Luego del fraude electoral de 2006, perpetrado con la complicidad del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de los poderes mediáticos, Felipe Calderón tomó posesión con el apoyo del Ejército, de la jerarquía católica y de empresarios.
Su gobierno se caracterizó por el genocidio y la represión, la agresión cotidiana contra los trabajadores y la destrucción del Estado laico. El presente texto es una breve relación de algunos de los principales desmanes del calderonismo.
El militarismo, la tortilla y la gastritis
El 1 de diciembre de 2006, Calderón tomaba posesión con el apoyo del Estado Mayor Presidencial y pese a las protestas populares encabezadas por Andrés Manuel López Obrador. Apenas cinco días después, ponía en marcha sus proyectos que corresponden a las reivindicaciones históricas de su partido: el 5 de diciembre, el Ejecutivo federal entregaba al Congreso su paquete económico para el año siguiente, donde se privilegiaba al Ejército y se recortaban los recursos para la Universidad Nacional Autónoma de México, institución especialmente odiada por Calderón.
Desde las primeras semanas de su gobierno comenzó el despliegue de efectivos militares en entidades como Michoacán, mientras que un sector oportunista del Partido de la Revolución Democrática (PRD) brindaba su apoyo interesado al presidente ilegítimo.
Otro de los rasgos que perdurarían a lo largo del sexenio fue la conformación de un coro mediático que aplaudió sin cortapisas todo lo que hacía “el presidente”; se abstuvo de criticarlo, y se ocuparía sólo de temas que al poder le interesaba difundir, como la supuesta “lucha contra el narco”.
Enero de 2007 inició con el alza a productos básicos como la tortilla, tendencia que proseguió a lo largo del sexenio con aumentos periódicos al gas y a la gasolina. En contraste con lo que ocurría en otros sexenios, los medios de comunicación se abstuvieron de cuestionar esas medidas, mientras que el cardenal Norberto Rivera señalaba que “el alza a la tortilla no es una tragedia ni el acabose”.
En febrero de 2007, la anciana indígena Ernestina Ascensio Rosario fue violada y asesinada en la Sierra de Zongolica, Veracruz, por soldados que supuestamente combatían el narcotráfico. Vinculado a grupos de la extrema derecha católica, José Luis Soberanes, entonces titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), soslayaría el crimen alegando que la víctima murió “de gastritis”.
Luego de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, en abril del mismo año, la Procuraduría General de la República y la CNDH hicieron el papel de abogados al servicio del clero, al litigar para que se derogara esa reforma que ha beneficiado a las mujeres de la capital. Enemigo del Estado laico, el gobierno de Calderón procuró obstaculizar la aprobación de nuevas libertades como el matrimonio homosexual, a la vez que apoyó incondicionalmente las pretensiones de la jerarquía católica para intervenir en las instituciones.
En su discurso del 1 de septiembre de 2007, con motivo de su primer informe de gobierno, Calderón abundaba en el supuesto “combate al crimen organizado”, que a lo largo de seis años dejaría un saldo de varios miles de muertos; el tono de su alocución fue triunfalista, cargado de autoelogios; decía: “Mi administración ha dado señales claras de rumbo, de firmeza y de certidumbre… Vamos por el camino correcto” (http://primer.informe.gob.mx/mensajealanacion).
En un desplante ridículo del nuevo militarismo que trata de implantar en el país, Calderón exhibió a sus hijos con uniforme e insignias militares en el desfile del 16 de septiembre de 2007. El comandante de la parada militar fue el general Tomás Ángeles Dauahare, el mismo que sería perseguido por el gobierno de Calderón en 2012, en plena época de competencia electoral.
Morelia y Mouriño
El 11 de enero de 2008, agentes de seguridad desalojaron a trabajadores de la empresa minera de Cananea, Sonora, luego de que su huelga fue declarada inexistente por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; el saldo de la acción fue de 40 heridos y cinco desaparecidos.
