Ocho mentiras del plan laboral de Calderón

Arturo Alcalde Justiniani
La exposición de motivos y la propaganda que se hace en favor de la iniciativa de reforma laboral presentada por Felipe Calderón contrastan severamente con la realidad y mienten a la ciudadanía. Ocho falsedades destacan por su importancia:

Se trata de una reforma estructural. La iniciativa mantiene los vicios y limitaciones del modelo vigente de relaciones de trabajo. No modifica el sistema de justicia sustentado en órganos tripartitos parciales e ineficientes, como son las juntas de Conciliación y Arbitraje. No toca el control corporativo; en todo caso, lo desplaza más al sector empresarial; no crea condiciones para mejorar el salario y fortalece las prácticas de simulación vigentes.

Favorece el crecimiento del empleo y la competitividad. No hay indicios que acrediten que la iniciativa favorezca estos fines; se oculta la evidencia de que son factores de orden económico los que influyen en la creación de empleo, como la inversión y el crecimiento económico. Las voces más especializadas en materia económica han demostrado que las afirmaciones relacionadas con este fin no tienen sustento, por el contrario, se advierte que en general la experiencia internacional de propuestas sustentadas en promover la precariedad sólo generan más pobreza, desigualdad y encono social.

Beneficia a los trabajadores. Es evidente que una subcontratación salvaje, sin factores de equilibrio, una nueva figura de contrato por hora sujeta a la discrecionalidad del patrón, un mayor control empresarial de los trabajadores y la reducción del carácter protector de la ley jamás podrán entenderse como favorables a los hombres y mujeres que trabajan.

Favorece la justicia laboral. Todo lo contrario; con la propuesta se carga sobre los hombros de los trabajadores la lentitud de los juicios por despido injustificado, incrementando la tardanza; los trabajadores quedarán en estado de indefensión al verse obligados a aceptar pagos indemnizatorios reducidos, ante el escenario de esperar seis o siete años para tener derecho a recibir, en el mejor de los casos, tan sólo un año de salarios. A pesar de que en todos los foros y espacios, incluyendo la consulta nacional convocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para transitar hacia una reforma judicial integral, se ha venido planteando la urgencia de transformar estos órganos para contar con jueces imparciales y eficaces que, sin estar sometidos al Poder Ejecutivo, resuelvan en periodos cortos las controversias de trabajo, el Ejecutivo federal optó por soslayar esta exigencia y castiga a los trabajadores con una responsabilidad que es aplicable al Estado.

Regula la subcontratación para evitar abusos. Los términos planteados por la iniciativa legalizan los vicios existentes, convirtiendo el trabajo en mercancía desechable, privada de derechos superiores a los mínimos e imposibilita ejercer derechos colectivos que permitan negociar las condiciones de trabajo. De una manera tramposa, omite que únicamente se garantizan los derechos básicos, y al impedir su regulación, provoca que esta forma excepcional de contratación, sólo justificada para actividades complementarias o especializadas, se convierta en la regla general. También se engaña con figuras tales como la responsabilidad solidaria o una supuesta vigilancia sobre el subcontratista, ocultando que el beneficiario es el patrón, que en caso de simulación debe responder y que la vigilancia debe incluir un registro especial de subcontratistas y la participación explícita de la inspección laboral por parte del Estado.

Promueve la democracia sindical. Si bien la iniciativa hace referencia al voto secreto y a la obligación de rendir cuentas por parte de los sindicatos, es evidente que se trata de una propuesta de orden táctico para ser intercambiada por los temas que son prioritarios para el sector empresarial, como la subcontratación sin cortapisas, limitar los salarios caídos y una contratación por horas que permita omitir el pago de prestaciones y suprimir la antigüedad y la estabilidad laboral.

Resuelve la problemática de los contratos colectivos de protección patronal. Para solucionar este vicio, que abarca la inmensa mayoría de los centros de trabajo del país, que consiste en que el patrón escoge el sindicato que debe representar a sus trabajadores al firmar el contrato colectivo, el Ejecutivo federal debió proponer que los trabajadores sean consultados antes de que se firme en su nombre el instrumento que regulará las relaciones colectivas de trabajo. La iniciativa, contrario a lo señalado en la exposición de motivos, blinda y consolida los contratos de protección patronal al impedir de manera permanente que los trabajadores puedan optar por un sindicato distinto al que les señaló el patrón. Los absurdos requisitos contenidos en el artículo 899 A, imposibles de superar, representan un obstáculo insalvable, ya que además de obligarlos a delatar previamente a los trabajadores inconformes, exige que el patrón y el líder sindical hegemónico en la zona, quienes representan el voto mayoritario en la Junta de Conciliación y Arbitraje, autoricen previamente la procedencia para iniciar el juicio de titularidad contractual. Esta restricción lesionará también al sector empresarial, pues al cancelarse las vías legales para el ejercicio de la libertad de asociación, los trabajadores no tendrán más camino que la acción clandestina, contrario a las relaciones abiertas, informadas y responsables que operan en los países altamente productivos. Obstáculos similares se oponen al ejercicio del derecho de huelga, figura casi inexistente en el México actual.

Es compatible con la norma constitucional y los convenios internacionales. Varias disposiciones son claramente violatorias de estos instrumentos jurídicos de jerarquía mayor, por lo que de ser aprobadas, se provocará una fuerte batalla de orden jurídico y un crecimiento de las denuncias internacionales que en los últimos años se han promovido por las organizaciones más representativas de México y de todo el mundo, acusando al país de ser un contumaz violador de la libertad sindical y del derecho a la contratación colectiva auténtica.

La Jornada