En entredicho, su honorabilidad y hasta el sentido común
Martín Esparza Flores
Tras la monstruosidad jurídica engendrada por los ministros de la Corte en su fallo en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), una encuesta realizada por un diario de circulación nacional demostró claramente que la mayoría de los mexicanos desaprobaron el inexplicable proceder del más Alto Tribunal que, en contraparte, dejó en libertad a la secuestradora francesa Florence Cassez. La atrocidad sigue siendo condenada por la sociedad en su conjunto, poniendo en entredicho la honorabilidad y hasta el sentido común de quienes integran el máximo órgano de justicia.
El país entero se pregunta, desde todos los ángulos de su indignación, si por su alta investidura un ministro puede violar las leyes sin recibir amonestación o castigo alguno. Al respecto, es importante señalar que el artículo 110 constitucional establece el juicio político como el mecanismo jurídico con que contamos los ciudadanos para fincar responsabilidades a quien, en su calidad de servidor público, incurra en violaciones a nuestra Constitución y a las leyes que de ella emanen.
La ciudadanía debe tener plena conciencia de que este instrumento jurídico y constitucional no es aplicable sólo a los políticos; además, se puede hacer extensivo a los ministros de la Corte que falten a su alta responsabilidad.
El artículo 95 de la Constitución establece entre los requisitos para acceder al máximo cargo judicial, que los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Perfil al que están muy lejos de aspirar quienes desde el Alto Tribunal permiten el aniquilamiento del Estado de derecho y el deterioro del imprescindible equilibrio de poderes.
En la Cámara de Diputados ya se encuentra radicada una petición de juicio político en contra de los miembros de la Segunda Sala de la Suprema Corte, los ministros José Fernando Franco González Salas; Sergio A. Valls Hernández; Margarita Beatriz Luna Ramos; Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Luis María Aguilar Morales. Los legisladores tendrán que solicitar las supuestas pruebas de que se valieron los ahora acusados para emitir su veredicto en contra del SME.
Además del juicio político, los ministros tendrán que enfrentar el juicio de toda la sociedad mexicana y, por supuesto, el juicio de la historia que aún está por escribirse sobre su desempeño, y no precisamente con letras de oro…
Invitamos a todo México a sumarse a la petición de juicio político contra los malos elementos de la Corte a través de www.renuncienministros.org.mx.