Por reiterados atropellos consumados por gobierno mexicano
Martín Esparza Flores
Con la firme intención de derribar el muro de la intransigencia y las aberraciones jurídicas levantado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han permitido la violación sistemática de las leyes del país, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) llevará en la presente semana su Caravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador hasta las puertas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en Washington, para presentar la demanda respectiva que permita conocer a la opinión pública internacional los excesos perpetrados en perjuicio de los derechos laborales y humanos de los 44 mil trabajadores despedidos tras el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, del 11 de octubre del 2009, así como la serie de triquiñuelas legales empleadas en su contra por el gobierno mexicano.
En la denuncia quedará constancia de la forma autoritaria y violenta —entre otras agresiones— en que se nos despojó de nuestros derechos civiles, jurídicos y laborales por parte de Felipe Calderón Hinojosa y sus sumisos e incondicionales ministros, desde el momento en que se recurrió al uso de las fuerzas armadas y policiales para desalojarnos de nuestros centros de trabajo, hasta la infundada sentencia del 30 de enero pasado en que la SCJN revocó el amparo emitido a favor del SME por el Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Laboral, el 13 de septiembre del 2012, que ordenaba la restitución de nuestros empleos y la obligación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para asumirse como patrón sustituto.
Es el momento de que todo el mundo se entere del grado de ignominia a que han llegado el máximo órgano de impartición de justicia y el gobierno mexicano de negar todo derecho a los trabajadores. En enero pasado, a nivel global, se ponderó el respeto a los tratados internacionales y a los derechos humanos que mostró el país al dejar libre por lo viciado del procedimiento de su detención a la francesa Florence Cassez, pero ésa fue sólo una cara de la parcial, tendenciosa y torcida aplicación e interpretación de las leyes por parte de las autoridades federales y los manipulables integrantes de la SCJN.
Lo que la comunidad internacional desconoce es que en México los derechos laborales y humanos están vetados en la realidad para millones de trabajadores. Como lo manifestamos en abril pasado durante el trayecto que realizó desde la ciudad de México hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, la Caravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador, recogimos infinidad de quejas y denuncias por abusos cometidos contra trabajadores de diversos estados. Por ello, estamos conscientes de que la demanda que presentaremos ante la CIDH refleja en buena medida esos abusos que se están cometiendo en la más ofensiva de las impunidades en un país que se jacta, a nivel mundial, de firmar pactos y tratados como el San José, los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Declaración Internacional sobre Derechos Humanos, entre otros.
Más reprochable si se consideran como una burla las reformas realizadas en junio de 2011 donde se incorporó al artículo primero de la Constitución, la obligación de todos los jueces —incluidos los ministros—, autoridades legislativas y administrativas, a nivel federal, local y municipal, de respetar y proteger los derechos humanos, entre los que están comprendidos los derechos laborales. Toda esta reglamentación internacional sólo se respeta cuando se trata de ciudadanos extranjeros —como sucedió con Florence Cassez—; para los mexicanos sencillamente no existe ni aplica.
La CIDH como parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos constitucionales, instituye el marco para la promoción y protección de los derechos humanos, y provee un recurso a los habitantes de América que han sufrido la violación de estos derechos por parte de sus gobiernos. El juicio que emita sobre las agresiones y aberraciones jurídicas perpetradas en contra de los derechos humanos y laborales del SME permitirá a la opinión pública internacional ubicar en su exacta dimensión los reiterados atropellos consumados por el gobierno mexicano, obligándolo, de cara a la comunidad internacional, a enderezar el rumbo de sus excesos antes de ser calificado como un Estado represor y totalitario donde las leyes no existen. Por eso, con la fuerza de la dignidad y la razón, el SME va a derribar en los foros internacionales el muro de la intransigencia que agobia al país.
