EN:ARTICULISTAS FECHA:2 FEBRERO, 2013
Agravio a todos los mexicanos
Martín Esparza Flores
El fallo emitido por la Corte negando la protección de la justicia al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), no únicamente lesiona y pisotea los derechos laborales y humanos de los trabajadores electricistas, sino que se constituye en un agravio a todos los mexicanos que tienen plena conciencia de que para obtener un veredicto a su favor, deben presentarse ante los ministros con una nacionalidad extranjera.
En el caso de la secuestradora francesa Florence Cassez, los integrantes de la Corte aplicaron la técnica jurídica tomando en cuenta la violación a sus derechos humanos en el desaseo procesal en su contra. Dentro de las reformas hechas al marco constitucional, se estableció precisamente tales derechos como inviolables en el artículo primero de nuestra Carta Magna, no contemplando salvedad o prerrogativa especial para los extranjeros.
El derecho al trabajo es parte inherente de los derechos humanos y negarlo a los mexicanos es cancelarles su derecho a la vida misma, a su subsistencia y la de sus familias. No puede concebirse el porqué ahora los derechos laborales que ya habían sido salvaguardados en favor de los miembros del SME por los propios ministros, ahora son cancelados de tajo. Baste recordarles que si bien el 5 de julio del 2010 aceptaron la constitucionalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza, dejaron a salvo la defensa de los derechos de los electricistas que se negaron a aceptar las migajas de la liquidación.
En su resolución, estableció la Corte:… “del análisis de los preceptos contemplados en el Decreto impugnado, puede llegarse a la convicción de que sus efectos no están dirigidos a extinguir, menoscabar o vulnerar los derechos subjetivos que conforman el núcleo de las garantías de la estabilidad en el empleo, máxime si se comprende que los mismos constituyen una serie de derechos exigibles…”.
Como quedó establecido en el largo proceso jurídico de nuestra lucha, de manera errada, la Junta Especial Número 5 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), tomó como vía libre para pisotear los derechos del SME, sólo la parte del dictamen de los Ministros concerniente a la constitucionalidad del decreto, ignorando su decisión de dejar resguardados los derechos laborales, como también pasó por alto en su amañada fundamentación la incosteabilidad financiera de Luz y Fuerza, principal argumento de Calderón, y emitió un laudo el 30 de agosto del 2010, donde por supuestas causas de fuerza mayor y caso fortuito, daba por terminadas las relaciones laborales con el SME, negando de manera rotunda la sustitución patronal.
Ante esta barbarie jurídica e innegable abuso de poder, el SME recurrió al amparo en contra de tal decisión, topándose en el camino con un recurso de atracción promovido por la Procuraduría General de la República (PGR), ante la Corte a fin de que declarara improcedente tal recurso.
El 4 de mayo del 2011, los ministros de la Segunda Sala, Sergio A. Valls Hernández, Luis María Aguilar Morales, la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos y el presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano, resolvieron “no ejercer la facultad de atracción”, peticionada por la PGR, pues señalaron “falta de fundamentación y motivación por no darse los supuestos de un caso fortuito o de fuerza mayor que son útiles para solicitar la terminación colectiva de la relación laboral”.
Fue así que el 13 de septiembre pasado, los magistrados del segundo tribunal decidieron otorgar por unanimidad el amparo a favor del SME donde se instruía de manera directa a la JFCA a emitir un nuevo laudo reconociendo los derechos laborales del SME y obligando a la CFE a asumir la sustitución patronal, pero como todo el país lo constató, lejos de acatar el fallo el gobierno de Felipe Calderón instruyó al abogado del SAE, el mataelefantes, Humberto Cavazos Chena, para presentar un recurso de revisión ante la Corte, recayendo nuevamente en ministros como Luis María Aguilar Morales, tal decisión.
Como el SME lo denunció, lo único que buscó el expresidente fue ganar tiempo para no asumir su responsabilidad jurídica y política; ahora, de manera insólita, los ministros de la Corte no sólo ignoran lo ya resuelto por ellos mismos, sino que utilizan la técnica jurídica como arma para asesinar al derecho de amparo que en la historia de México ha sido el único baluarte de defensa del pueblo en contra de los abusos del poder.
Su irresponsable veredicto no sólo constituye una gigantesca aberración sino además se convierte, en el camposanto del absurdo, en la sepultura a la independencia del Poder Judicial y al Estado de derecho.
A los mexicanos nos cierran el camino de la legalidad como medio para dirimir nuestros conflictos y hacer valer nuestros derechos, al dejar en manos de una caterva de pillos, revestidos de toga y birrete, la justa aplicación de los derechos humanos y de la Constitución misma.
La lucha, a pesar de todo, no concluye; llevaremos nuestras justas demandas a los tribunales internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde habremos de denunciar que, por desgracia, en México la justicia ha muerto, y el derecho al trabajo, a criterio de la Corte, es equiparable al peor de los delitos.
