* Del Distrito Federal, un alto porcentaje de quejas: legislador
Periódico La Jornada
Lunes 11 de febrero de 2013, p. 40
El presidente de la comisión especial sobre el suministro y cobro de energía eléctrica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, señaló que si bien las más de 24 mil quejas promovidas entre 2011 y 2012 ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) son del ámbito federal, un porcentaje importante corresponde a la ciudad de México.
Por ello demandó que la ALDF sea tomada en cuenta en el acuerdo que firmarían la Profeco y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para resolver el problema de los altos cobros por el consumo de energía eléctrica,
Explicó que a partir de la desincorporación de Luz y Fuerza del Centro, y al hacerse cargo del servicio la CFE, los capitalinos se vieron abrumados con notificaciones por presuntos adeudos de 5 mil, 10 mil, 15 mil o más pesos, por el supuesto ajuste de tarifas.
Ojeda Anguiano agregó que dichos cobros son adicionales a los normales que se recibían bimestralmente, sin que existiera ningún adeudo, de tal manera que al acudir a reclamar a la CFE, los usuarios nunca recibieron una explicación del motivo de este cobro y de manera altanera la única posibilidad que se les daba era pagar.
Si bien otorgó el beneficio de la duda a la intención de la Profeco, luego de que anunció que buscará un acuerdo con la CFE para evitar el abuso en el cobro del servicio eléctrico, dicha comisión demandó sumar a la ALDF a este nuevo intento por dar una solución favorable a los usuarios, ya que han acudido a ella alrededor de 6 mil quejosos.
Indicó que desde el inicio de la sexta Legislatura, la comisión ha solicitado que se instale una mesa de negociación con la CFE para que se atiendan los reclamos de cobros injustos o los brincos o saltos que de un día para otro llegaban a las casas o las misceláneas sin que existiera justificación alguna.
Ojeda Anguiano recordó que hasta ahora la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría Social o el Congreso de la Unión no han podido resolver este problema, que afecta principalmente a personas de bajos ingresos, pero se ha llegado al colmo de dejar sin suministro eléctrico a diversos municipios, hospitales, escuelas y unidades habitacionales, entre otros consumidores.
La Jornada
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