IFE, Ifai y el Poder Judicial han encubierto delitos, afirma
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 18
La negativa de la Suprema Corte a otorgar el amparo a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) demuestra que es un órgano subordinado a los designios del Presidente de la República, advirtió el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Encinas.
Estamos en un momento grave, en el que la Corte, el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) han dado pasos para encubrir acciones que vulneran la ley y dañan a los mexicanos, recalcó.
Encinas consideró que la Suprema Corte se está convirtiendo en un tribunal de consigna y calificó la resolución que negó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea patrón sustituto de los trabajadores de la desaparecida Luz y Fuerza, como un monumento al absurdo.
Los ministros sostuvieron que “la paraestatal Luz y Fuerza no depende directamente del Ejecutivo federal, por lo que no puede ser patrón sustituto, pero más adelante señalan –recordó– que la empresa se disolvió por causas de fuerza mayor y ello fue precisamente por una decisión del entonces presidente de la República”.
Preguntó: “¿Entonces? No que no depende, sumado a que ahora resulta que una decisión arbitraria es una causa de fuerza mayor’”.
El senador Encinas agregó que además de ello, en la resolución de la Corte no se señala que la materia de trabajo para la que fueron contratados los trabajadores del SME subsiste y el servicio que proporcionaba Luz y Fuerza se sigue prestando por otra empresa también estatal y por otros trabajadores de manera injustificada”.
Además, indica que CFE y Luz y Fuerza tienen situaciones jurídicas distintas, pese a que ambas son órganos públicos, es un exceso que busca dañar a los integrantes del SME y deja en la indefensión a los trabajadores mexicanos.
La senadora Alejandra Barrales, también perredista, adelantó que propondrá que el Senado sea enlace con el gobierno federal en la búsqueda de alternativas de solución al conflicto del SME.
La Jornada