En un gobierno bien constituido las leyes se ordenan según el bien público y no según la ambición de unos cuantos
Maquiavelo
Durante nuestra comparecencia en la Comisión del Trabajo del Senado de la República el pasado 11 de octubre, justo a tres años de perpetrado el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), dejamos bien establecida nuestra posición en contra de la Reforma Laboral impulsada por Calderón y exigimos a los senadores no ser serviles ante los empresarios; y menos, aplaudidores de las decisiones que en contra del pueblo de México ha tomado el Ejecutivo durante su sexenio.
Miles de trabajadores y miles de jóvenes han salido a las calles en todo el país para manifestar su rechazo a una contrarreforma que pretende cancelar el futuro laboral y económico de las nuevas generaciones, al privarlas de los beneficios de la seguridad social contenidos en el Artículo 123 constitucional. Insistimos a los miembros de la Cámara de Senadores que si quieren debatir una iniciativa de tales implicaciones sociales lo hagan de cara a los principales interesados, pero no, como es su costumbre, por la puerta trasera.
El descontento social que priva por doquier no es, como suponen los cortesanos oficialistas de Calderón, producto de complots o estrategias políticas. Los tiempos electorales ya quedaron atrás. Y que no se equivoquen: el pueblo es paciente pero no ingenuo; y sabe lo que implicará para su precario nivel de vida que se dé luz verde a un atentado social de tal naturaleza en el Congreso de la Unión: más pobreza y miseria.
Calderón se ha vuelto un presidente impopular porque se lo ha ganado a pulso desde que decidió anteponer su lucha fallida contra el narcotráfico a los proyectos y beneficios sociales; en su desesperación por legitimar su gobierno, olvidó las necesidades apremiantes de millones de mexicanos. Y de “presidente del empleo” pasó a ser el mejor agente de ventas de Gayosso, convirtiendo al país no en una nación de bonanza social sino en un gigantesco camposanto, sembrado de miles de cenotafios.
¿Cuál es el grupo minoritario que está feliz y aplaude a rabiar las políticas e iniciativas antisociales de Calderón? Por supuesto que los empresarios, representantes de los monopolios nacionales y extranjeros, que aplaudieron una y otra vez la ilegal extinción de Luz y Fuerza del Centro, cuyos encubiertos fines eran acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas y su contrato colectivo, adueñándose del multimillonario negocio de la fibra óptica, adquiriendo la infraestructura eléctrica, propiedad del pueblo de México, a precio de ganga.
La clase empresarial se unió a una voz con Calderón porque, supuestamente, cerrar Luz y Fuerza del Centro redundaría en un mejor servicio, se reactivaría la economía en la zona centro del país, bajarían las tarifas eléctricas, se crearían más empleos, y el país se ahorraría miles de millones de pesos del erario… A tres años, ninguno de tales supuestos se ha cumplido. Los hombres del dinero siguen diciendo que se actuó en la dirección correcta, aunque la Comisión Federal de Electricidad cometa miles de atropellos por ilegales cobros a los usuarios de menores recursos y mantenga una absoluta opacidad en el otorgamiento de materia de trabajo a empresas contratistas. Es evidente que su zalamería busca aderezar el servilismo de Calderón, y ahora el de los diputados y senadores, con la aprobación de una reforma laboral a modo, que les permita flexibilizar el trabajo a niveles de una moderna esclavitud.
Lo dijimos bien claro a los senadores y lo señalamos a la opinión pública: ¿quieren debatir una auténtica reforma laboral? Ahí les dejamos una prueba real e inatacable de lo que es una verdadera reforma laboral: un ejemplar de nuestro contrato colectivo de trabajo (CCT), donde se establecen con claridad las conquistas históricas de 98 años de lucha de los electricistas, donde sí se da la estabilidad en el empleo, donde sí se integran las prestaciones al salario, donde sí hay seguridad social y el derecho a una jubilación y a prestaciones dignas.
¿Quieren los senadores actuar en el papel que les impone la Constitución como representantes populares? Pues que empiecen por consensuar una verdadera iniciativa de reforma constitucional al Artículo 123 con la participación de la sociedad y los diversos sectores involucrados, no únicamente con los patrones; que le entren, como les hicimos la invitación, a la revisión del papel en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), manejada por el propio Ejecutivo, los patrones y los sindicatos corporativos; lo que pone en entredicho su verdadera independencia y autonomía a la hora de emitir sus fallos (tal y como sucedió con el asunto del SME donde, luego de 10 meses, en la JFCA se dieron por canceladas las relaciones individuales y colectivas de los electricistas por causa fortuita o de fuerza mayor, negándonos de paso, y sin litis de por medio, la figura del patrón sustituto, consideraciones que fueron echadas abajo por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al concedernos el amparo directo).
En tal escenario de atropellos, personaje central fue Javier Lozano Alarcón, el peor secretario del Trabajo que ha tenido nuestro país en su historia; esta lastimosa marioneta, que además de atentar contra nuestro CCT buscó inmiscuirse a través de personeros, en la vida interna de nuestro sindicato, y que ahora como senador sigue luciendo el disfraz de bufón de los empresarios; éste enemigo público número uno de los trabajadores, a los que reiteradamente busca poner de rodillas, es firme aspirante a juicio político por los costos que tendrá el país por su patológico resentimiento al SME, y junto con buena parte del gabinete de Calderón, deberá explicar al pueblo por qué se violentaron los derechos de miles de electricistas, a sabiendas de que se estaba violando la ley, y de las implicaciones legales y los costos que esto podría traer consigo.
Ha quedado demostrado que a los empresarios les produce resquemor la existencia de contratos colectivos como el del Sindicato Mexicano de Electricistas: instrumentos producto de la meritoria contratación colectiva, que resguardan el derecho constitucional de los trabajadores y sus familias a tener una vida honesta y decorosa. En aras supuestamente de la globalización y la competitividad, exigen al gobierno y a los legisladores avasallar las conquistas de la clase trabajadora cuando hay organismos como la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) o la propia OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que advierten que la reforma laboral no es el camino para la creación de empleos y el fortalecimiento de nuestra economía.
Los hemos dicho reiteradamente en diversos foros y concentraciones: miremos: lo que está sucediendo en países de Europa en los que, en un total desacierto oficial, se insiste en colocar en las espaldas de los trabajadores, y de los empleados públicos, el costo de la crisis económica. El descontento social en las calles amenaza ya la paz y la estabilidad en muchas naciones. Esperemos que en México no suceda lo mismo a consecuencia de la imprudente determinación de nuestros senadores. Ojalá que la brújula del equilibrio republicano que debe privar entre el capital y el trabajo, guíe el rumbo de su decisión final, y no se sumen a los empresarios, como aplaudidores de Calderón.
Nuestra posición es firme y no daremos un paso atrás para evitar la contrarreforma laboral, amparando la movilización social del pueblo en dicho cometido.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
