual a su vez lo vendió a Luz y Fuerza del Centro en un peso, y en 93 centavos a los industriales. Un año después, en 2008, las compañías eléctricas en su conjunto aumentaron el kWh entregado a la CFE en 93 centavos y la CFE lo cobró a LFC en 1.50 pesos, pero la Secretaría de Hacienda obligó al hoy organismo liquidado a venderlo al usuario en 1.18 pesos. Ello originó –y de esto nada habla Calderón– que los costos de explotación de CFE fueran absorbidos por LFC, generando un sobreprecio de 13 mil millones de pesos en 2009.
De esta forma, la energía comprada a CFE tuvo un costo que se incrementó de 41 mil 500 millones de pesos en 2001, a 108 mil 400 millones de pesos en 2008; así, los costos de explotación se integraron en un 56 por ciento en la electricidad comprada a CFE y 26 por ciento de pasivo laboral. Es así que, aunque resulte ilógico, los costos de energía eléctrica que la CFE adquiere de los productores independientes, fueron transmitidos a la propia LFC, deteriorando aún más su difícil situación financiera.
No puede hablarse de que CFE sea una empresa modelo cuando, además de tener pasivos por casi 850 mil millones de pesos, ha solapado que las trasnacionales se adueñen paulatinamente de la generación y transmisión de la energía eléctrica estando a un paso de meterse al campo de la comercialización pública. Es claro que la intención de los gobiernos de Acción Nacional nunca fue fortalecer y sanear a LFC, sino desaparecerla para abrir paso a la encubierta privatización de la que se han vueltos cómplices los funcionarios de la propia Comisión Federal de Electricidad, como su exdirector, Alfredo Elías Ayub.
Valga señalar que Calderón estuvo enterado, desde que fue Secretario de Energía, de la corrupción de los altos funcionarios de la CFE y Luz y Fuerza del Centro, y no hizo nada; por el contrario, como presidente justificó de forma maquillada la extinción y quiebra financiera de los dos organismos descentralizados, basta con leer la Ley Federal de Entidades Paraestatales donde se establece con claridad que ambos se administran con un órgano de gobierno, el cual es observado y auditado tanto por la controlaría general como por la Función Pública. Si éste órgano de gobierno no sirve, entonces recae en el presidente la responsabilidad de intervenir para hacer que funcione, pues como ya apuntamos, es una obligación del Estado proporcionar el suministro público de electricidad, situación que Calderón jamás asumió como secretario y menos como presidente.
Su traición a la patria es doble porque, además de haber desnacionalizado nuestra industria eléctrica, ahora trasladan el costo de las multimillonarias ganancias de las trasnacionales a los recibos de pago de los usuarios en todo el país, pisoteando los objetivos que hace 75 años estableció el general Cárdenas.
