Cártel de toga y birrete
Martín Esparza
Tras analizar en todas y cada una de sus partes el engrose de la sentencia emitida por la Segunda Sala de la Corte con que revocó el veredicto emitido a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el 13 de septiembre del 2012, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, resulta perturbador inferir el grado de descomposición moral a que han llegado, salvo sus honrosas excepciones, los ministros de la Corte.
Pese a que nuestra Constitución es uno de los ordenamientos jurídicos más íntegros del mundo, los responsables de aplicar y respetar su contenido se han convertido en un confirmado cártel de toga y birrete, y cual implacables sicarios atropellan y despedazan todos los preceptos constitucionales que obstruyen los dictados ordenados desde el poder.
El desaseo jurídico no tiene límites cuando los ministros no sólo manipularon lo contenido en artículos como el 90 constitucional, que establece con precisión la función del presidente de la república como jefe del Ejecutivo en el ámbito de la administración pública federal, tanto centralizada como paraestatal, con el solo fin de justificar la causa de fuerza mayor con que el gobierno de Felipe Calderón trató de enmendar su craso error por justificar el decreto de Extinción de Luz y Fuerza del 11 de octubre del 2009, bajo una supuesta incosteabilidad financiera, hasta hoy nunca demostrada, y negar en la figura de la CFE la sustitución patronal.
La Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 41 que la sustitución patronal surte efecto a partir de la subsistencia de la materia de trabajo. A la vista de todo el país es claro que la prestación del servicio eléctrico se sigue desarrollando con la misma infraestructura de Luz y Fuerza, y quien se encarga de ejecutarla es la CFE.
Por si esto no fuera suficiente, aterra enterarse de que los ministros tuvieron la desfachatez de argumentar que el presidente no puede ser considerado como patrón sustituto en el conflicto del SME, porque: “Los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo”. Según los integrantes de la Segunda Sala, lea con calma: no existe una subordinación jerárquica entre las paraestatales y el presidente; es decir que, llanamente, aun cuando la propia Constitución marca con exactitud la división de poderes, “no implica que las entidades paraestatales formen parte del Poder Ejecutivo Federal, toda vez que dichas entidades no tienen por objeto el despacho de los negocios del orden administrativo relacionado con las atribuciones del Ejecutivo federal”.
En esta absoluta subordinación con que los ministros negaron la justicia al SME, sucede, aunque usted no lo crea, que el presidente no es el patrón ni de los trabajadores de Luz y Fuerza, como tampoco de CFE o Pemex.
Si ese criterio estuviera realmente justificado en el marco constitucional, en la Ley Orgánica de la Administración Pública o en la de Entidades Paraestatales, entonces el responsable de haber dado por terminadas las relaciones laborales y solicitar el decreto de extinción hubiera sido el entonces director de Luz y Fuerza, Jorge Gutiérrez Vera, y no Felipe Calderón.
Cúmulo de latrocinios jurídicos que buscaron deslindar de sus responsabilidades ante la ley, tanto al gobierno de Calderón como al de Enrique Peña Nieto, con el fin de exentarlos de su obligación de respetar los derechos laborales de los trabajadores del SME a través de la sustitución patronal.