Con el pretexto de la ineficacia de las autoridades civiles, el 20 de enero el Ejército Mexicano asumió abiertamente las tareas de persecución de criminales en Baja California, estrategia ilegal que se iría extendiendo al resto del país, con su secuela de violencia desatada y violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, las tendencias confesionales del gobierno de Calderón y de otros gobiernos panistas estaban en auge. Mientras que en la Secretaría de Educación Pública (SEP) Josefina Vázquez Mota apoyaba a grupos conservadores, en abril de 2008 en Jalisco, el gobernador panista Emilio González Márquez enfrentó protestas públicas por la millonaria macrolimosna que le dio al Arzobispado, para la construcción de un santuario dedicado a los cristeros. En respuesta a los cuestionamientos, el gobernador prodigó una mentada pública a sus críticos.
Significativamente, el 1 de mayo Calderón se abstuvo de celebrar el Día del Trabajo, pues su gobierno es enemigo de los trabajadores.
En septiembre de 2008 el entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, anunció que el gobierno, en perjuicio de la ciudadanía, seguiría incrementando el precio de la gasolina para reducir el “altísimo subsidio” a la importación y venta del combustible.
En un misterioso y trágico episodio, que dejó siete muertos y 132 heridos, estallaron dos granadas en la ceremonia del Grito de Independencia en Morelia, Michoacán; la entidad sería blanco de todo el acoso del poder derechista, que al final del sexenio trataría infructuosamente de imponer como gobernadora a Luisa María Calderón, hermana del presidente espurio.
La serie sangrienta del calderonismo continuaba: el 4 de noviembre murieron el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y otros altos funcionarios en un inexplicable avionazo en plena Ciudad de México.
Mientras las instancias gubernamentales dan versiones esquivas y confusas del hecho, algunas voces mediáticas esgrimen la absurda hipótesis de que pudo haber sido obra del “crimen organizado” y la voz popular, de manera más realista, comenta que el responsable pudo haber sido el propio Calderón, en un episodio más de un gobierno marcado por los crímenes de Estado y la política del terror.
La religión, la influenza y el SME
En enero de 2009, Felipe Calderón y Margarita Zavala asistieron al Sexto Encuentro Mundial de las Familias, organizado por sectores conservadores y la jerarquía católica; Calderón pronunció un discurso con referencias religiosas y donde resaltó los “valores de la familia tradicional”.
En mayo, el gobierno federal y los medios de comunicación que lo apoyan trataron de aterrorizar a la población con la amenaza de una supuesta epidemia de influenza. Con la obviedad que lo caracteriza, Calderón trató de revestirse de una imagen de “salvador de la nación”, para ganar una legitimidad que no obtuvo en las urnas. Al descubrir el engaño, mucha gente adoptó una actitud de mayor desconfianza hacia el gobierno espurio.
El 5 de junio tuvo lugar el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora; uno de los responsables fue Juan Francisco Molinar Horcasitas, quien había sido titular del Instituto Mexicano del Seguro Social de 2006 a 2009. En 2012, Horcasitas, quien ha gozado de impunidad, formó parte del equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota.
Las elecciones intermedias de julio de 2009 representaron una gran derrota para el Partido Acción Nacional (PAN), mientras que el PRI ganó cinco de las seis entidades en disputa (San Luis Potosí, Querétaro, Colima, Nuevo León y Campeche); al día siguiente, el presidente del PAN, Germán Martínez, renunció a su cargo. El resultado anticipaba ya el de las elecciones de 2012.
A pesar de la abrumadora propaganda que el gobierno calderonista desplegó en los medios de comunicación, mucha gente se sintió inconforme y alarmada con la supuesta “guerra contra el narco”.
A lo largo del año, el gobierno de Calderón lanzó una campaña de ataques mediante spots en televisión contra la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). La guerra sucia contra los electricistas culminó el 10 de octubre, cuando militares y policías ocuparon LFC; Calderón firmó un decreto que hizo oficial la desaparición de Luz y Fuerza del Centro y el despido de unos 42 mil trabajadores.
Los abusos del bicentenario
En 2010, el año del bicentenario de la Independencia Nacional y el centenario de la Revolución Mexicana, la derecha en el poder aprovechó la oportunidad para impulsar una visión conservadora de la historia y para resaltar el papel institucional de Calderón en los festejos.
Como coordinador nacional de los festejos del bicentenario y centenario, el gobierno derechista nombró nada menos que al historiador conservador Manuel Villalpando, apologista de Calleja y de Porfirio Díaz.
