MÉXICO, D.F. (Proceso).- El discurso de Felipe Calderón en la 67 Asamblea General de la ONU será recordado por lo inesperado del comportamiento de éste y la gravedad de sus aseveraciones.
En el recinto de la Asamblea General, adonde año tras año acuden jefes de Estado y de gobierno a exponer sus interpretaciones de la situación mundial y sus prioridades, dominan por lo general un estilo mesurado, voces acompasadas y poca expresividad. Calderón no se inscribió en esas tradiciones. Pronunció su discurso de manera un tanto exaltada, con un estilo más parecido al de un diputado que al de un jefe de Estado dirigiéndose al mundo. No es la primera vez que hace algo similar en ocasiones que no lo ameritan ni lo aconsejan; estilo personal, dirán algunos.
Lo más importante fue el contenido del discurso. Estuvo dividido en cuatro secciones. Las tres primeras, oscilando entre informe de gobierno y mensaje al mundo, estuvieron dedicadas a los resultados alcanzados en la reunión del G-20 en Los Cabos, a los avances de México en la persecución de las Metas del Milenio, y a los logros nacionales e internacionales en materia de cambio climático.
Ahora bien, fue la cuarta sección, la más larga y elaborada, la que contenía los señalamientos más interesantes. Allí se refirió a la gravedad de la violencia desatada por el crimen organizado, a la urgencia de buscar alternativas para combatirla y a la responsabilidad que debe asumir la Organización de las Naciones Unidas al respecto.
Seis años después de haber lanzado lo que él mismo llamó “la guerra contra las drogas”, Calderón informa en la ONU que el consumo no ha disminuido y, en cambio, “las enormes ganancias derivadas del mercado negro, provocado por la prohibición, han exacerbado la ambición de los criminales y aumentado el flujo de recursos hacia sus organizaciones. Esto les permite crear redes poderosas y les da una capacidad de corrupción prácticamente ilimitada”. De allí que haya llegado el momento, sostuvo, de “explorar todas las alternativas para eliminar las ganancias exorbitantes de los criminales, incluyendo opciones regulatorias o de mercado orientadas a ese propósito”. Al igual que lo hicieron sus colegas de Colombia y Guatemala, Calderón evitó el uso del término “despenalización”. Es evidente, sin embargo, que las opciones a que se refiere conducen a considerarla como una prioridad.
Para encaminarse hacia esas nuevas alternativas, Calderón propuso que la ONU no sólo participe, sino que “encabece un serio y profundo debate que permita hacer un balance, por una parte, de los alcances y límites del actual enfoque prohibicionista, y, por la otra, de la violencia inhumana que generan la producción, el tráfico y la distribución de las drogas en el mundo”.
Semejante propuesta implica diversas consecuencias. La primera fue responder al reto de dar seguimiento a la misma, lo cual se materializó, casi de inmediato, con la presentación de una Declaración Conjunta dirigida al secretario general de la ONU por parte de los representantes de Colombia, Guatemala y México. Se trata de los tres países latinoamericanos que se pronunciaron sobre el crimen trasnacional, aunque con muy diversos énfasis, en el debate general.
Después de varios considerandos sobre los motivos que hacen urgente una acción por parte de la ONU en materia de crimen trasnacional, los representantes de esos países proponen “emprender a la brevedad un proceso de consultas que permita hacer un balance de los alcances y limitaciones de la política vigente…”. Consideran, asimismo, que lo anterior “debería culminar en una conferencia internacional que permita tomar las decisiones necesarias a fin de dar mayor eficacia a las estrategias y los instrumentos con los que la comunidad global hace frente al reto de las drogas y sus consecuencias”. Al leer el documento salta a la vista que casi en su totalidad está basado en el discurso mexicano.
La segunda consecuencia se refiere a la herencia que Calderón está dejando a su sucesor. ¿Seguirá Peña Nieto la tendencia a cuestionar el prohibicionismo? ¿Qué alternativa se va a privilegiar después de hacer el balance de sus resultados? ¿Se mantendrá el activismo en la ONU para desencadenar un proceso que conduzca a una conferencia internacional? ¿Cómo se dialogará sobre todo ello con Estados Unidos? En un ambiente de transición caracterizado por acuerdos implícitos sobre las herencias que deja Calderón al presidente entrante, las preguntas anteriores no son ociosas.
Finalmente, una consecuencia del citado discurso y de la vehemencia con la que Calderón solicitó un cambio de enfoque es proporcionar un testimonio firme del fracaso de una estrategia. Apoyada por los recursos de la Iniciativa Mérida, asesorada por los especialistas de la DEA, la CIA y otras agencias del gobierno estadunidense, convertida en el eje central de la política gubernamental, la batalla contra las drogas ha sido un esfuerzo fallido.
Evocando implícitamente la situación que reina en el país, Calderón inició la sección dedicada a las organizaciones criminales señalando: “buscan controlar territorios y cooptar gobiernos. Aprovechan la debilidad o la corrupción institucional para establecer cotos de impunidad. Se enquistan en las comunidades, en donde también controlan delitos como la extorsión, el robo y el secuestro…”.
En efecto, tal es la situación existente en México. Después de 60 mil muertos, muchos desplazados, muchas víctimas inocentes y mucho dolor, permanece la gran incertidumbre sobre qué sigue, cómo enfrentar la dramática situación en la que está inmerso el país, cómo remediar el caos que está imperando en el ámbito de la seguridad. Desde esa perspectiva, el discurso de Calderón en la 67 Asamblea General de la ONU produce en los ciudadanos temor y desconcierto.
