14 DE ENERO DE 2013
MÉXICO, D.F. (apro).- Pese a que el secretario del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, Carlos Navarrete, aseguró que recibió una dependencia disfuncional con poco presupuesto, anunció que será mediador en la búsqueda de soluciones en los casos de Mexicana de Aviación y el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Luego de reunirse con representantes de sindicatos afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Navarrete admitió que debido al escaso presupuesto –apenas 70 millones de pesos– la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo que él encabeza será difícil atender la problemática de 4 millones 200 mil trabajadores capitalinos.
En el encuentro, encabezado por Navarrete y Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) describió con un ejemplo casero cómo aplicará la política laboral en el Distrito Federal, la cual, por cierto, no definió.
“Un ejemplo de política de Estado. Como cuando una madre llama a comer a sus hijos y saca el caldo para alimentarlos pero guarda el pedazo de carne más grande, la verdura más grande, más caldo para el hijo más flaquito, el más necesitado. Así se hará con los sindicatos, habrá quienes necesiten más apoyo que otros”, indicó.
El responsable de la política laboral en la Ciudad de México, destacó que en la capital del país hay 4 millones 200 mil trabajadores, de los cuales 1 millón 200 mil están en la informalidad y 700 mil se autoemplearon con un negocio, por iniciativa propia, pero no están protegidos por la ley, sino por sindicatos de protección.
Aseguró que habló ya con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del gobierno federal, el priista Alfonso Navarrete Prida, para “homologar criterios en materia laboral”; incluso aseguró que será intermediario en la solución de los conflictos de Mexicana de Aviación y el Sindicato Mexicano de Electricistas, aunque no es de su competencia.
Anunció, además, la reestructuración de la Procuraduría en Defensa del Trabajo del Distrito Federal para también impulsar la renovación de la Junta de Conciliación y Arbitraje (JLCA).
En ese sentido, se comprometió a buscar la reforma a la ley para eliminar la toma de nota como requisito de representatividad de un sindicato con el aval del gobierno en turno. Afirmó que no la usaría como elemento de presión para ningún sindicato.
Se refirió a los contratos de protección, los cuales calificó como un fraude, mera simulación, “la perpetuación de un sindicalismo inexistente”, enunció.
En el Distrito Federal, 90 por ciento de los sindicatos registrados en la junta son de protección, es decir que firman contratos colectivos de trabajo con la patronal a espaldas de los trabajadores.
Finalmente, Navarrete pidió a Hernández Juárez nombrar a un representante de la UNT, mientras que él hará lo propio con la Secretaría, “para tener una instancia permanente para atender estos temas”.
Un anuncio importante fue el nombramiento del abogado laboralista Héctor Barba como asesor de Navarrete en temas laborales.
Antes, representantes sindicalizados expusieron sus inquietudes a Navarrete, aunque en muchos casos son de orden federal.
