Urgente, elevar a rango constitucional el derecho a la energía, solicitan

Especialistas, el SME y la Asamblea Nacional de Usuarios destacaron esta propuesta toda vez los abusos en los cobros por el servicio.

Carolina Gómez
Publicado: 12/12/2012 11:54

México, DF. Especialistas en asuntos energéticos, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y el diputado federal Gerardo Villanueva Albarrán, destacaron la necesidad de que ante los abusos de los cobros de la energía eléctrica y el apropiamiento por parte de trasnacionales de recursos naturales, es urgente elevar a rango constitucional el derecho a la energía, particularmente a la eléctrica.

Durante el foro La energía eléctrica como derecho humano, Fermín Paz secretario general de la organización no gubernamental, Derecho a la energía, SOS futuro, precisó que México no es el único país que tiene problemas con las tarifas “exageradas y la precarización energética y añadió que es necesario “no aceptar la premisa de que la energía es una mercancía”, ni que sólo pueden discutir sobre su uso los que se consideran expertos.

Villanueva Albarrán precisó que desde el congreso debe promoverse una reforma constitucional que establezca que la energía es un derecho y precisó que ello podría quedar plasmado en el artículo cuarto constitucional.

En tanto Alfonso Mancilla Reyes, de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, señaló que además de dar el mencionado paso, se debe pugnar por un cambio de la política pública hacia el sector eléctrico y establecer una tarifa social y que sea el Congreso y no la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la que fije las tarifas.

Martín Esparza Flores, secretario general del SME, rechazó la participación de empresas trasnacionales en la generación de energía eléctrica en el país, lo cual dijo comenzó cuando el ex presidente Carlos Salinas de Gortari modificó el articulo 27 constitucional. Indicó que en la actualidad 44 por ciento de la generación eléctrica del país está en manos de empresas privadas.

La Jornada