Lunes 15, oct 2012
Detrás del Poder
José Antonio López Sosa
Atenas, Grecia.- Aquel 11 de octubre del año 2009 salió el presidente Felipe Calderón -tras una decisión arrebatada como fue el común denominador de su sexenio- a anunciar de la mano de Fernando Gómez Mont -secretario de Gobernación-, Georgina Kessel -secretaria de Energía-, Javier Lozano -secretario del Trabajo- y Alfredo Elías Ayub -director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)- la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LyFC), quien prestaba el servicio de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en el centro del país, de acuerdo a lo estipulado en los artículos transitorios de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Quienes acompañaron aquella mañana al Presidente están, todos y cada uno de ellos, fuera de aquel gabinete.
Argumentaron en conjunto -y así lo evidenciaron ante la Suprema Corte- la capacidad del Poder Ejecutivo para disolver un organismo descentralizado, fuere o no justa la decisión, el Presidente tenía la facultad jurídica para hacerlo; sin embargo, fallaron en torno a la situación en que dejaron a los más de 40 mil trabajadores. Apenas hace unos días, la autoridad judicial resolvió el expediente 1337/2010: “La Justicia de la Unión ampara y protege al Sindicato Mexicano de Electricistas por sí y en representación de sus agremiados, en contra del acto y autoridad”, es decir, las relaciones laborales subsisten, dado que la materia de trabajo (la prestación del servicio público de energía eléctrica) no dejó de existir y quedó en manos de la CFE. En otro orden de ideas, a quienes fueron despedidos de forma injustificada de Luz y Fuerza del Centro se les deberá reinstalar en CFE bajo su contrato colectivo, así como pagarles salarios caídos desde el 11 de octubre del año 2009.
El presidente Calderón ha insistido en celebrar su decreto, incluso en su último mensaje con motivo del sexto informe de gobierno, aseguró que fue una decisión atinada, no contempló que pasó sobre el derecho de más de 40 mil personas, no vislumbró que lo que mal empieza mal acaba, en este caso, para él y su administración.
Si bien el Presidente extinguió un organismo de forma legal (aunque injustificada), no pudo acabar con el derecho de 40 mil trabajadores. La resolución está en el vínculo http://www.dgepj.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=17%2F00170000094615370061001.docx_1&sec=Horacio_Medina_Figueroa
