Se acabará política de golpeteo innecesario contra trabajadores

* El objetivo, crear un millón de empleos al año

* En los conflictos del Sindicato Mexicano de Electricistas, Mexicana de Aviación y mineros habrá pleno respeto a las resoluciones judiciales, sostiene el funcionario. Agrega: los derechos del magisterio, tras la reforma educativa, no serántocados


Periódico La Jornada
Miércoles 12 de diciembre de 2012, p. 17

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, definió ayer los ejes de la nueva política laboral del presidente Enrique Peña Nieto: fin al golpeteo al sector sindical; creación de un consejo nacional de competitividad y empleo, y un consejo nacional de capacitación. Además, se establecerán nuevas políticas fiscales y programas públicos para incentivar la generación de empleos, en promedio un millón al año.

Entrevistado en su despacho por La Jornada, el funcionario sostuvo que en los conflictos del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Mexicana de Aviación y del sindicato nacional de mineros habrá absoluto respeto a las resoluciones judiciales que surjan de los procesos legales. Indicó que en los cambios que se lleven a cabo por la reforma educativa, no se tocarán los derechos laborales del magisterio.

Entre las acciones inmediatas plantea aumentar el número de inspectores del trabajo y que éstos tengan mayores facultades legales. Incluso, que puedan pedir la intervención de la fuerza pública para realizar sus visitas a las empresas; llevar a cabo un programa de inspección en minas de carbón en enero y febrero próximos; fortalecer la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), y mejorar la actuación de las juntas de Conciliación y Arbitraje. Asimismo, buscar que éstas se conviertan en tribunales sociales y aplicar cero discrecionalidad en la entrega de tomas de notas.

Navarrete Prida, de militancia priísta, fue subsecretario de Gobernación, director general jurídico de la Secretaría de Salud de 1995 a 1996 y de ese año a 2001 subprocurador de la Procuraduría General de la República. De 2006 a 2008 encabezó la Procuraduría General de Justicia del estado de México, y luego fue subsecretario de Desarrollo Urbano en esa entidad. En 2009 fue electo diputado federal.

–¿Cuál será la política laboral que seguirá el nuevo gobierno?

–Son tres las metas de la Secretaría del Trabajo. Primero, ayudar al crecimiento económico; segundo, apoyar la creación de empleos formales y, tercero, ser elemento de equilibrio de los factores y actores de la producción en México. Esa es la tendencia que se seguirá en los próximos seis años, manteniendo la tutela de los derechos de los trabajadores –que a veces se ha olvidado–, así como el respeto absoluto al artículo 123 constitucional. Y bajo estos principios, aplicar la reforma laboral.

–Diversos gremios han señalado que en los últimos sexenios hubo en el país una política antilaboral. ¿Ello va a cambiar?

–Se acaba esa política de golpeteo innecesario al trabajador, si así se ha interpretado. Lo que sí va a haber y donde se pondrá acento es en que va a ser una política laboral de equilibrios. El país tiene capacidad para crecer en la medida en que, lejos de estar en conflicto los distintos factores de la producción, estén en sano equilibrio.

Al sector obrero, que tanto se le critica la falta de transparencia y de democracia interna, se le debe en mucho que hayamos gozado de décadas de paz laboral, pues con gran responsabilidad social ha sabido valorar la protección de la fuente de empleo por encima de los intereses particulares y dogmáticos.

–Luego de un sexenio en el que crecieron el desempleo y la informalidad, ¿qué políticas se van a instrumentar para generar trabajo?

–La flexibilización de las condiciones para la contratación de trabajadores, con la reforma laboral, ayudará sin duda a crear empleos. Pero ninguna reforma, ni la Secretaría del Trabajo por sí misma, generará puestos. Por ello el gobierno federal considera que se requieren modificaciones de cáracter fiscal-hacendarias, energéticas y otras que, junto con los cambios a la Ley Federal del Trabajo, posibiliten que el país sea más competitivo, crezca y se creen plazas.

