Al desaparecer Luz y Fuerza el gobierno prometió eficiencia. Pero los 33 mil millones de pesos de ahorros prometidos ya se los devoró la CFE en subsidios. Y todavía deben 12 mil millones en liquidaciones. Conoce la historia.
Miércoles 14 de noviembre de 2012
No es el capricho de un juez o las argucias legales de un abogado. Es la decisión en conjunto de un grupo de autoridades en la materia
"En ese juicio nosotros demandamos la reinstalación y el pago de salario caídos; si no, la nulidad de todas las liquidaciones”
Abogado defensor
"Luz y Fuerza del Centro, por ejemplo, perdía por robos, por fallas técnicas, por corrupción o por ineficiencia, la tercera parte de la electricidad que distribuía”
Presidente de México
En este 2012 Comisión Federal de Electricidad recibió 253 mil 320 millones de pesos. En realidad no hubo un ahorro en el sector eléctrico
Si se hizo conforme a derecho, como argumentan, desde el 2009, cuál es la razón por la que se han pagado 79 millones de pesos en defensoría jurídica
Enrique Peña Nieto recibirá un electroshock al llegar a la Presidencia de la República.
La herencia que le deja la administración de Felipe Calderón en el sector eléctrico es una deuda millonaria, conflicto laboral, y la pesada carga económica de la Comisión Federal de Electricidad.
La extinción de Luz y Fuerza del Centro que, se argumentó, traería ahorros al gobierno federal, en realidad representa ahora más gasto.
El fallo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, otorgado en septiembre pasado, abre la posibilidad de que CFE funja como patrón sustituto de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que no fueron liquidados.
Los empleados que no quisieron recibir su liquidación podrán exigir salarios caídos y prestaciones a lo largo de los últimos tres años, tiempo en que mantuvieron el litigio por la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
La suma de más de 15 mil trabajadores que se mantuvieron con el cuestionado líder de ese gremio, Martín Esparza, podría generar un pago superior a los 11 mil millones de pesos que podría llegar a 32 mil.
Esa cantidad se pagaría por la administración del priista Enrique Peña Nieto, pues a la actual le quedan menos de tres semanas. La toma de protesta del nuevo presidente de la República es el próximo primero de diciembre.
Al hacerse público el fallo a favor del SME, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo que solicitarían una revisión del mismo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El funcionario insistió en que todo lo que hizo la administración panista fue apegado a la Constitución.
Lo que no dijo es que de cualquier forma ya no será un problema del gobierno panista. Pase lo que pase será responsabilidad de la nueva administración del PRI.
En opinión del abogado laboralista Carlos de Buen, el monto a pagar podría aumentar mediante una estrategia legal, que de hecho ya se está preparando.
Esta consiste en que los trabajadores que fueron liquidados evoquen la irrenunciabilidad de sus derechos laborales y argumenten coacción en su liquidación. De ser así el monto a pagar para el próximo gobierno superaría los 32 mil millones de pesos.
La suma es el equivalente a lo que costaba anualmente la empresa o lo que recibió en el presupuesto de este año la Secretaría de Seguridad Pública o el Consejo de la Judicatura Federal.
Los trabajadores se defienden
El 10 de octubre del 2009 el presidente anunció en cadena nacional el decreto para la extinción de LFC.
Javier Lozano, hoy senador panista, con fuero, era entonces secretario del Trabajo.
El argumento fue que económicamente era inviable seguir con esa empresa. El sindicato era, dicho por el propio presidente, uno de los principales responsables de la crisis financiera y de la baja producción.
Con el uso de la fuerza pública las autoridades se apoderaron de las instalaciones de la empresa y del sindicato.
De tajo, casi 44 mil trabajadores perdían su trabajo. Le medida se venía preparando desde la administración de Vicente Fox, pero se hizo realidad con Calderón. De inmediato vinieron los reproches y las movilizaciones en el Distrito Federal por parte de los trabajadores.
Bloqueos de avenidas, protestas en la Cámara de Diputados. Huelgas de hambre.
El SME es considerado uno de los sindicatos mexicanos más antiguos. Fue fundado el 14 de diciembre de 1914 en medio de la Revolución. Casi 50 años antes de que se nacionalizara la industria eléctrica.
Polémico como cualquier sindicato. Para algunos era muestra de la histórica lucha sindical y para otros un organismo anquilosado en la corrupción y solapamiento de las malas prácticas laborales.
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) fue el encargado de presentar la demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a fin de que avalaran la extinción de la compañía. Fue oficial el 13 de octubre del 2009.
Carlos de Buen, abogado que ha llevado la defensa legal desde hace tres años, está convencido que la forma en que se quiso desaparecer la empresa no fue apegada a derecho.
