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miércoles, 27 de marzo de 2013

Provoca CFE clima de confrontación, denuncian comunidades de Chiapas


Pretende la paraestatal cobrar consumo de energía eléctrica a quienes “adeudan varios años”.

Hermann Bellinghausen
Publicado: 27/03/2013 20:44

México, DF. Comunidades en resistencia y miembros de Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE), adherentes de la Sexta declaración de la selva Lacandona en los municipios Tila, Sabanilla, Tumbalá y Salto de Agua, denunciaron “el clima de confrontación intracomunitaria que está provocando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona norte de Chiapas”.

Desde enero, relatan, “el personal de CFE encabezado por Bruno Herrera Monzón, agente de cobranza de Yajalón, estuvo visitando toda las comunidades”. Buscan que autoridades ejidales, agentes rurales y representantes de las comunidades en resistencia, “por conducto de las autoridades convoquen a reuniones para informar que a partir de este año empezarán a pagar sus consumos de energía eléctrica”. A quienes adeudan “varios años” se les colocarán medidores, “según que para ofrecer un servicio de calidad”. También “ofrecen un convenio donde el usuario se compromete a pagar sus adeudos durante cinco años”.

CFE notifica que “pretende colocar medidores digitales y nuevos equipos para tener controlados el servicio eléctrico”. PUDEE, que agrupa precisamente a las comunidades que durante años han estado en resistencia contra los abusos de la paraestatal y los sucesivos “programas” gubernamentales para orillarlos a ceder en sus demandas, dice: “nos quieren controlar y robar de manera descarada el servicio”.

Las acciones de CFE “en algunas comunidades causan confrontaciones, porque autoridades ejidales y agentes rurales están aceptando estos engaños; decimos engaños porque no es la primera vez que lo hacen con los programas Luz Amiga, tarifa de Vida Mejor o Luz Solidaria; ahora nos viene a decir que tenemos cinco años para cubrir los adeudos, pero no están diciendo cuánto voy a pagar y cuanto me van a robar”. PUDEE subraya: “Nuestros compañeros no aceptan pagar mientras no se cumplan los acuerdos de San Andrés Larrainzar”.

Al rechazar estas medidas, las comunidades y familias en resistencia son amenazadas con perder el suministro de energía eléctrica. De no firmar el convenio “serán suspendidos beneficios de los programas gubernamentales y los recibos de pago van ser requisitos indispensables para realizar tramites en las instancia de gobierno”.

Ello causa inconformidad entre quienes “quieren pagar, los que son manipulados”, y los que se oponen a pagar los servicios de energía. “Todavía nos salen diciendo: ‘quien no pague impuestos es un irresponsable’, ‘quien no paga luz y agua, no acepta programas ni vota, lo mismo’”.

PUDEE, compuesto mayormente por comunidades choles, cuestiona: “¿No será más irresponsable aquel que paga los impuestos que van a quedarse en las empresas extranjeras, que mantienen este sistema de exclusión y alimentan las barrigas de los zánganos de la alta burocracia? ¿No serán más irresponsables aquellos que van a alimentar con su voto esa farsa que son las elecciones?”. Y sostiene: “En verdad, un ciudadano responsable no vota en esas elecciones, no paga impuestos, luz ni agua. Mientras sigamos pensando en los parámetros del sistema, seguiremos siendo esclavos de una pandilla de multimillonarios. Vivimos esclavos de la falsa información, donde los medios masivos tienen mucho qué ver. La libertad, como los demás derechos humanos, es un asunto social, de personas”.

Por último, PUDEE advierte que “en la Constitución no está prohibido organizarse para defender a este país; tampoco hay que pedir permiso para practicar la autodeterminación de los pueblos, luchar y resistir”.

“¿A poco nos pidieron permisos a los malos gobiernos ser corruptos o para las reformas constitucionales, para que los gobernantes tengan nexos con el narcotráfico? ¿A poco nos pidieron permiso para la firma del Pacto Nacional? Lo único que nos pidieron fue el voto corporativo y ahora que disfrutan del poder no existe esperanza de mejorar las condiciones de vida del campo y la ciudad”.

La Jornada