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lunes, 4 de febrero de 2013

Resoluciones de la Corte derivan en pérdida de credibilidad


Las tres resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han obedecido más a intereses de orden político provenientes del Poder Ejecutivo que a los contenidos esenciales de carácter jurídico de las normas y leyes que nos rigen.

Conceder el amparo liso y llano a Florence Cassez y ordenar su liberación inmediata, bajo el argumento de que hubo violaciones al debido proceso en relación con sus derechos humanos, mientras, la misma primera sala, al otorgar un amparo para efectos a cinco ciudadanos indígenas (Manuel López Gómez, Celestino Garay Candia, Eloy García Reyes, Nicolás Gómez Santiz y Joel Mancilla Vázquez) bajo el mismo argumento de violación al debido proceso en relación con sus derechos humanos, pero con la salvedad de que estos cinco mexicanos no fueron liberados, producen indignación en la opinión pública, al considerar que hay discriminación y una ausencia de igualdad jurídica en la aplicación de la normatividad.

En el caso del SME (Sindicato Mexicano de Electricistas) la resolución de la segunda sala de la Corte es más aberrante aún, al negar el amparo interpuesto por miles de trabajadores para que la Comisión Federal de Electricidad fuera su patrón sustituto, al desvirtuar y considerar erróneo el acuerdo emanado de un tribunal colegiado de circuito que había dado la razón jurídica al SME, para que se restablecieran los derechos laborales y que en su momento, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se negó a acatar.

Estas decisiones provocan escepticismo en la sociedad, una creciente pérdida de credibilidad en las instituciones y, en consecuencia, la indignación ha crecido en amplios sectores sociales que exigen. Nos sumamos a esas voces, para que se restituyan los derechos legítimos de los trabajadores electricistas y se libere a los cinco indígenas presos.

Profesores y estudiantes de la UNAM: Jesús Pacheco Martínez, Víctor Gamboa González, Rufino Perdomo Gallardo, César Naranjo, Marlene Martínez Hernández y Juana Martínez Viloria

La Jornada - Correo ilustrado