Aunque la contrarreforma laboral está viciada de origen, según eminentes constitucionalistas, por lo que sería posible impugnarla y abolirla, el compromiso de la clase política con la oligarquía es tan firme que no se vislumbra tal posibilidad. Tan es así que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ya se apresuró a exigir al Senado más mano dura contra los trabajadores: los dirigentes del empresariado consideran que el “outsourcing” aún tiene “candados innecesarios”. Quieren asegurar condiciones de total control sobre los asalariados, con el señuelo de que sólo así será factible la creación de los millones de empleos que hacen falta en el país.
Esto es una mentira monumental, pues como el propio CCE reconoce, se trata de un mecanismo de contratación que “es válido, legal y ha probado su pertinencia a nivel mundial”. Si ese fuera el caso, no habría agudos problemas de desempleo histórico en España, Grecia, Portugal y el mismo Estados Unidos. Queda claro que tal objetivo es una trampa de la que se vale la oligarquía para despojar aún más a los trabajadores de su de por sí exigua parte que les corresponde de la renta nacional. De ahí que sea oportuno advertir que, de aprobarse la contrarreforma, en poco tiempo los problemas sociales que hoy padecemos se verán seriamente agravados.
De acuerdo con el “Informe sobre el desarrollo mundial 2013”, del Banco Mundial, “en años recientes la pobreza y el desempleo se han incrementado en México, mientras los salarios reales (descontando el desgaste por inflación) se mantienen estancados”. En realidad, han perdido casi el 80 por ciento de su poder de compra en los últimos doce años, situación que ha impactado negativamente en el mercado interno, que se mantiene no sólo estancado sino en franco declive. No es fortuito que México ocupe, junto con Honduras, el último lugar en lo que se refiere a niveles de pobreza en América Latina, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con datos del año 2010.
En el año 2011, el salario mínimo en Argentina fue de 545 dólares mensuales, con un incremento al minisalario de 25 por ciento; en Venezuela alcanzó 360 dólares, con un incremento porcentual de 26.5 por ciento. En contraste, el mínimo mensual en México ese año ascendió a 127.7 dólares, con un incremento de apenas 4.10 por ciento. De mantenerse el tope salarial en nuestro país, en tres años los trabajadores mexicanos estarán entre los que recibirán los salarios más bajos del planeta, sin que ello repercuta en más y mejores empleos, como tanto presume Felipe Calderón.
La creación de empleos no depende del entorno salarial, sino de la capacidad productiva que tiene un país, dentro de un marco económico lo más independiente y sano posible, cosa que aquí no sucede por la altísima dependencia de nuestra economía de la estadounidense. Además, está el hecho de que México es ahora una nación maquiladora, lo que significa una mayor dependencia del exterior, pues las matrices se encuentran fuera de nuestras fronteras. Eso de que crecen las exportaciones “mexicanas” es una falacia, pues en realidad lo que aumenta son los beneficios a las empresas madre, las cuales no tienen ningún tipo de compromiso con el país que les abre sus puertas, a cambio de unos cuantos empleos mal pagados.
En este momento, según el Banco Mundial, “el empleo informal en México representa de 52 a 62 por ciento del empleo total”. Con la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo, la informalidad crecerá aún más, por la sencilla razón de que un jefe de familia se verá forzado, necesariamente, a buscar en la informalidad lo que le falte para completar el gasto del hogar, toda vez que los salarios formales se irán depreciando rápidamente. Por eso la voracidad de la oligarquía no tiene justificación, menos aún la sumisión de la clase política en el poder para prestarse a legalizar acciones no sólo mezquinas, sino abiertamente fascistas.
Luego esos mismos oligarcas van a ser los primeros en espantarse por la respuesta de los trabajadores, que será sin duda dentro de los cauces legales, pero al fin y al cabo tendrá gran fuerza porque habría de adquirir en poco tiempo un carácter masivo y cada vez más organizada. Entonces, serán también los primeros en exigir mano dura contra los “revoltosos y subversivos que no saben hacer otra cosa que protestar en vez de ponerse a trabajar”.
La experiencia nos ha demostrado que cada política pública antidemocrática, impuesta por los gobiernos neoliberales con el señuelo de que “será en beneficio de la población mayoritaria”, en los hechos demuestra precisamente lo contrario. Así habrá de suceder una vez promulgada la contrarreforma laboral, con daños muy severos para el país. Ha llegado al colmo la voracidad de la oligarquía y la desfachatez y cinismo de la clase política.