Usó su larga experiencia para demostrarlo y ante la solicitud hecha por el SAE a la Junta de Conciliación y Arbitraje, buscó un amparo. Ganó el amparo directo 1337/2010. La decisión la dio un Tribunal Colegiado el pasado 13 de septiembre.
No es el capricho de un juez o las argucias legales de un abogado. Es la decisión en conjunto de un grupo de autoridades en la materia.
“La justicia de la Nación ampara y protege al Sindicato Mexicano de Electricistas, en contra del acto y autoridad que quedaron precisados al inicio de esta resolución”, dice el resolutivo segundo del documento de 444 fojas y firmado por los magistrados María Edith Cervantes Ortiz, Jorge Farrera Villalobos y Elisa Jiménez Aguilar.
El abogado sabe que por esto tienen la razón. Que la actual administración heredó el problema al presidente entrante, pues hizo de manera indebida y fuera de la ley todo el proceso de despido y desaparición de la empresa.
“Es un conflicto que causó esta administración. Le están heredando un conflicto laboral, social y político con este problema. Fue un acto sin un procedimiento previo”, refiere.
Advierte que el adeudo crecerá mientras no haya una resolución porque se acumularán salarios caídos y las jubilaciones de los que obtienen el derecho a pensionarse.
De manera paralela al amparo que ya ganaron, sostiene desde hace tres años una demanda para exigir la reinstalación y pago de salarios caídos de todos los trabajadores. Y tendría que ser CFE quien asuma esta medida.
“En ese juicio nosotros demandamos la reinstalación y el pago de salario caídos; si no, la nulidad de todas las liquidaciones, argumentando que se hicieron bajo engaño porque entre otros salió el secretario del Trabajo, que ya no tenían nada qué hacer porque era un hecho consumado. Eso es nulo porque es bajo engaño.
“No hay que descartar que obtengamos una resolución favorable, que diga que los 28 mil trabajadores que se liquidaron, se liquidaron bajo engaño y por lo tanto esa terminación de la relación laboral no produjo efectos.
“Si esto vale casi 12 mil millones de pesos, lo otro vale otros 18 mil millones de pesos más lo que ya pagaron en liquidaciones. Es una barbaridad lo que le están heredando a Enrique Peña Nieto”, asegura en entrevista.
Sobre la petición de revisión del fallo que el Gobierno Federal hizo ante la Suprema Corte de Justicia el litigante dice que era improcedente pero fue aceptada y por eso pusieron un recurso de reclamación. Además de que confía en que los ministros van a avalar lo que ya resolvió el Tribunal Colegiado.
La farsa del ahorro
Esas fueron las palabras del presidente Calderón el día que anunció que desaparecía Luz y Fuerza del Centro:
“En poco tiempo, Luz y Fuerza del Centro no hubiera podido pagar ni siquiera sus propias jubilaciones. Además, debido al Contrato Colectivo de Trabajo, casi todas las decisiones tenían que tomarse pidiendo permiso a la representación sindical, lo cual hacía que esas decisiones, más que obedecer a tus necesidades, o a las necesidades y problemas de los ciudadanos, obedecieran en muchas ocasiones a las preocupaciones e intereses del sindicato.
“Por ejemplo, el número de trabajadores seguía creciendo desproporcionadamente, no porque lo necesitara el servicio eléctrico, sino porque así lo exigía el Contrato Colectivo de Trabajo. Y estas condiciones no sólo hicieron inviable financieramente al organismo, también afectaron muy gravemente la calidad y la cobertura del servicio de electricidad que se debía prestar.
“Luz y Fuerza del Centro, por ejemplo, perdía por robos, por fallas técnicas, por corrupción o por ineficiencia, la tercera parte de la electricidad que distribuía”.
Calderón vestía un traje negro con una corbata azul marino con rayas beige. Portaba una pequeña bandera en la solapa y al fondo una más engalanaba el cuadro.
Sin embargo, el ahorro que suponía esta medida, no se materializó en los hechos.
En un análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación, obtenidos en la página oficial de la Secretaría de Hacienda, se puede ver cómo los 33 mil millones de pesos promedio que recibió en el último año LFC, desde el 2011 le llegan a la Comisión Federal de Electricidad.
En el 2009, cuando fue la extinción, la CFE tenía etiquetados en el presupuesto un total de 199 mil 40 millones, en promedio. En el 2010 subió a 210 mil 459 millones y para 2011 un presupuesto de 238 mil 543 millones. El excedente es una cantidad equiparable a lo que costaba la empresa que consideraron inviable.
En este 2012 Comisión Federal de Electricidad recibió 253 mil 320 millones de pesos. En realidad no hubo un ahorro en el sector eléctrico, sino un incremento del 13 por ciento en relación a lo que costaba con la existencia de la cuestionada empresa.