El 15 de agosto de 2010, Villalpando encabezó el traslado de los restos de mártires de la Independencia, como Hidalgo, Allende y Aldama, del Castillo de Chapultepec al Palacio Nacional (nada menos). Previamente, las reliquias, ahora en manos de los herederos de sus enemigos históricos, se habían mudado del Ángel de la Independencia al Castillo de Chapultepec.
Motivado por la voracidad de los derechistas, dispuestos a servirse del poder, y por la egolatría de Calderón, el monumento conocido como Estela de Luz, en la Ciudad de México, fue uno de los casos más escandalosos de los malos manejos y la corrupción derechista.
Inaugurado hasta enero de 2012, a pesar de que su develación se tenía prevista para las festividades del bicentenario, la Estela de Luz, cuya construcción fue administrada por la Secretaría de Educación Pública, que encabezaba Alonso Lujambio, tuvo un costo de 1 mil 35.88 millones de pesos, contra los 200 millones calculados inicialmente.
Con 6 mil pesos, y el “alcoholismo” de Calderón
En febrero de 2011, el entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, declaró en un acto público que la gente podía vivir muy bien con 6 mil pesos al mes, palabras que reflejaban nada menos que las tendencias antipopulares del gobierno de Calderón. En 2012, Cordero fue precandidato presidencial del PAN.
En el mismo mes, la reconocida periodista Carmen Aristegui fue despedida de su programa en MVS Noticias, por haberse atrevido a mencionar el alcoholismo de Calderón.
El 11 de noviembre, tres años después de la muerte de Mouriño, en otro extraño accidente, el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora, murió cuando su helicóptero se desplomó en Chalco; las versiones oficialistas aducen que simplemente lo tiró el aire, se lo llevó el viento; lo cierto es que es otro episodio más de la serie sangrienta del calderonismo.
La Iglesia, el papa y Josefina
En enero de 2012 se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma del Artículo 24 constitucional para otorgar privilegios al clero católico bajo la fórmula de la llamada libertad religiosa. La maniobra contó con el apoyo de diputados del PAN, PRI y una fracción del PRD, la de los llamados Chuchos.
Esa reforma vino a ser la culminación de la labor del gobierno calderonista contra el Estado laico; durante su periodo, las diferentes dependencias oficiales se subordinaron a los intereses clericales. Cobró fuerza la injerencia del clero en los cuarteles con la complacencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como el apoyo hacia la Iglesia Católica por parte de la Secretaría de Gobernación, la SEP y otras instancias.
En marzo de 2012, visitó México el poco carismático pontífice Joseph Ratzinger. Lo hizo en el clima de la polémica sobre el Artículo 24 y estuvo sólo en Guanajuato, un estado donde todavía tiene fuerza el fanatismo católico, y el único que pudo conservar el PAN en las elecciones de 2012.
La onerosa visita contó con el apoyo de autoridades federales y locales.
Tanto la estancia de Benedicto XVI como la modificación del Artículo 24 motivaron protestas populares en varias ciudades del país.
Las elecciones de 2012 significaron la total derrota del PAN, que tuvo como preludio la desastrosa campaña de Josefina Vázquez Mota, y el cambio de bando de personajes como Vicente Fox y Manuel Espino a las filas del candidato priísta Enrique Peña Nieto.
Luego de los comicios, que oficialmente dieron el triunfo al tricolor, hubo acusaciones de un nuevo fraude electoral en perjuicio de Andrés Manuel López Obrador; aunque en un principio Calderón aceptó los resultados, pocas semanas después trató de anular las elecciones con la obvia intención de permanecer en el poder y mitigar el rechazo popular hacia él y su partido, desviándolo hacia Peña Nieto.
Sin embargo, los panistas no deben quedar impunes de los abusos que cometieron en este sexenio: miles de muertos en la falsa “lucha contra el narco”, miles de hogares empobrecidos por el desempleo y las políticas plutocráticas, así como la destrucción del Estado laico, que es premisa de las libertades individuales.
Finalmente, el presidente espurio fue congruente con sus raíces cristeras al dejar un saldo tan sangriento y tan contrario al legado juarista de separación entre la Iglesia y el Estado.
Calderón y sus secuaces deben pagar por sus crímenes.
*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México