Además, por disposición de ley se van a constituir dos consejos nacionales: uno de competitividad y empleo, y otro para capacitación. Se buscará que el país diversifique mercados y sea atractivo para la inversión extranjera. Además, se incentivará el mercado interno. La meta es crear un millón de empleos cada año.

–No es una meta fácil. El gobierno anterior apenas se acercó a esa cifra en su último año.

–Tiene que haber oportunidades para los que se incorporan al mercado laboral. De no hacerlo habrá consecuencias graves, incluso en seguridad. Los jóvenes, si no encuentran opciones, son reclutados por la delincuencia organizada.

–¿Qué trato se dará a los conflictos que quedaron pendientes, como el del SME, el del sindicato de mineros y de Mexicana de Aviación?

–Esos temas el gobierno los recibe como asuntos que van en proceso. No son nuevos, sino que están metidos en la esfera de lo jurisdiccional. Habrá que esperar el resultado de las resoluciones judiciales para en función de ello tomar decisiones.

El SME, en este momento, tiene la resolución de un tribunal colegiado respecto del patrón sustituto. Habrá que esperar cómo se resuelve el recurso de revisión que fue interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay tres criterios de interpretación directa de la Constitución que tendrá que valorar el máximo tribunal. El primero tiene que ver con un tercero decidido o sentenciado en juicio sin haber sido oído y vencido, que es la CFE, y que se le condena como patrón sustituto cuando nunca nadie lo llamó para que diera su versión de lo que en su derecho corresponde. El otro tiene que ver con una interpretación de la Constitución respecto de si el Estado sigue siendo patrón aun cuando liquida una empresa pública. Pero al margen de lo que suceda jurídica y legalmente, hay un problema social que el gobierno federal estará sensible a buscarle soluciones de la mejor manera.

–¿En qué sentido se atenderá la parte social de ese conflicto?

–Habría, en el peor de los escenarios, miles de trabajadores que se quedarían sin fuente de empleo. Tiene que haber alternativas y verse cómo podemos resolverlas. No se pueden cerrar los ojos. Son personas que tenían fuente de trabajo y hay que darles una solución viable.

–¿En el caso de los mineros?

–Siempre han pedido a la Secretaría del Trabajo que entre en una especie de mediación, pero hay imposibilidad mientras exista un derecho en expectativa de alguien que se sienta afectado en sus garantías, por lo cual la mediación no sería correcta ni válida. Tendríamos facultades jurídicas para hacerlo en tanto no se resuelva totalmente la parte judicial. Por ello, la secretaría va a actuar con absoluta imparcialidad en ese caso y todos los conflictos del sector laboral. Esa es la instrucción del Presidente y la obligación legal.

–Sobre el concurso mercantil de Mexicana de Aviación, ¿qué lineamientos seguirá la secretaría?

–A finales de enero el juez de lo concursal tendrá que definir si prorroga la búsqueda de nuevos inversionistas o empieza el proceso de liquidación. Lo que me apena y preocupa es que mientras pasa el tiempo y no surge ese accionista, los activos van disminuyendo y las perspectivas para que los trabajadores recuperen su dinero son menores.

–Usted haría un llamado a los trabajadores de Mexicana a que...

–Llamaría a que en enero, después de que el juez emita su opinión, hagan una valoración de hacia dónde les conviene caminar. También los llamaría a la exigencia de justicia, porque creo que hay delitos detrás de esta entrada en concurso mercantil, esta quiebra técnica y las afectaciones que ha habido a la sociedad mexicana por el aumento tan elevado a las tarifas aéreas. Tendría que haber resoluciones de carácter judicial y determinar quiénes son los responsables.

–¿Qué retos inmediatos tiene la dependencia?

–En este momento la fijación de los salarios mínimos para 2013, lo cual no corresponde a la dependencia decidirlo, pero sí buscar un buen acuerdo en la comisión nacional. El aumento deberá estar basado en el porcentaje de la inflación esperada para el año que entra.

La Jornada