Otra reforma laboral

Néstor de Buen
Por lo visto los compromisos del Presidente con el sector empresarial son de fuerza superior. Lo demuestra el proyecto de reforma laboral que se acaba de presentar a la Cámara de Diputados, con la pretensión de que se resuelva en el término perentorio de dos meses.

Independientemente de un anteproyecto presentado en el Senado, fundamentalmente por los senadores Gabriel Jiménez Remus y Juan de Dios Castro, preparado por Carlos y Néstor de Buen, al que el PRI evitó dar trámite porque afectaba a sus permanentes aliados –los sindicatos corporativos–, el PAN insistió en la reforma en dos ocasiones: la primera, durante el período de Carlos Abascal al frente de la Secretaría del Trabajo, y el segundo cuando ocupaba el mismo cargo Javier Lozano. Ninguno fue aprobado porque enfrentaron una seria oposición.

El nuevo proyecto cuyo autor directo se desconoce, aunque se pueda sospechar su origen coparmexiano, es un resumen de los dos anteriores, igualmente tendencioso y favorable para la clase patronal.

Mantiene la tesis de los contratos temporales: a prueba, por tiempo fijo y para capacitación, con lo que supuestamente se trata de abrir espacios para la contratación de desempleados, que resulta una paradoja porque al terminar un contrato temporal, evidentemente que la desocupación aumenta y, en todo caso, se mantiene en vigor la falta de mercado de la que tanto se quejan los empresarios. Y es que no puede haber mercado cuando faltan los salarios. Además, para facilitar los despidos, se limitan los salarios vencidos a un año, lo que no resuelve el problema del desempleo, sino que simplemente ayuda a las empresas a sufrir un poco menos con los despidos injustificados.

Se ratifica uno de los peores instrumentos de la irresponsabilidad laboral, el outsourcing, que ha sido profundamente criticado, no sólo en México, por lo que tiene de fraudulento.

No es mala la propuesta de que las directivas sindicales rindan cuenta certificada por actuarios de su estado económico, pero en cambio tiene una intención perversa conceder a las empresas el derecho de someter las huelgas a un arbitraje obligatorio, lo que ahora es un derecho exclusivo de los sindicatos. El objeto evidente es limitar el derecho de huelga, que es una de las garantías fundamentales en beneficio de los trabajadores para mejorar las condiciones laborales.

No está mal la idea de crear un registro de contratos colectivos de trabajo y reglamentos de trabajo, pero a cambio se ratifica lo previsto en el artículo 923 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que impide dar trámite a un emplazamiento a huelga cuando ya obra depositado un contrato colectivo firmado, lo más probable, a espaldas de los trabajadores, como son los llamados contratos de protección.

Es una buena idea crear un procedimiento especial para las demandas en contra del IMSS que actualmente se tramitan ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), a pesar de que constitucionalmente no es competente, porque si se trata de reclamos por incapacidades no existe un conflicto obrero patronal, que es la condición para la competencia de la JFCA, de acuerdo con la fracción XX del Apartado A del artículo 123 constitucional. Sin embargo, son miles los juicios que se siguen ante la JFCA por cuestiones de seguridad social.

Las posibilidades de que la reforma prospere no son pocas. Es evidente que hay una alianza entre el PAN y el PRI, que cada vez son más parecidos. Creo que fácilmente tendrán la mayoría necesaria para modificar la LFT, ya que el PRI es cada vez más representativo de la derecha y su vinculación estrecha con los sindicatos corporativos desvía cualquier intento de recuperar el sentido tutelar que la LFT tuvo, en su origen, en favor de los trabajadores y que ha ido perdiendo con el paso del tiempo.

Me imagino la reacción que tendrían Mario de la Cueva y Alberto Trueba Urbina si les hubiera tocado conocer este derechismo laboral que acaba, sin lugar a dudas, con el sentido tutelar en favor de los trabajadores que tuvo la LFT en su origen y que debería conservar por encima de cualquier problema económico. Lo que duele más es que el PRI, cuyo origen de izquierda no puede ser puesto en tela de juicio, se haya desviado como lo ha hecho y como probablemente lo haga de nuevo. Ojalá me equivoque.

La Jornada