A esto hay que agregar que de acuerdo a la propia CFE a diciembre del 2012 tendrá una deuda de 7 mil 203 millones 512 mil pesos. Esa es la proyección que tiene la Gerencia de Créditos que pertenece a la Subdirección de Operaciones Financieras.
El objetivo de acuerdo al documento es reducir durante el sexenio de Peña Nieto casi 5 mil millones de pesos esta deuda para dejarla al año 2018 en 2 mil 804 millones 648 mil pesos.
Javier Lozano publicó en el periódico El Universal el 26 de julio del 2010 –siendo todavía Secretario del Trabajo– un editorial defendiendo la desaparición de Luz y Fuerza del Centro.
En el artículo aseguró que ningún bien de la empresa en litigio había pasado a ser posesión de CFE.
“La empresa desapareció, las relaciones laborales terminaron, los trabajadores cesaron sus actividades y los activos de la extinta Luz y Fuerza del Centro no pasaron al patrimonio de la CFE”, aseguró.
Sin embargo sí le enajenaron los bienes a CFE. Plantas de emergencia, subestaciones, centros de control de energía, líneas y redes de distribución pasaron a ser propiedad de la paraestatal.
El oficio 300.249/2009 de la Subsecretaría de Energía, firmado casi un año antes de esa publicación por el subsecretario de Electricidad, Benjamín Contreras Astiazarán, da cuenta de las transferencias de bienes. Tiene sello de recibido de Comisión Federal de Electricidad.
“Se solicita que se pongan inmediatamente a disposición de la Comisión Federal de Electricidad los siguientes bienes del organismo que se extingue, así como los derechos accesorios y asociados a dichos bienes”, establece el documento con carácter de reservado y del que Reporte Indigo tiene copia.
Y también pasó con todos los vehículos, herramienta y equipo de trabajo por un monto total de 24 millones de pesos.
Además pasaron a la otra empresa encargada del suministro de energía eléctrica en México: 105 agencias y sucursales, 69 almacenes o bodegas, 71 talleres, 34 centrales generadoras, nueve centros de capacitación, 26 oficinas administrativas, 184 subestaciones y 12 terrenos baldíos.
En el documento UE/108/12 del SAE, con fecha de marzo de este año da cuenta de que fueron entregadas además 8 mil 72 unidades de trabajo.
De acuerdo al propio Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda en el oficio UE/490/2011 se informó que a septiembre del año pasado el pago de la extinción era de 52 mil millones de pesos. Casi el costo de dos años del presupuesto federal que recibía la empresa financieramente insalvable.
“Por lo que hace a cuántos recursos económicos se erogaron para este hecho, se informa que a la fecha se han erogado para el proceso de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, alrededor de 52 mil millones de pesos, cifras preliminares previa conciliación”, dice el documento acreditado a Yolanda Corral González, titular de la Unidad de Enlace del SAE.
Gasto en abogados
Entre los gastos más llamativos está el costo legal para defender los actos realizados por la administración de Calderón. Si se hizo conforme a derecho, como argumentan, desde el 2009, cuál es la razón por la que se han pagado 79 millones de pesos en defensoría jurídica. De ese monto, 66 millones a un solo despacho.
La Unidad de Enlace del SAE informó en el oficio UE/040/12 sobre estos pagos. Ahí aparece la lista de 19 abogados o despachos que trabajaron en el caso. Destaca el despacho Cavazos Flores SC, por el millonario pago de los 66 millones de pesos.
“El despacho fue fundado en 1974 por el doctor Baltasar Cavazos Flores, quien fuera la autoridad en derecho laboral más reconocida en México. El prestigio cultivado por Cavazos Flores le ha permitido crear corresponsalías en diferentes estados de la República Mexicana, Centroamérica, Sudamérica y Europa”, presume esta firma de litigantes en su página de internet.
De acuerdo a fuentes del Sindicato Mexicano de Electricistas fue este despacho el encargado de la demanda ante la que se ampararon y en la que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, les dio la razón.
Es decir 66 millones de pesos por un servicio que terminó en contra del Gobierno Federal. Esto a pesar que tanto la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Energía así como la Presidencia de la República cuentan con departamentos jurídicos.
Todos los demás abogados cobraron pagos de medio millón o un millón de pesos, en promedio.
Información reservada, mentiras y juicios perdidos han sido la constante desde hace tres años en este caso que muchos daban por muerto, y que ahora da muestras de estar más vivo que nunca.
En el régimen priista era costumbre dejar al sucesor problemas sociales, deudas, devaluación o conflictos armados. Eran del mismo partido y tenían que aguantar el vendaval.
Todo indica que Felipe Calderón quiere mantener viva esa añeja tradición.
